Entre el revuelo armado por Lilita Carrió en relación a las declaraciones juradas de bienes del juez supremo Ricardo Lorenzetti y el avance del proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, que prevé la publicidad de las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios, la Asociación de Magistrados reaccionó con un comunicado donde pide que sean mantenidas en reserva las de los jueces. Según planteó, sólo deberían ser accesibles ante pedidos que demuestren un “interés real” y “jurídicamente valioso”, evaluados con criterios de algún futuro régimen especial diseñado para el sector, y que creen que deberían manejar ellos mismos. En la actualidad se pueden conocer los bienes de los jueces, con una presentación escrita ante el Consejo de la Magistratura. Los de los miembros de la Corte se piden en la web del alto tribunal, sin grandes chances de éxito.

Las restricciones que reclama la tradicional entidad que nuclea a los jueces se basan, según el comunicado, en razones de “seguridad” para ellos y sus familias, debido a las “características, responsabilidades y exposición personal” que dicen que diferencia su trabajo de otras funciones públicas. “No debe perderse de vista que los magistrados y funcionarios Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos tienen a su cargo de modo permanente la intervención y decisión en controversias que involucran tanto intereses particulares como colectivos, incluso en varias oportunidades también ligados a otros de naturaleza política”, dice el comunicado, que firma el titular de la entidad, Ricardo Recondo.

Es habitual que los jueces intenten mantener o conseguir privilegios cada vez que alguna norma intenta igualarlos con los otros dos poderes del Estado. Por ejemplo, ante los intentos para que paguen impuesto a las ganancias como cualquier hijo de vecino, siempre apareció alguna excusa o problema de implementación. La Corte podrían derogar una acordada que los exime del tributo, pero el argumento es que perderían de golpe más del 30 por ciento del salario (algunos dicen que eso afectaría la intangibilidad) por lo que desearían una aplicación escalonada. Pero para eso nadie llega a un acuerdo sobre el mejor camino. La publicidad de las declaraciones juradas de los jueces arrastra otra discusión histórica emparentada. La reforma judicial de democratización de la Justicia que logró aprobar el kirchnerismo en 2013, incluía una norma que obligaba a los jueces a hacer su presentación de bienes en la Oficina Anticorrupción, un órgano del Poder Ejecutivo. Pero la Corte la declaró inaplicable con el argumento de que se violaba la división de poderes.

A esa cuestión alude el texto difundido por la Asociación de Magistrados, y que publicó el portal institucional de noticias de la Corte (CIJ), cuando dice: “resulta inadmisible contemplar la posibilidad de que so pretexto de publicidad y transparencia se generen mecanismos que permitan que la información patrimonial, principalmente en lo que atañe a su guarda y publicidad, dependa de un órgano o Departamento del Gobierno Federal distinto del que integramos (los jueces)”. Insiste en compatibilizar las “pretensiones y expectativas que desde algunos sectores de la política puedan proyectarse en punto a lo que se estime ideal en materia de publicidad” con el resguardo personal.

La realidad es que hoy está vigente la obligación para los jueces de presentar sus declaraciones de bienes una vez al año en dos formularios: uno para acceso público y otro secreto, a que sólo se accede con orden judicial si los datos son necesarios para alguna investigación. Quien quiera acceder a la información tiene que presentar un pedido justificado, aunque se supone que el acceso es la regla. En la Corte Suprema hay un formulario para pedir las declaraciones juradas de sus integrantes vía la página web institucional, que requiere una pequeña explicación. Allí, sólo figuran como supuestamente accesibles las declaraciones juradas desde 2013, lo que hace difícil entender la evolución patrimonial de los actuales supremos, que llevan más de doce años en el tribunal. Esta cronista, de todos modos, nunca consiguió respuesta a sus consultas destinadas a brindar información periodística.

Las quejas de la Asociación de los jueces se activaron porque se avecina la aprobación de una ley de acceso a la información, ya aprobada en Diputados, mientras Elisa Carrió despotricaba estos días contra Lorenzetti, a quien denunció (y fue sobreseído en apenas tres meses) por supuesto enriquecimiento ilícito, lo que derivó en que le tribunal le entregara las declaraciones juradas de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, los otros dos jueces.