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Sobre el lomo de la pila de papeles acordonados decía: “Juan José Galeano, juez federal”. Era una denuncia en su contra. Estuvo dando vueltas durante meses por la mesa de madera ovalada y gigante del Consejo de la Magistratura, bajo la mirada esquiva de sus integrantes. Nadie decía nada. Cerca de fin de año uno de los consejeros, el abogado Beinusz Szmukler, decidió dar el paso y ordenó las primeras medidas de prueba. Entre febrero y marzo, el juez que tuvo la causa AMIA por nueve años sería citado por primera vez para dar explicaciones por irregularidades y posibles delitos durante la investigación del atentado terrorista. Quedaría encaminado en un proceso de juicio político.
La noticia sobre el futuro de Galeano (ver aparte) dice tres cosas:
u Que en la Justicia federal, que tramita las causas contra funcionarios públicos y las de derechos humanos, podría quedar un nuevo juzgado vacío. Hoy ya son cuatro de doce los que están vacantes, con lo cual el fuero trabaja casi a la mitad de su capacidad.
u Que el Consejo de la Magistratura se toma sus regios tiempos y pocas veces logra consensos para impulsar investigaciones, y menos si se trata de magistrados federales. Ese órgano judicial tiene 20 miembros, repartidos entre diputados, senadores, jueces, abogados y académicos. Cada uno defiende lo suyo.
u Y algo inquietante: que el proceso de recambio de la Justicia federal, donde todos los jueces que quedan (excepto Sergio Torres que llegó por concurso hace dos años) fueron designados por Carlos Menem, durará una eternidad. No sólo por el tiempo que pueda demorar la selección de candidatos sino porque buena parte de los postulantes son fiscales y secretarios que vienen del propio fuero federal, donde de algún modo se criaron y fueron designados también en los noventa. La diferencia es que ahora, para ascender, tienen que rendir examen y pasar por la lupa de la sociedad. Aunque pueda haber “ayuditas” políticas dispersas, los nombramientos ya no son a dedo.
No hay indicios, entonces, de que un shock depurativo como el que comenzó a transformar a la Corte Suprema alcance con similar celeridad y mecanismos a los tribunales que concentran las pesquisas de corrupción, narcotráfico, terrorismo y crímenes cometidos durante la dictadura. Hace algunos meses, el Gobierno estudiaba una reforma para diluir el poder los jueces federales. El plan era fusionar sus juzgados con los del fuero penal económico y los de instrucción. Pero la idea no convenció al presidente Néstor Kirchner y por ahora, alegan en el gabinete, no hay más grandes proyectos madurando. “Era sólo una idea política, no servía para racionalizar el Poder Judicial, lo que no está descartado es que haya una integración con penal económico”, detalló un funcionario.
Los in y los out
El único juez que corre peligro más o menos inmediato de ir a juicio político es Galeano –un viejo protegido del ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy– aunque periódicamente aparece en el oficialismo la idea de acusar a Claudio Bonadío, quien fue secretario Legal y Técnico de Carlos Corach, y a Norberto Oyarbide. Este último ya tuvo un juicio político, por un escándalo de protección policial de prostíbulos del que lo sacó el menemismo, que logró su absolución en el Senado. Ahora tiene, entre acusaciones recientes, una por haber subestimado públicamente la confesión de Mario Pontaquarto sobre los sobornos y otra por inmiscuirse en la tarea de los diputados de la Comisión de Juicio Político en el juicio a los cortesanos de la mayoría automática. A Bonadío se lo investiga, entre las últimas cuestiones, por una denuncia de la Cámara Federal por supuesta privación ilegal de la libertad de los ex jefes montoneros Mario Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja. Los nuevos aires no llegarán a los tribunales federales únicamente por quienes, obligados o por iniciativa propia, dejen la toga de ahora en más, sino por quienes asuman en los cuatro juzgados que están acéfalos. El mismo Consejo de la Magistratura que se encarga de los juicios políticos es el que realiza el tramo principal del proceso de selección.
El concurso para los cuatro cargos federales está a mitad de camino aunque se proyecta quiénes podrían triunfar: lleva la delantera con 168,50 puntos el fiscal federal Eduardo Freiler, nombrado en 1993, que interviene –por ejemplo– en la causa de las coimas en el Senado y en la que se investiga los crímenes cometidos durante la dictadura en la zona del I Cuerpo de Ejército. Le sigue, sólo 50 centésimos abajo, José Barbaccia, fiscal desde el mismo año, quien actuó en la causa AMIA e investigó el enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray. Sigue Luis Salas, un defensor oficial. Cuarto está Daniel Rafecas, de la unidad de investigación de delitos fiscales, quinto figura Ariel Lijo, secretario de la Sala I de la Cámara Federal donde trabajó con la fallecida Luisa Riva Aramayo y sexto aparece otro fiscal federal, Guillermo Montenegro.
Todos ellos, que irán a su primera entrevista pública ante un subcomisión de selección el 12 de febrero, tienen altas chances de conseguir un puesto, por haber varios disponibles. Además, Freiler también va puntero en las pruebas (que están algo más atrasadas) para reemplazar a Riva Aramayo en la Cámara y los rumores señalan que finalmente él terminaría ocupando ese cargo. Un dato que generó revuelo entre algunos evaluadores es la supuesta amistad del fiscal con Darío Richarte, el ex número dos de la SIDE durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Con la nómina que hay en danza los tribunales federales se reciclarían sobre parte de su elenco vigente. En la Magistratura, más de un consejero lamenta que así sea, pero a la vez les parece inevitable: son pocos los abogados sin antecedentes en la Justicia que concursan y es lógico que, en cambio, lo hagan los que tienen experiencia en el fuero porque incluso eso suma puntos.
Entre los aspirantes a camarista federal hay mezcla de perfiles. Está bien posicionado Domingo Montanaro, un personaje controvertido, secretario de juzgado, que se pronunció a favor de la pena de muerte y que insiste en presentarse a casi todos los concursos. Sacaron buen puntaje Daniel Obligado, juez provincial, y Daniel Morin, jefe de la Oficina Anticorrupción. Más abajo aparece el juez federal Jorge Ballestero –el de la causa de la mafia del oro– aunque no le fue muy bien en el examen.
El rey Canicoba
Mientras tanto, con cuatro despachos desiertos, un magistrado casi ausente (Galeano) desde que la Cámara lo corrió de la única causa que instruía (AMIA) y, ahora, con la feria judicial, el juez Rodolfo Canicoba Corral se convirtió en la estrella de los tribunales de Retiro, con los expedientes más trascendentes a su cargo. Tiene el de los sobornos, lo que queda de AMIA (conexión internacional), el que llevó presa a María Julia, y el de las desapariciones en el área del I Cuerpo de Ejército, entre otras.
Como les pasa a otros magistrados, muchos de los temas que atiende Canicoba ni siquiera corresponden a su juzgado. Jorge Urso, por caso, heredó tras la renuncia de Adolfo Bagnasco (¿se acuerdan del mediático Bagnasco?) la pesquisa sobre el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura y la del Plan Cóndor. María Servini de Cubría, con la excusa de tener competencia electoral y casos grandes como la masacre del 20 de diciembre, es la que menos acumula. Hasta rechazó intervenir en las dos megacausas reabiertas a raíz de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que le valió un reto de la Cámara. Más allá de que se pueda entrever un futuro mapa de la Justicia federal, es imposible saber cuándo quedará integrada. En el Consejo de la Magistratura se sabe que el procedimiento hasta pulir una terna de elegidos para cada puesto puede durar entre diez meses y un año. Luego el Ministerio de Justicia se encarga de publicarla, recibir por quince días avales y objeciones. Tiene quince días más para elevarla al Presidente, pero éste no tiene plazos para hacer su elección ni tampoco lo tiene para aprobarla la Cámara alta, el último resquicio de este engranaje donde podría haber algún margen para las negociaciones políticas.