El juez federal Julián Ercolini le pidió al Banco Santa Cruz que le informe si Cristina Kirchner y su familia tienen cajas de seguridad en la entidad. Lo hizo con una orden de allanamiento y fajado que se aplicaría sólo si encontraban algo o surgía alguna anomalía. Pero el banco informó que la ex mandataria no tiene caja allí, así que no hubo nada que fajar, aunque desde distintos medios de comunicación –incluida la agencia oficial Télam– se informó que se habían encontrado una decena de cajas pertenecientes a la familia Kirchner. También ayer, pero en la causa en la que está procesada por la venta del dólar futuro, el juez Claudio Bonadio congeló las cuentas bancarias de la ex presidenta.

La paralización del dinero se suma a la medida dispuesta por el propio Bonadio el miércoles, quien a raíz de que CFK dijera que no satisfaría el monto del embargo que le había impuesto, resolvió dictarle la inhibición general de los bienes. Ahora, el magistrado congeló las cuentas bancarias de la ex mandataria y de otros ex funcionarios, entre ellos el ex ministro de Economía y diputado nacional Axel Kicillof y del ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli. La medida significa en los hechos la virtual inmovilización de los activos financieros de la ex jefa de Estado y del resto de los procesados en ese expediente, que está apelado en todos sus términos y a estudio de la Cámara Federal.

El 13 de mayo pasado Bonadio procesó a CFK en la causa por la venta de dólar futuro. La ex presidenta lo recusó y luego hizo lo mismo con los jueces de la Sala II de la Cámara Federal que lo respaldaron. Ahora, los jueces de la Sala I son los que deben definir la situación.

En la causa Hotesur, en tanto, el Banco Santa Cruz sólo informó sobre cuentas. A través de un comunicado, la entidad indicó que “como es su práctica habitual, viene respondiendo en tiempo y forma a todos los requerimientos vinculados con causas judiciales” y aclaró que “que ningún integrante de la familia Kirchner posee cajas de seguridad”.

El allanamiento al Banco Santa Cruz fue dispuesto por Ercolini el mismo día que CFK se presentó en Comodoro Py para denunciar a la diputada Margarita Stolbizer, quien a su vez la había denunciado por el supuesto ocultamiento de dólares en cajas de seguridad bancarias. Sin embargo, el juez ordenó estas medidas, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, como parte de la investigación que venía llevando adelante sobre la sociedad familiar Hotesur.

Pollicita también solicitó una pericia sobre los libros de la empresa que habían sido aportados por Romina Mercado, la sobrina de la jefa de Estado y presidenta de la sociedad. Lo que reclamó fue cotejar las firmas del ex presidente Néstor Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia que aparecen en esos libros con la de registros oficiales porque Stolbizer denunció que los documentos de la sociedad habían sido adulterados con tachaduras y enmiendas.

Ercolini le pidió también al Banco Central que le informe sobre todas las cuentas, cajas de seguridad y plazos fijos que tenga Cristina en distintas entidades.

El martes, Stolbizer denunció supuestos “extraños movimientos” en las cuentas bancarias de la familia Kirchner y planteó que la ex presidenta Cristina Fernández pudo haber guardado unos cinco millones de dólares en cajas de seguridad. CFK explicó que tiene 4.664.000 dólares en una caja de seguridad, que surgen de cambiar 65.995.650 pesos, lo que hizo, dijo, al comienzo del actual gobierno ante la “incertidumbre” que le generaban las medidas de la nueva gestión. La ex presidenta afirmó que, más allá de la mala lectura de los datos (argumentó que Stolbizer sumó dos veces el mismo dinero y la llamó “burra”), la información para realizar la denuncia que hizo la diputada sólo podía provenir de documentación secuestrada por Bonadio en el marco de la causa Los Sauces. Por lo tanto, acusó al juez y a la diputada de connivencia y “tráfico de la información”.

Pollicita giró a la Cámara Federal la denuncia de CFK contra Stolbizer y el sorteo recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, quien deberá girar la denuncia al fiscal Patricio Evers para que defina si se abre o no una investigación.