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El rumor es casi público en Comodoro Py. En el edificio de Retiro, entre jueces y fiscales está instalada la versión de que la escudería que responde judicialmente al ex jefe de Operaciones de la SIDE, Horacio “Jaime” Stiuso, busca en forma desesperada el puente que ligue la causa contra Lázaro Báez al único objetivo que les importa: Cristina Fernández de Kirchner. Fuentes de la acusación dicen que se están preparando el siguiente paso, la declaración de la ex esposa de Báez, Norma Calismonte. El rumor es que la mujer, supuestamente separada del empresario hace dos años y ahora divorciada, diría que Báez y CFK mantenían una estrecha relación y que, de alguna manera, el constructor recibía instrucciones de la ex presidenta. A continuación declararía el propio Báez o alguno de los hijos, Leandro o Luciana, que están representados por la tropa más vinculada al radicalismo y a Stiuso. Tras esa maniobra, la cancha quedará libre para que el fiscal Guillermo Marijuan le pida al juez Sebastián Casanello que llame a declaración indagatoria a Cristina.

Jugada

Como se sabe, pese a las excursiones del fiscal con las excavadoras, la causa Báez –según el magistrado– se circunscribe a tres cuestiones:

- Que el constructor sacó dinero de circulación comprando facturas truchas de supuestas empresas fantasmas. Creó costos inexistentes y así evadió impuestos.

- Que esa plata fue sacada del país y acumulada en paraísos fiscales, en principio Suiza y Nevada.

- Que cuando hacía falta cubrir pagos, se traía algo del dinero de afuera, para lo cual se usó el Helvetic Group, supuestamente también de propiedad de Báez.

Fuera de la investigación quedaron, al menos hasta el momento, los supuestos sobreprecios en la obra pública. Cuando a principios de mayo se presentaron los legisladores del Frente para la Victoria pidiendo que se investigue a Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y titular de otra constructora IECSA, por ser socio de Báez y en ese caso también beneficiario de sobreprecios, el fiscal Marijuan dictaminó que no correspondía porque en ese expediente no se investiga la obra pública. De esa forma le dió la razón a Casanello respecto de que los dos temas que son objeto procesal de la causa: el uso de facturas truchas para evadir impuestos y el lavado de dinero.

Por supuesto, para la escudería judicial Stiuso, tan cercana al macrismo y a los deseos de la derecha republicana de Estados Unidos, semejante derrotero del expediente es inaceptable. Le falta el ingrediente imprescindible para ellos: la imputación de la ex presidenta. Por eso pusieron el grito en el cielo y buscan enderezar las cosas por dos caminos. Por un lado, tratan de sacar de la cancha a Casanello (ver aparte) y por el otro estarían preparando la entrada en escena de la ex esposa de Báez y alguno de sus hijos.

Quiebre

El arrepentimiento de Báez ya fue pronosticado muchas veces y hasta el momento no se produjo. Es más, en el escrito presentado esta semana, el empresario aparece representado por los mismos dos abogados, Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, con los que decían se había peleado a los gritos en la cárcel. La realidad es que sus abogados siguen en funciones y lo acompañarán mañana a Comodoro Py. Pero en el horizonte surge una nueva defensora, Elizabeth Gasaro, del estudio de Héctor Yrimia, un hombre vinculado a Stiuso y a Estados Unidos.

Por ahora, lo más significativo es que en el escrito de Báez de la semana pasada, el constructor no se desmarcó ni un milímetro de todo lo que viene diciendo desde el primer día. Hubo titulares catástrofe señalando que el constructor acusó a CFK y que pidió que la investiguen. Lo cierto es que en las 39 páginas del texto no mencionó a la ex mandataria y, por el contrario, hizo una reivindicación tácita de lo hecho por la anterior administración.

En 38 de las 39 páginas, Báez respondió a las acusaciones de Casanello y dijo dos cosas:

- Que nunca compró facturas truchas. Que las empresas supuestamente fantasmas señaladas por Casanello no son fantasmas y que realizaron obras para Austral Construcciones, en especial en el ripiado de rutas. Báez analiza las facturas de Constructora Patagónica, Ferrapani S.A., Calvento, Penta y Cía y el caso Juan Suris, con el que afirma no tener ningún vínculo. Respecto de las empresas asegura que todos fueron contratos y obras reales. Por lo tanto, las facturas no son truchas.

- Lo segundo que señaló Báez en su escrito es que todas las obras que hizo para el Estado fueron adjudicadas por licitación, que en esas licitaciones hubo controles de numerosos organismos y, sobre todo, control de las otras empresas que competían. Reiteró que ocupó el puesto 39 entre los adjudicatarios de obra pública a nivel nacional. En todo el tramo, hay una reivindicación de lo actuado por el anterior gobierno al afirmar que hubo transparencia.

Báez señaló en un último párrafo que todo parece una venganza –”tiene fines vindicativos”– respecto de las políticas de Estado y los controles de los últimos gobiernos. Si ese es el objetivo –señala Báez– no deberían apuntarle a él sino a los máximos cargos del Ejecutivo, a los ministros y a los diputados y senadores de todas las bancadas.

De manera que Báez no se apartó de lo que viene diciendo desde el inicio e insiste en que no compró facturas truchas ni hubo sobreprecios en las obras públicas que le adjudicaron.

Alternativas

En los últimos días, lo que afirman los acusadores es que ya está lista la operación para que entre en juego la ex esposa de Báez. La mano del team judicial Stiuso aparece por todos lados, en particular con la aparición en la familia Báez de la abogada Gasaro del estudio Yrimia. El periodista de este diario Horacio Verbitsky ya hizo una extensa descripción de las andanzas de Yrimia, su vinculación con la DEA, los SWAT, el FBI, la policía de Miami y la embajada de Estados Unidos. Justito el mismo perfil de Stiuso.

Según dicen en los tribunales federales, a Norma Calismonte y a los dos hijos que curiosamente se reunieron esta semana con el fiscal Marijuan les sugirieron dos posibles alivios al cuadro actual:

- Alivianar la situación de detención de Lázaro. No falta quien habla de incluso una excarcelación, pero otros mencionan que le darían alguna ventaja del tipo de una prisión domiciliaria o una variante semejante.

- Preservar, como mínimo, la mitad de los bienes de la familia. Sería curioso, porque si trajinaron la Patagonia buscando propiedades que oficialmente están a nombre de Báez y su familia, y consideran que son malhabidos, prometer que le preservarán una parte equivale casi a un soborno.

Se menciona que un elemento de importancia sería que Calismonti concretó un divorcio exprés de Báez. Sucede que las normas procesales no permiten que una esposa declare contra un marido. Es más, se dice que ella sólo hablará de cosas que vió y escuchó después de la supuesta separación de hace dos años.

Hasta ahora, la versión es que la ex esposa sostendría que Báez recibía instrucciones de CFK, dando a entender que la ex mandataria sería la verdadera dueña de los bienes del empresario. A primera vista, no sería suficiente, a menos que se presente documentación concreta –un contradocumento, por ejemplo– que pruebe la propiedad sobre los bienes de Báez y particularmente de Austral Construcciones. Y eso parece más que difícil. Es sabido que los Kirchner comparten desde hace muchos años la propiedad de algún terreno y algunos locales comerciales con Báez. Las propiedades están oficialmente inscriptas así. También es público el contrato que en su momento tuvo Hotesur, la empresa propietaria del hotel Alto Calafate de los Kirchner con Valle Mitre, la compañía de turismo de Báez. Eso también fue oficial, con pagos hechos con cheques y declarados en la AFIP. Pero hoy en día el ojo está puesto en Austral Construcciones, que es la empresa de Báez que concretó las obras públicas. En ese aspecto hasta el dudoso testimonio de Leonardo Fariña favoreció a Cristina: el comisionista dijo que hubo un supuesto acuerdo entre Báez y Néstor Kirchner, pero que la ex presidenta no estaba al tanto.

Etapa

Todo indica que la declaración de Calismonti no sería suficiente por lo que se habla de una segunda etapa de la operación: la presencia ante el juez del propio Báez o de alguno de sus hijos. La versión que hoy circula es que será el constructor el que declare con Casanello y afirmaría que es cierto lo que dijo su ex esposa. Nuevamente se plantea la cuestión de la prueba, pero en la escudería Stiuso seguro que confían que con dos declaraciones ya sería suficiente. Para cualquier eventualidad, el team que cuenta con las simpatías del macrismo, tiene en boxes a alguno de los hijos del empresario. El objetivo es que CFK quede involucrada en el expediente y que se la llame a declaración indagatoria por los dos delitos que figuran en la causa: evasión impositiva y lavado de dinero.

El manejo de algunas causas en Comodoro Py –la de dólar futuro, traición a la patria y Los Sauces–, parecen ser evidencia de que la justicia federal, en especial algunos fiscales, jueces y camaristas, apuntan contra la ex presidenta, de manera que habría una fuerte presión para la indagatoria y el procesamiento. Es obvio que el inédito show mediático de la detención de Báez y las excusiones con excavadoras de Marijuan al sur no tienen como objetivo al constructor. El equipo de ex agentes apuntalado por Washington, la estructura judicial que fuera del radicalismo y el impulso del gobierno actual tiene la mirada política puesta en evitar cualquier regreso de la ex mandataria.

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