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Las empresas privadas donde el Estado participa a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses contabilizaron ganancias crecientes, aumentaron sus inversiones en la economía local,incrementaron la distribución de dividendos entre sus accionistas y mejoraron sustancialmente la valorización de mercado del capital en más del 400 por ciento promedio. El muy buen resultado económico de esas 46 compañías desde 2012 revela que el Estado no fue un socio que perjudicó el ritmo de negocios de los privados, sino que lo potenció y les permitió ganar mucho dinero. Pese a este saldo positivo para sus finanzas, los grupos privados de control han estado presionando para capturar esas acciones desde el mismo momento en que el Estado las recuperó de manos de las AFJP (ver nota aparte). El gobierno de Mauricio Macri respondió a ese pedido con el proyecto de ley de blanqueo de capitales, amplia moratoria impositiva, aduanera y previsional y de reforma jubilatoria. Si se aprueba en el Congreso, en uno de los artículos satisface esa demanda del poder económico: habilita la venta de las acciones de empresas privadas del FGS. El esquema financiero para saldar la deuda con jubilados por juicios con sentencias, en curso y a quienes no iniciaron una causa sólo cierra con la liquidación de activos del FGS. Se abre de ese modo un fabuloso negocio por más de 93 mil millones de pesos, monto de la valorización de esos paquetes de acciones a marzo de este año.

El Estado ha actuado como un socio estratégico en cada compañía privada orientando su participación en el directorio con una perspectiva de desarrollo económico. Ya sea por dogmatismo ideológico, por el deseo de ocultar maniobras contables o financieras nocivas para accionistas minoritarios o por resistir la intervención estatal en la orientación de inversiones, los grupos de control de las compañías rechazan la presencia estatal en su capital accionario. La venta de las acciones del FGS tiene como interesados a grandes fondos de inversión extranjeros y a los propios grupos de control. El titular del FGS, Luis María Blaquier (Grupo Ledesma, ex director del Grupo Clarín y ex ejecutivo de Goldman Sachs) estuvo hace menos de un mes en Nueva York reunido con fondos de inversión para convocarlos a comprar esas acciones.

La economista Julia Strada integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) acercó un ilustrativo informe sobre la participación del Estado en las empresas privadas del FGS. Entre 2012 y 2014, las ventas totales de esas firmas aumentaron en 70 por ciento, al subir de 174.943 a 296.867 millones de pesos, mientras que la participación del resultado neto en relación a las ventas casi se duplicó en ese lapso, al pasar del 5 al 9 por ciento. En tanto, la inversión bruta avanzó en 90 por ciento, subiendo de 14.605 a 27.738 millones de pesos. Este aumento de las inversiones fue de la mano de un incremento de los dividendos distribuidos. Este dato refleja que la política de promoción de inversiones alentada por el Estado ha sido consistente con una rentabilidad creciente para los accionistas: las utilidades repartidas subieron de 2127 a 4093 millones de pesos de 2012 a 2014.

El resultado económico positivo que muestra la presencia estatal en esas empresas no implicó que no haya habido tensiones y que los grupos de control quisieran evitar. Los incomoda que directores estatales conozcan movimientos internos de la empresa o que exijan mayor compromiso inversor. Representantes del Estado cuestionaron propuestas de honorarios para directores por encima de los aumentos promedio de salarios o de los valores del mercado; rechazaron planes de Ofertas Públicas de Acciones cuando perjudicaban al accionista minoritario (casos Solvay, Socotherm, Distribuidora de Gas Cuyana); exigieron el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Asamblea del Grupo Clarín; observaron operaciones con sociedades relacionadas alejadas de las condiciones de mercado (Quickfood, Metrovías). El caso Siderar fue emblemático: la inversión para la instalación de un nuevo horno de colada continua se realizó por la insistencia de Axel Kicillof como director de la empresa en representación del Estado. Fue una inversión por 290 millones de dólares para ampliar la capacidad productiva a 2,5 millones de toneladas por año, que implicaron 2,5 millones de horas hombre en el proyecto y sus servicios auxiliares y 260 mil horas de ingeniería dedicadas.

Otras situaciones similares se registraron en Aluar, cuando directores estatales promovieron y acompañaron la capitalización de resultados acumulados por 300 millones de pesos. En La Anónima (cadena de supermercados de la familia Braun, del actual secretario de Comercio), con la capitalización de 450 millones de pesos de resultados para aumentar el capital social a 500 millones. En Ferrosur Roca negociaron la mejora de patrimonio mediante aportes de capital del accionista privado manteniendo la participación accionaria del Estado y evitando un sobreendeudamiento. Así el grupo controlante (Loma Negra) realizó dos aportes de capital por un total de 100 millones de pesos en 2014.

Stock vs. Flujo

Como publicita el gobierno y es replicado por opositores, el proyecto de ley “salda una deuda” con jubilados, sin precisar si esa cancelación es sustentable en términos financieros y previsionales. Tampoco despeja si por esa vía pone en riesgo la solvencia del sistema de reparto. No es un misterio que pagar una deuda y comprometerse luego a un desembolso actualizado con el monto obtenido por liquidación de activos fijos determinará la insolvencia futura. Cualquier que sabe un poco de cuestiones financieras advierte que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (el stock) no debería utilizarse para pagar deudas más haberes reajustados (el flujo) porque esa caja terminará vacía.

El FGS suma 720 mil millones de pesos y las actuales autoridades, conducidas por Blaquier proyectan que alcanzará los 897,7 millones de pesos a fines de diciembre. Para cancelar los juicios previsionales y el reajuste de los haberes está previsto en el proyecto oficial utilizar recursos provenientes del blanqueo de capitales y de activos del FGS.

El rubro del FGS que obsesiona al macrismo es el integrado por los paquetes accionarios de empresas privadas. Este activo totaliza 93.345 millones de pesos a fines de marzo, monto que se ha valorizado desde entonces por el alza de las cotizaciones bursátiles. Son 46 las empresas que conforman la cartera de acciones del FGS, pero sólo diez equivalen al 77,8 por ciento del total. Este lote esta conformado por bancos Macro, Galicia, Francés y Patagonia, Telecom, Siderar, Molinos, Consultatio, Transportadora de Gas del Sur y el Grupo Clarín. El FGS también tiene el 21,5 por ciento de Mirgor, cuyo dueño es Nicolás Caputo, amigo, asesor, ex socio y deudor del presidente Mauricio Macri.

La venta de esos paquetes accionarios sería fácil de liquidar porque existen fondos de inversión extranjeros y los propios grupos de control interesados en comprarlos. Este botín suma más de 70 mil millones de pesos.

Si es por conseguir recursos sin necesidad de vender esos activos, los actuales administradores del FGS han estimado que en el presente ejercicio los ingresos totales estimados por capital e intereses serán 151.000 millones de pesos, y de esa suma 63 mil millones en intereses son de disposición inmediata. No habría necesidad entonces de vender las acciones. Pero el objetivo oficial no es exclusivamente conseguir fondos para saldar la cuenta con un sector de los jubilados, sino desarticular una importante herramienta de intervención del sector público en la economía a través del FGS, ofrecer un fabuloso negocio al mercado financiero y cumplir con la exigencia de grupos económicos que no quieren al Estado como socio.

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