El próximo viernes se escuchará la sentencia del Tribunal Oral Federal 1 por el jucio del Plan Cóndor que se lleva adelante en Buenos Aires desde hace más de tres años. Se trata de un juicio único por sus características. Es el primero de Latinoamérica que logra llegar a la sentencia de un proceso cuya existencia se conoce hace décadas. Es el primero en la region en trascender las fronteras nacionales, dado que 93 de las 109 víctimas son de otros países que estuvieron bajo la vigencia del Cóndor y tienen dificultades con sus procesos de justicia. Pero es también inédito por la acumulación de prueba documental analizada: miles de documentos, archivos de Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia y documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Chile y Argentina que encontraron en el juicio un escenario real para ser leídos por primera vez todos juntos. La documentación cruzada con los testimonios permitieron probar también por primera vez de modo global no sólo los crímenes sino la “asociación ilícita” de los países del Cono Sur para la represión ilegal durante sus dictaduras, sus antecedentes, el momento de su fundación y su evolución. Los papeles muestran diferentes aspectos de la historia. El rol de medios, como El Mercurio, de Chile, central en la caída de Salvador Allende y el papel de Estados Unidos y la Escuela de las Américas en estos hechos fueron parte de este largo debate.

En 1999, un grupo de abogados impulsó la causa por el Plan Cóndor que logró abrirse camino en la justicia pese a la vigencia de las leyes de impunidad. Estaban ahí Emilio Mignone, Raúl Zaffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú. Como ocurrió con la causa por el robo de niños, se abrieron camino a través de la figura del desparecido pensada como un delito en continuidad. Contaban con un solo documento desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos, un documento de 1978 y ahora muy conocido, escrito por el agente especial Robert Scherrer de la embajada norteamericana en Buenos Aires al FBI. Aquella primera pieza documental fue revisada en este debate junto a la descomunal prueba documental de miles de documentos central en este debate. Entre los que pueden contarse hay 4 millones de fotogramas de archivos en el Archivo del Terror de Paraguay, 44 mil documentos desclasificados de Estados Unidos sobre Chile, 3 mil sobre Argentina sin contar la desclasificación de documentos de las agencias del Estado nacional que trabajaron durante los últimos diez años en el análisis de material de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que fueron desclasificados. Hubo 90 legajos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en análisis, 72 informes del dependencias del estado argentino y, entre otros, 12 informes de organizaciones de derechos humanos como Anmistía Internacional, la Vicaría de la Solidaridad de Santiago de Chile y la Comisión de la Verdad de Río de Janeiro. Pese a que la fiscalía de Pablo Ouviña señala que estos no son todos los documentos y aún reclama el desarchivo completo sobre todo de Paraguay, la confluencia en el debate de estos acervos que hasta ese momento estaban fragmentados en distintos archivos, fue uno de los datos subrayados por cada querellas en sus alegatos. Ouviña habló de una relación de 80 a 20 para destacar el rol que jugaron los papeles entre las pruebas del juicio, dijo que eran como “sangre” congelada adentro de un freezer y los llamó “buracracia del horror”.

La sentencia prevista para el próximo viernes alcanzará a 17 de los 31 acusados que llegaron a juicio oral. Entre quienes quedaron afuera del juicio porque murieron están el dictador Jorge Rafael Videla y Jorge Olivera Rovere, jefe de Subzona Capital. Videla murió de hecho a poco de iniciado el debate que comenzó el 13 de marzo de 2013. Su muerte generó pedidos hasta de nulidad dentro del juicio. En ese momento, la fiscalía dijo sin embargo que el juicio no sólo iba a continuar sino que también los casos por los que Videla había sido imputado continuaban en el debate. Primero por el derecho a la verdad de las víctimas y sus familias. Y luego porque sus hechos permitían probar la asociación ilícita que era una de las figuras penales que estuvieron en juego. Con el correr del debate, querellas y fiscalía reconstruyeron los casos y dieron efectivamente Ouviña por probada la asociación ilícita. Entre quienes esperan la sentencia está Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros, ex responsables de Institutos Militares de Campo de Mayo para quienes la fiscalía pidió 25 años de prisión. También el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, con pedido de 25 años; el ex jefe del área militar 112 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci con pedido de 10 años y el ex comandante de operaciones navales de la Armada, Antonio Vañek con pedido de 16. Otro de los nombres simbólicos en juicio es Manuel Cordero, ex servicio de inteligencia militar uruguayo para quien también pidieron 25 años de prisión y el único militar de otro país alcanzado por el juicio. Hay otros seis imputados uruguayos que no fueron juzgados durante este debate porque cumplen condenas en su país.

“El dato más importante de este juicio es que trascendió las fronteras del país y por eso puede ser pensado en clave de justicia universal”, dice la abogada del CELS Luz Palmás Zaldúa, a cargo de una de las querellas. “Esto es así porque el debate fue un escenario de justicia y de reparación, también de verdad y de reconstrucción histórica, para las víctimas de los países de latinoamérica que tienen avances y retrocesos en sus propios caminos de justicia. Lo cierto es que el proceso de Argentina ha llegado más lejos y se logró reunir en un mismo proceso judicial gran cantidad de hechos de los miembros del Plan Cóndor”.

Se habló sobre el Cóndor en el Juicio a las Juntas, también en la causa Arancibia Clavel, hubo hechos juzgados por Cóndor en Uruguay pero la necesidad de probar ahora la asociación ilícita, mas allá de responsabilidades puntuales, permitió ver el mapa completo. Por eso el CELS señaló que este es el primer juicio de Latinoamérica que logra arribar a una sentencia en un proceso sobre cuya existencia se conoce desde hace décadas. “La prueba del Cóndor como asociación ilícita, como sistema, como plan criminal, es precisamente lo que les exige a ustedes, señores jueces –dijo Palmas Zaldúa en su alegato–, dictar una sentencia a la altura de la magnitud de este proceso. Muchos países, sobre todo los países hermanos de América latina, están esperando este suceso como uno de los más importantes actos de justicia de un tribunal”.

Sobre la magnitud y los efectos de los documentos, las querellas señalan que los detalles que salieron a la luz son tales y tantos que la sola lectura de esas piezas permitirían reconstruir la historia del Cóndor. Están las actas de los primeros años ‘70 sobre acuerdos previos a la coordinación, acuerdos entre países; está el acta de fundación del Cóndor de 1975 y su evolución. El abogado Jaime Nuguer que representa a la primera querella, señaló a este diario que “los documentos y testimonios recabados en este juicio son únicos por su cantidad y su diversidad y porque fueron tratados en un juicio público”. La lectura completa muestra, dijo, “que aquí hubo una brutal operación de coordinación represiva en el marco de las dictaduras militares de los años ‘70 en Latinoamérica. Y ése no es cualquier marco –señaló Nuguer–dado que ya estaba precedido por la difusión de la doctrina de la Seguridad Nacional, impartida especialmente desde la escuela norteamericana del Canal de Panamá. Hubo enseñanzas de la doctrina francesa y estaba el antecedente de Vietnam. Ese cúmulo de pruebas muestran que esta operación estaba dirigida a reprimir a los exiliados, por eso la mayor parte de las víctimas cayeron en Argentina, porque fue el país que tuvo el último golpe de Estado en la sucesión de golpes de la región.”

Entre las expectativas del debate estaba la posibilidad de encontrar pruebas directas sobre la participación de Estados Unidos en la coordinación. El juicio avanzó. Crecieron los aportes documentales y la presencia de peritos como el chileno Carlos Osorio del National Security Archive de Estados Unidos que llegó a analizar en varias jornadas una selección de 900 documentos desclasificados por EE.UU. Sus análisis mostraron distintos modos de intervención de EE.UU, de sus distintas estructuras oficiales que surgen de la lectura no de un sólo papel sino de su contexto. Habló de la simultaneidad de “luz verde” y “luz roja” cuando “el Departamento de Estado” aparecía con “dos voces”. El CELS dijo en su alegato que “la documentación desclasificada muestra que varias agencias del gobierno de EE.UU tuvieron un temprano conocimiento de los alcances de la coordinación represiva y no hicieron demasiados esfuerzos por detenerla hasta que pasó a la tercera fase de acción”. La primera fase, explicó, suponía la creación de una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y otros reales y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan. La segunda consistía en pasar a la acción, identificando y atacando a estos enemigos políticos a nivel regional. Y la tercera comprendió operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países de América y de Europa.

Jaime Nuguer trabajó también sobre esa línea. “Sabemos que los documentos desclasificados son la punta del iceberg, pero aun así son importantes. Los documentos y declaraciones de este juicio refuerzan efectivamente que hubo participación activa de Estados Unidos en la concreción de la Operación Cóndor. Pese a no haber sido un país –entre comillas–‘integrante’ o que podamos llamarlo de esa manera, porque el fenómeno fue propio del Cono Sur, participó, conoció, presionó, instigó para que se hiciera. Y luego facilitó las comunicaciones y las controló”. La fiscalía de Ouviña explicó que entender el rol de Estados Unidos penalmente debe ser parte de otro debate, su alegato habló de la Guerra Fría y la influencia ideológica de Estados Unidos.

La sentencia alcanzará a 17 de los 31 acusados que estaban involucrados inicialmente en la causa.