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Su presupuesto se duplicó. De los 1585 millones de pesos que tenía para gastar cuando comenzó el gobierno, pasó a disponer de 2567 millones. A eso sumará, en los próximos meses, el manejo del Plan Jefas y Jefes de Hogar, el mayor programa de contención social del país, con fondos por otros 3600. Visita cada semana tres barrios pobres del Gran Buenos Aires y dos ciudades del interior: el lunes estuvo en el Hogar San José, ubicado en el municipio de San Martín, el miércoles recorrió una exposición de emprendimientos productivos de desocupados de Hurlingham. El viernes entregó máquinas de coser a vecinas de Avellaneda, Quilmes, La Matanza y otros municipios bonaerenses. Al frente de un superministerio y con una agenda armada para pisar fuerte en el Gran Buenos Aires, Alicia Kirchner está encaminada a ocupar un rol central en la construcción política del kirchnerismo.
La transferencia a sus manos del Plan Jefas y Jefes de Hogar, que hasta ahora estaba en la cartera de Trabajo, le significará además pasar a timonear la relación del Gobierno con los piqueteros y los intendentes del conurbano. Que, duhadistas en su mayoría, no la miran con los mejores ojos. ¿Cuál es la estrategia de la ministra de Desarrollo Social para el año en que va a reunir el grueso de los programas y a contar con mil millones extra?
Alicia Kirchner ya anticipó su intención de “ordenar” el Plan Jefas y Jefes de Hogar. En su área dicen que “ordenar” no significará que vayan a reempadronar a los beneficiarios, porque ello supondría “un conflicto social de proporciones”. La ministra ha criticado en cambio el desempeño de los consejos consultivos, los organismos que en cada municipio debían definir el tipo de contraprestación que se haría por los planes.
Creados de manera masiva junto con el nacimiento del plan, los consejos nacieron integrados por el intendente de cada localidad, concejales de los partidos políticos con representación, delegados de las organizaciones piqueteras que reciben mayor cantidad de planes (la FTV de Luis D’Elía y la CCC de Juan Carlos Alderete), empresarios y comerciantes locales, y la Iglesia. Se presentaron en sociedad como un espacio donde se decidiría democráticamente qué proyectos era mejor impulsar para el desarrollo de cada lugar. La verdad fue que no cambiaron la lógica clientelar del sistema.
La situación se agravó cuando el Plan Jefas y Jefes perdió su carácter universal. Inicialmente, podían acceder a un subsidio todos los desocupados que fueran cabeza de familia y tuvieran chicos en edad escolar: el plan estaba pensado como un derecho de inclusión. En mayo del año pasado, sin embargo, la inscripción a los planes se cerró y nunca fue reabierta, con lo que el programa volvió a alimentar las condiciones para el clientelismo: hay una oferta limitada de recursos a repartir entre un conjunto mayor (a veces creciente y a siempre cambiante) de necesitados.
Una de las ideas para este año es reabrir la inscripción de organizaciones sociales y ONG en los consejos consultivos, para que funcionen según el proyecto inicial.
¿Se va a reabrir además la inscripción en el Jefes de Hogar a los desocupados que no tienen cobertura? El secretario de Políticas Sociales, Daniel Arroyo, dijo a Página/12 que no. ¿Es un problema de presupuesto? No exactamente. “En el país se necesitan 3200 millones de pesos por año para sacar de la indigencia a la población que está sin ingresos. El presupuesto en planes de empleo es hoy de cuatro mil millones de pesos, 3600 de ellos correspondientes al Jefas y Jefes de Hogar”, señaló Arroyo. El criterio de fondo expresado por el secretario es que extender el subsidio “desincentivaría la cultura del trabajo”. El Gobierno estáinteresado, por el contrario, en que el desocupado dé una contraprestación que tenga sentido. Para esto han diseñado tres opciones:
u Los beneficiarios que están solos y con varios hijos a cargo podrán realizar actividades que no los alejen de la atención de los chicos. Se piensa, para dar un ejemplo, en cursos de capacitación para las madres.
u Un porcentaje de las contraprestaciones se seguirá dando en trabajo social, es decir para sostener los comedores populares, los centros de salud y otras tareas afines.
u Una tercera opción buscará el reingreso de los beneficiarios al mundo laboral, con emprendimientos productivos o través de contratos de empleo en el sector privado con pequeñas empresas.
A esta última línea de trabajo van a dedicarle especial apoyo, con la idea de que un porcentaje de los emprendimientos genere trabajo real.
De los siete mil proyectos productivos que financió el Estado en el 2003, un 15 por ciento son del rubro textil y un cincuenta por ciento producen alimentos. Frente a la gravedad de la crisis económica, los desocupados que iniciaron emprendimientos eligieron mayoritariamente asegurarse la comida, haciendo huertas, granjas y panaderías. Para el 2004, el Gobierno quiere pasar de 7 mil a 35 mil emprendimientos, reconvirtiendo así una parte de los Jefes de Hogar.
Los técnicos están convencidos de que los proyectos tienen chances de prosperar si son traccionados por la economía formal, es decir si pueden vender su producción más allá del círculo de vecinos del barrio. Para facilitarlo, las cooperativas podrán inscribirse como monotributistas sin pagar por dos años, con lo que podrán emitir facturas. “Los comedores escolares podrían comprar alimentos a las huertas y granjas, pero hoy no lo pueden hacer porque al no haber facturas no pueden justificar el gasto”, ejemplifican.
También van a distribuir en los próximos seis meses 100 millones de pesos en herramientas e insumos. El programa tiene previsto llegar a unas 70 mil personas agrupadas en 10 mil emprendimientos. La entrega de herramientas se realizará con carácter de donación. Inyectado ese volumen de fondos en unos pocos meses, el ministerio de Alicia K. apuesta a mantener un escenario sin grandes desbordes sociales y a ir suplantando el mapa de la protesta social por un espacio al que se sume, sobre todo, la gran masa de desocupados que no se acercó a las organizaciones piqueteras y sigue siendo la base de sustentación del peronismo.