Los trabajadores de Tiempo Argentino repudiaron las declaraciones del presidente Mauricio Macri desde Berlín sobre el ataque de veinte encapuchados que en la madrugada del domingo ingresaron al edificio donde funcionan el diario y Radio América, golpearon a las personas que lo custodiaban y destruyeron la redacción ante la pasividad de la Policía Federal. “Está mal cualquier tipo de usurpación”, dijo Macri ante la consulta de un periodista. “Rechazamos las expresiones del Presidente al diario La Nación en las que nos califica como ‘usurpadores’, nos estigmatiza en nuestro rol de trabajadores y nos iguala con una patota que recuerda el accionar de los grupos de tareas de la última dictadura militar”, explicaron en un comunicado los integrantes de la cooperativa Por Más Tiempo. Además, le informaron al Presidente que son custodios del edificio por una resolución del Ministerio de Trabajo, que ningún funcionario de las áreas de Seguridad y Justicia del gobierno nacional se comunicó para conocer lo ocurrido y le pidieron una audiencia para desasnarlo.

Mientras la denuncia de la Procuraduría de Violencia Institucional contra los policías que no actuaron cuando se cometían los delitos quedó radicada en el juzgado a cargo de Omar Peralta, en la causa por usurpación y daños a cargo de la cuestionada fiscal Verónica Andrade, no se presentó ninguno de los catorce miembros de la patota identificados (al menos otros seis huyeron por los techos con el visto bueno de la policía) y la fiscal pidió que “se los traslade por la fuerza”. A siete que dieron domicilios en Capital los convocó para el martes. A cinco que informaron domicilios en Gran Buenos Aires y al jefe de la patota, Juan Carlos Blander, dueño de la empresa de seguridad Control Star Service, que dio un domicilio de Formosa, los citó para el lejano 11 de agosto. Incluyó en el listado a otro imputado del que no aportó un solo dato.

Las chances de encontrarlos son bajas porque las direcciones que dieron podrían ser falsas. “El procedimiento exige constatar domicilios y ficharlos, pero la policía hizo una especie de constatación rápida por sistema informático con los DNI que dieron, ya que muchos dijeron no tenerlo encima”, explicó la abogada María del Carmen Verdú, de Correpi. En el acta que firmaron imputados, víctimas y denunciantes, el subcomisario Carlos Aparicio hizo constar que la fiscal Andrade ordenó chequear los domicilios por teléfono y que en un caso fue imposible por la negativa del imputado a dar su número, a pesar de lo cual fue liberado.

El lunes se realizará la audiencia para dirimir la competencia de la causa en el juzgado a cargo de María Julia Correa. Verdú argumenta que los delitos exceden a la Justicia porteña ya que no sólo hubo usurpación y daño. “El daño es calificado por la destrucción de las redes informáticas y todas las conexiones de la redacción. Hubo lesiones calificadas al trabajador con discapacidad al que reventaron a golpes y arrastraron por la escalera. Hubo amenazas no sólo con los tres trabajadores a los que sacaron del edificio sino también de Mariano Martínez Rojas cuando advirtió ‘les voy a cortar las piernas a todos’. Y también se cometieron los delitos de interrupción de comunicaciones y del funcionamiento normal de un medio de comunicación. El epicentro de los delitos fue la red interna de la redacción y la comunicación exterior, por eso lo primero que rompieron fue el servidor del diario y se robaron el disco rígido, arrancaron setenta zócalos de conexión de red, y en la radio intentaron desmantelar y llevarse el control central que permite transmitir. Es evidente que como tomaron control de la planta transmisora querían llevarlo para transmitir desde otro lado e impedir que la radio emita por Internet”, explicó. “Este ataque es la segunda etapa de lo que comenzó con el ataque a la planta transmisora, por lo que vamos a pedir la conexidad con esa causa federal”, adelantó Verdú.