La Sala II de la Cámara Federal permitió ayer que siga corriendo un insólito expediente en el que se acusa a Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman por traición a la Patria. La causa la inició el mismo abogado del PRO que acusó a Axel Kicillof de cobrar 400.000 pesos mensuales en YPF, lo que resultó falso. El letrado Santiago Dupuy de Lome tomó un diálogo telefónico, grabado en forma clandestina, entre el presidente de la AMIA y Timerman sobre el Memorandum con Irán para formalizar una imputación parecida a la que en su momento hizo Alberto Nisman contra CFK y el canciller. Aquel expediente fue archivado por el juez Daniel Rafecas, con confirmación de la Cámara Federal y desestimado el recurso en Casación. La conversación entre Timerman y Guillermo Borger no tenía ninguna novedad, no cambiaba nada de lo dicho por el canciller públicamente. La Cámara no se pronunció sobre la legalidad de la grabación clandestina, que es la única prueba de la denuncia, y dejó que el expediente siga adelante, por ahora en manos del magistrado más enconado con el gobierno anterior, Claudio Bonadio. Además, la Cámara dijo que la denuncia de Nisman podría reabrirse si aparece una prueba nueva, algo que no ocurrió.

Como ya señaló este diario, en toda la historia argentina sólo hubo dos condenas por traición a la patria. Santiago de Liniers fue fusilado por ese cargo antes de la Independencia y a Juan Domingo Perón lo procesó un juez de la llamada Revolución Libertadora, en 1956, cuando era “el tirano prófugo”. A la denuncia de Dupuy de Lome se sumó después el abogado José Magioncalda, quien no sólo acusó por traición a la patria a la ex presidenta y su canciller sino a todos los diputados y senadores que votaron el Memorandum como ley: 131 votos en la Cámara Baja, 39 en la Cámara Alta.

Los abogados de Timerman –Graciana Peñafort y Alejandro Rúa– plantearon básicamente dos objeciones a la causa que empezó a instruir Bonadio:

- En primer lugar, que la denuncia se basó en una grabación clandestina, ya que ni Timerman ni Borger la hicieron. Por lo tanto, se trata de una prueba ilegal.

- En segundo lugar, que se investiga nuevamente el Memorandum, lo que está archivado por Rafecas tras el paso por Cámara y Casación. Además, en su momento opinaron rechazando la denuncia de Nisman los máximos referentes del derecho en la Argentina como Julio Maier, Raúl Eugenio Zaffaroni, León Arslanian y Ricardo Gil Lavedra.

El voto de ayer de la Cámara Federal fue por mayoría. Horacio Cattani y Martín Irurzun argumentaron que el juez tendrá que ver si la prueba es ilegal, el origen del audio y afirman que seguramente hay otras pruebas en el expediente. La realidad es que la Cámara ya impidió en numerosas oportunidades que se utilicen conversaciones o mails obtenidos en forma ilegal y esta vez esquiva el pronunciamiento. Además, está claro que en este expediente la grabación fue lo que puso en marcha la causa. Se puso al aire en Radio Mitre un viernes, provista por Daniel Santoro, periodista de Clarín, y la denuncia se presentó el lunes inmediato.

Respecto de que el tema del Memorandum está archivado, Cattani y Irurzun sostuvieron que cualquier causa archivada puede ser desarchivada si aparece una prueba nueva. En este caso eso no ocurrió. En el diálogo, Timerman afirma que Irán puso la bomba, algo que es igual a lo que siempre dijo porque esa es la hipótesis central del expediente AMIA. Por eso se pedía la captura de siete iraníes.

Lo más llamativo de la postura de Cattani e Irurzun es que dice que las cosas deben ser resueltas “por el magistrado que a la postre intervenga”, dejando la puerta abierta a que instruya Bonadio, pese a que el tema ya fue investigado por Rafecas.

En este punto, justamente, estuvo la discrepancia del tercer camarista, quien votó en contra. Eduardo Farah afirmó que el expediente debe ser remitido a Rafecas, el juez de origen.

El fallo de ayer vuelve a poner en juego una causa política. Un gobierno legítimamente constituido resolvió firmar un tratado con el gobierno de Irán –distinto al de la época del ataque a la AMIA– para que declaren los individuos que la justicia consideró sospechosos del atentado. Fue una iniciativa tomada teniendo en cuenta que la causa estaba paralizada y sin salida. El texto firmado por los dos cancilleres fue sometido al Congreso y aprobado por las dos cámaras. Luego quedó empantanado. Por un lado porque Irán nunca lo aprobó en su congreso, lo que demuestra que no era –como argumentó la oposición– un regalo para los imputados. Por el otro lado, porque la Cámara Federal lo declaró inconstitucional a raíz de que el tratado contemplaba la creación de una Comisión de la Verdad. Más allá de las cláusulas y de que el Memorandum nunca se puso en marcha, se pretende una condena política, por traición a la patria, ahora ya no sólo contra la ex presidenta y el ex canciller sino también contra 170 diputados y senadores que votaron a favor.

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