El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confirmó que 10.921 trabajadores del Estado nacional fueron despedidos en los últimos tres meses, en cumplimiento del decreto con que el presidente Mauricio Macri ordenó “revisar” los contratos y concursos realizados entre 2013 y 2015. Las cesantías fueron parte de la “primera etapa” del plan de revisión de 63 mil contratos de la administración pública nacional. En defensa de los cerca de 11 mil despidos, Ibarra insistió en que se trató de ñoquis y sugirió que no fueron tantos: según remarcó, representan el 5 por ciento de los empleados estatales.

El funcionario encargado de “reestructurar” el aparato del Ejecutivo detalló que el 90 por ciento de los despedidos habían sido contratados en los últimos tres años, es decir que correspondían al conjunto de 24 mil contratos que terminaron de ser “revisados” el 31 de marzo. De ellos, agregó, 7311 correspondieron a contratos que vencieron en diciembre (y habían sido prorrogados por tres meses) y 3610 a tercerizados, convenios con universidades y precarizados. Los cinco ministerios con más bajas fueron Interios (1342 cesantes), Desarrollo Social (1175), Cultura (1124), Salud (837) y Energía (792).

Aunque el ministro no lo mencionó, vale recordar que el PRO avanzó con los despidos masivos mientras al mismo tiempo creaba 4 nuevos ministerios, 15 secretarías y 35 subsecretarías adicionales, todos con personal designado con sueldos gerenciales y una nueva planta política asociada al mundo CEO (entre las nuevas designaciones, sin pasar por concurso fue nombrada Carla Piccolomini, esposa de Ibarra, como directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina, con un sueldo bruto de 90 mil pesos mensuales).

En tren de justificar la no renovación de contratos, Ibarra sugirió que los despedidos eran ñoquis, ya que aseguró que el criterio para no renovar los contratos fue “el no trabajo, la no aparición en los lugares de trabajo o la constancia de muy pocas horas en las dependencias”.

También buscó instalar una agenda propositiva. Prometió que entre 2 mil y 3 mil estatales que cuentan con 10 años de antigüedad pasarán este año a planta permanente y adelantó que convocará a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), a una mesa diálogo para reorganizar los procesos de contratación, movilidad y permanencia en la administración pública.

“Once mil despidos es un número brutal”, replicó Hugo Godoy. El titular de ATE anticipó que el sindicato fijará hoy la fecha de un nuevo paro nacional de estatales, que se realizará a mediados de abril, y aseguró que “las medidas de fuerza van a continuar hasta que encontremos una respuesta concreta del Gobierno para reincorporar a los despedidos”.

Por su parte, Daniel Catalano, de ATE Capital, señaló que los estatales porteños “vamos a seguir en la misma situación de conflicto”. El dirigente se dijo seguro de que se puede “dar vuelta una parte de los despidos porque están desarmando áreas estrátegicas, muy sensibles del Estado”. En ese marco, hoy los trabajadores del Ministerio de Trabajo realizarán un nuevo paro y los de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tienen prevista una movilización. El jueves marcharán los de la Superintendencia del Seguro, al tiempo que los del Cenasa iniciarán una huelga de 48 horas.