Imagen: AFP & EFE.

A 40 años del golpe del 24 de marzo de 1976 es poco discutible que fue exitoso en su propósito de remodelación quirúrgica de una sociedad que a mediados del siglo pasado llegó a ser la más desarrollada y equitativa de América Latina. Sólo fracasó en su propósito de conducir su propia sucesión, entre otras cosas por el método salvaje de la desaparición de personas, eficaz en lo inmediato pero insostenible a largo plazo y autodestructivo. Allí donde se aplicó produjo los mismos resultados: el retiro de Francia y la independencia de Argelia, la derrota estadounidense en Vietnam, el fin del colonialismo portugués en Africa, el derrumbe de la dictadura argentina. Pero las transformaciones estructurales que produjo condicionaron a los gobiernos elegidos por el voto popular que sucedieron a la dictadura y explican cómo fue posible que por primera vez se impusiera en elecciones libres un partido de la derecha patronal.

Raúl Alfonsín quiso pero no pudo enfrentar esa situación, porque de sumar el replanteo de esas relaciones económico-sociales al enjuiciamiento de las juntas militares, su mandato hubiera terminado mucho antes. Carlos Menem entendió que el final apocalíptico de su predecesor era un mensaje dirigido a él y asumió sin parpadear la agenda que le plantearon los dos sectores principales del poder económico: los grupos económicos locales que habían crecido con la dictadura y los grandes bancos trasnacionales que, con respaldo del gobierno de Estados Unidos, renunciaron a seguir forzando el cobro de los intereses de una deuda que había caído en default y en cambio optaron por reclamar el capital, bajo la forma de las empresas públicas, canjeadas por los títulos de deuda que valían centavos en el mercado, de acuerdo con un plan de enorme astucia diseñado por Henry Kissinger y su consultora. Néstor Kirchner y su esposa CFK avanzaron más que nadie sobre esos intereses, confrontaron con las patronales agropecuarias y el sistema financiero global, replantearon los alineamientos de la política exterior, reestatizaron algunas de esas empresas y desarrollaron una agenda de defensa y expansión de derechos. Pero no consiguieron eludir aquellos condicionamientos estructurales: la extranjerización de la economía, la pérdida del autoabastecimiento energético, la recuperación del empleo industrial y el consumo sobre la base de actividades deficitarias en divisas, como la armaduría electrónica de Tierra del Fuego y la industria automotriz. La reaparición, ahora por medios democráticos de los programas neoliberales y de ajuste son uno de los efectos de aquellas modificaciones estructurales que hizo la dictadura y que siguieron operando en forma subterránea. Esto no equivale a decir que la Alianza Cambiemos sea la “cría del Proceso” con la que soñaban los dictadores, pero induce a reflexionar sobre las corrientes profundas que en el largo plazo van modelando las opciones de una sociedad.

Se le lengua la traba

La simultaneidad del aniversario de aquel golpe con los cien días del nuevo gobierno y con la visita a la Argentina del presidente de los Estados Unidos Barack Obama parece obra de un autor inexperto que recarga el guión con tantos elementos que termina por hacerlo inverosímil, porque esas cosas no ocurren en la realidad. En todo caso ninguno de los dos gobiernos vinculó el viaje de Obama con el aniversario y las explicaciones más reiteradas fueron que la agenda estaba condicionada por el viaje previo a Cuba. Era plausible, pero el análisis retrospectivo permite dudarlo y permite apreciar la perfecta sintonía entre ambos viajes, que reformulan las relaciones de Estados Unidos con la región, que ellos llaman Hemisferio Occidental, y los cubanos Nuestra América. Una de las primeras sorpresas que produjo el Presidente Maurizio Macrì fue el planteo de los Derechos Humanos como uno de los ejes de su gestión. Lo reiteró en el viaje que a poco de asumir realizó a Washington la canciller Susana Malcorra, una personalidad clave del gabinete, cuyo tránsito por esa función ejecutiva podría ser una escala para su eventual designación en pocos meses más como Secretaria General de las Naciones Unidas, con el mismo beneplácito de Estados Unidos que le permitió antes desempeñarse como jefa de gabinete y principal colaboradora de Ban Ki-moon, a cargo de las misiones de paz que tanto interesan a Washington y que estuvieron omnipresentes en los acuerdos firmados durante la visita. Para el think tank Inter American Dialogue el elogio de Obama “a su contraparte argentina por su defensa de los Derechos Humanos en Latinoamérica fue una obvia alusión a las abiertas críticas de Macrì al gobierno de Venezuela”. El costo de esta operación fue el repudio explícito que ambos presidentes debieron pronunciar para los crímenes de la dictadura, pese a que a Macrì todavía se le lengua la traba con el tema y pese a la excelencia de su foniatra todavía no pudo decir “terrorismo de Estado”. La cuidadosa elección de las palabras, que llevó por escrito para no olvidar nada, dice: “Nunca más a la violencia política, nunca más a la violencia institucional”. Merodea así la doctrina de los dos demonios, que según el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, su gobierno no suscribe. En el alambicado circunloquio con el que Macrì elude llamar a las cosas por su nombre, el golpe de 1976 fue “el comienzo de la consolidación del periodo más negro de la historia argentina”. Esto indica que se trata de un terreno desconocido que el gobierno está tanteando con la cautelosa punta del pie. Pero también revela que no hay espacio en el país ni en el mundo para un retroceso franco en la materia y esto lo ganó la sociedad argentina con su lucha contra el olvido y la impunidad, que la descomunal marcha del jueves pudo en bulliciosa evidencia. Lo que el gobierno sí está haciendo es retacear los recursos que en los últimos años permitieron aportar elementos decisivos a los tribunales. La supresión en la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de las direcciones que investigaban la responsabilidad empresarial en los crímenes del terrorismo de Estado, los despidos en la unidad Memoria, Verdad y Justicia del ministerio de Justicia, el desmantelamiento del equipo del Ministerio de Seguridad que trabajaba en la identificación de cadáveres (entre ellos el del adolescente Luciano Arruga, víctima de la violencia institucional de la policía bonaerense durante el gobierno de Daniel Scioli) son indicios concretos. Algo equivalente puede decirse de Estados Unidos. El Nunca Más que Obama pronunció en castellano se circunscribe al pasado, pero nada dice sobre el desempeño reciente de su país en otros lugares del planeta, expuesto con cegadora claridad en un informe del Senado de Estados Unidos. Por eso el memorandum que el CELS le hizo llegar sostiene que para respaldar la lucha por verdad y justicia, aquí y en el resto del mundo, Estados Unidos debe impedir la impunidad de la tortura y de otras masivas violaciones a los derechos humanos, cometidas en el marco de su “guerra global contra el terrorismo” y asumir la responsabilidad en forma transparente por sus acciones pasadas y presentes. La ambivalencia de esta situación, nacional e internacional, exige un afinamiento de los instrumentos de análisis, para diferenciar las buenas de las malas noticias, evaluar con exactitud las características de esta etapa y las maneras más eficaces de manejarse en ella, al menos hasta que la crisis económico-social que se está incubando se manifieste en forma más audible. Aparte de su enorme magnitud, la principal novedad de la marcha convocada por los organismos defensores de los Derechos Humanos fue la bandera que encabezó la columna sindical: CGT-CTA y el simbólico pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. La clase trabajadora fue la principal proveedora de víctimas de los crímenes de la dictadura. Sin embargo debieron pasar muchos años para que el secretario general de la CGT Saúl Ubaldini se acercara a la Plaza de Mayo para acompañar a las Madres en sus denuncias. La bandera que simboliza el cierre de esa grieta decía “Memoria, Verdad y Justicia. Los trabajadores somos la Patria”.