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No tuvo tiempo de acomodarse en su despacho de la Oficina Anticorrupción (OA) cuando un arrepentido disparó una de las principales causas de corrupción de los últimos tiempos: los sobornos en el Senado. “Son las primeras fotos oficiales”, comenta Daniel Morín cuando el fotógrafo de Página/12 lo enfoca. Resulta que su juramento al frente de la OA fue tan rápido que ni siquiera hubo una ceremonia con todas las formalidades de rigor. “Espero que este caso (coimas en el Senado) cambie la historia y que se pueda condenar a algo y alguien en la Argentina”, dice recostado en un sillón de su pequeña oficina. Antes había mostrado orgulloso el cuadro Funcionario corrupto, pintado por Gustavo Bruzzone, actual camarista de la Cámara del Crimen.
Morín se recibió de abogado en 1985. Fue jefe de asesores de la Secretaría de Justicia, también fiscal de instrucción. Fue ternado en el 2001 para ocupar el Juzgado Federal 12 y en el 2002 quedó ternado para el Tribunal Oral. Le tocó enfrentar la emblemática causa de los ñoquis en el Concejo Deliberante porteño y es profesor adjunto de Derecho Penal. Pidió participar de las principales medidas ordenadas por el juez Rodolfo Canicoba Corral en la causa. Así se lo pudo ver participar del itinerario de reconocimiento que los investigadores hicieron con el arrepentido Mario Pontaquarto por la SIDE, el Senado y el domicilio particular del ex senador Emilio Cantarero.
–¿Qué opinión tiene de la declaración de Mario Pontaquarto?
–Me pareció consistente. El primer elemento a tener en cuenta es que es un imputado que no descarga su responsabilidad en otros, sino que asume su propia responsabilidad. Esto tiene un valor procesal importante. No debe olvidarse que se está autoincriminando.
–¿Eso puede ayudarlo en la suerte que le toque enfrentar en el proceso?
–Actualmente no hay ninguna ley que le asegure penas menores. Sería bueno que, a futuro, haya una ley que contemple los casos de arrepentidos. Pero, bueno, en la actualidad no la hay. Esto le da mayor valor a la declaración de Pontaquarto. Esta diciendo “cometí un delito, vengo a responder por lo que hice”. No se olvide que él es partícipe necesario y que tiene la misma pena que el autor del delito. Claro que el tribunal puede, en algún momento posterior del proceso, valorar su colaboración en la causa para determinar su condena. Este sería el segundo elemento a tener presente cuando se opina sobre el testimonio de este arrepentido.
–¿Qué otro punto destaca?
–Pontaquarto no es un personaje menor. Era el secretario parlamentario de la cámara. Tiene el mismo rango que un senador. Es votado por el cuerpo cuando se eligen otras autoridades, como el presidente provisional o los otros secretarios de la cámara. La suya no es la declaración de cualquier personaje que escuchó algo o que no participó de manera directa en los hechos.
–¿Qué cosas no le parecieron creíbles de esa declaración?
–Por supuesto que ahora el juez debe corroborar todo lo que dijo Pontaquarto y sumar otras evidencias que refuercen sus declaraciones y agreguen otras cuestiones para que el proceso avance.
–El juez Norberto Oyarbide no tuvo la misma impresión que usted. Luego de estar un día al frente del expediente dijo que no le cerraban los dichos del arrepentido.
–Las opiniones de Oyarbide desmerecen una declaración que tiene la magnitud de reavivar una investigación que estaba marchando a una vía muerta. Me sorprendió.
–En la opinión de la calle está siempre la idea de que no se va a condenar a nadie.
–En los últimos 20 años, ¿condenó a alguien la Justicia federal? Por eso valoro personalmente esta declaración. La Justicia federal, que tiene como principal competencia la investigación de los delitos de corrupcióncometidos por funcionarios públicos, no consiguió ninguna condena. O en la Argentina no hubo corrupción durante estos años o la Justicia está en deuda...
–¿Por qué ahora sería distinto? Le recuerdo que cuando en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador se arrepintió el ex interventor de la fábrica militar, Luis Sarlenga, hubo un importante avance y varios detenidos. Luego fueron liberados casi todos y hoy el propio Sarlenga es el techo de las responsabilidades.
–Si con esta declaración no conseguimos una condena... ¿qué hace falta en este país para condenar algo o a alguien? Me parece que hemos dado avances importantes y que con pericia y decisión hay que seguir tirando de la soga que conduzca al núcleo central de las responsabilidades.
–¿Dentro de la gran cantidad de causas que tiene la OA, qué importancia tiene la de los sobornos en el Senado?
–Para la Oficina Anticorrupción esta causa es muy importante. Estamos hablando de cinco millones de pesos, poca plata para lo que suele estar comprometido en otros procesos en los que se habla de 300 o 600 millones como si nada. Sin embargo, esta causa tiene un peso institucional enorme. Aquí la magnitud la da la responsabilidad de los partícipes en el hecho. No le tengo que explicar a usted el daño institucional que representa hablar de la compra de leyes. Es tan obvio.
–¿Entre las atribuciones de la OA está la de impulsar el trámite del expediente?
–Desde el punto de vista procesal la Oficina Anticorrupción se ve limitada por normas que impiden que ingresemos a una declaración indagatoria, salvo que la defensa lo autorice. También estamos limitados por el secreto del sumario. A pesar de que no somos un querellante más y que tenemos un rol institucional importantísimo, cuando se ordena el secreto también se me impone a mí. Eso perjudica nuestro rol.
–¿Qué medidas pidió?
–Pedí muchas declaraciones. Algunas ya se concretaron y de otras esperamos respuestas. Tal el caso de Gladys Mota, la secretaria de Fernando de Santibañes. También pedimos el listado de llamadas entrantes y salientes del teléfono de Pontaquarto. A la SIDE le pedimos datos completos sobre todas las secretarias de De Santibañes, el libro de entradas, el listado de personas que pudieron estar de guardia ese 18 de abril de 2000 cuando Pontaquarto dijo que entró a retirar cinco millones de pesos. Pedimos las cintas de filmación de esa puerta de entrada y los comprobantes de salida del dinero.
–¿El contexto político actual ayuda para que ahora la investigación se profundice?
–Sí, claro. El contexto ayuda a profundizar la investigación. Aunque le aclaro que todo indica que los hechos sucedieron. No sé si los responsables son Juan o Pedro, pero todo indica que esto sucedió. Esto es lo grave. A nivel institucional es gravísimo. Tan grave como involucrar a personas inocentes. No tengo dudas, hay que esclarecerlo.