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Los instructores del Ejército no sólo aplicaron torturas a oficiales y suboficiales voluntarios, sino también a soldados conscriptos, hasta bien entrado el primer gobierno civil posterior a la dictadura militar. Esto refuta la pretensión de que el objetivo de ese entrenamiento era fortalecer la resistencia de quienes se anotaban en el curso de comandos. Por el contrario, la motivación explícita en el entrenamiento era obtener información acerca de las posiciones del bando enemigo. Las víctimas eran adolescentes reclutados en forma obligatoria y ni siquiera se les informaba de lo que les ocurriría. La captura y los tormentos ocurrían de noche y por sorpresa. El último caso conocido hasta ahora se produjo el 11 de abril de 1986, en la Compañía de Ingenieros de Montaña 6. A raíz de la denuncia de la familia de un soldado al que se aplicó corriente eléctrica intervino la justicia militar, según la cual no se cometió ningún delito. A raíz de la difusión pública del caso se hizo cargo de las actuaciones la justicia federal. La competencia entre una y otra fue dirimida por la Corte Suprema de Justicia. El oficial responsable fue dado de baja varios años después. El abogado Carlos Segovia, de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén, solicitará mañana a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que pida el desarchivo de las actuaciones. Mañana también el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, presentará la denuncia penal por la ejercitación de comandos en Córdoba. No se trata de una práctica del pasado ni sólo del Ejército. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires se sigue torturando a los presos. Durante el gobierno de Carlos Rückauf el Servicio Penitenciario Bonaerense compró una partida de picanas de 12 voltios, que se siguen usando hasta hoy, pese a que fueron prohibidas por las actuales autoridades.
Teléfono
El ejercicio nocturno se realizó en Traful, asiento del vivac de la Agrupación de Educación e Instrucción “San Martín de los Andes”.
Participaron 50 soldados conscriptos y 10 suboficiales bajo las órdenes del subteniente Dino Ricardo Codermatz, un santafesino de la promoción 114 del Ejército. Sus compañeros son hoy los coroneles más antiguos. Subteniente es el grado más bajo de la jerarquía del Ejército. Codermatz tenía en ese momento 25 años. Había ingresado al Colegio Militar en 1980, en las postrimerías de la dictadura militar y egresó como subteniente en 1983, la primera promoción postdictatorial. El ejercicio consistía en un simulacro de combate nocturno a lo largo de una serie de obstáculos en una pista construida al efecto. En el último puesto los soldados eran hechos prisioneros y se los interrogaba para hacerles confesar la consignas que habían recibido al comienzo. El interrogatorio incluía la aplicación de corriente eléctrica, que se obtenía de las baterías de un teléfono de campaña. Su voltaje es bajo, pero suficiente para provocar intenso dolor y lesiones. El soldado prisionero era tenido por otros conscriptos y suboficiales, mientras se le aplicaban los cables conectados con las baterías del teléfono, y otro participante en el ejercicio daba vueltas a la manivela del aparato para generar la energía. En 1978, el periodista de The New York Times A. J. Langguth narró en su libro Hidden terrors que el método del teléfono de campaña se enseñaba en las escuelas de instrucción de los Estados Unidos para oficiales latinoamericanos.
Un soldado comentó con sus padres lo sucedido y el 30 de abril de 1986 el diario Río Negro publicó la historia. El Río Negro, cuyo propietario es Julio Rajneri, a quien Raúl Alfonsín designó luego ministro de Educación, fue el único diario importante del interior que durante la dictadura militar cuestionó las prácticas del terrorismo de Estado. El Comandante del Cuerpo IV de Ejército, general Enrique Benjamín Bonifacino, defendió esos métodos de instrucción pero dispuso instruir un sumario, con el limitado objetivo de establecer si el oficial a cargo y los suboficiales habían cometido un “presunto abuso de autoridad”, contemplado en el artículo 702 del Código de Justicia Militar (“aquel que se exceda arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones perjudicando a un inferior, o que lo maltrate prevalido de su autoridad (S) siempre que del hecho no resulte un delito más grave”). El titular del juzgado de instrucción militar 94, con asiento en Bariloche, interrogó al subteniente Codermatz, quien declaró que el pase de corriente eléctrica con el teléfono era parte de la maniobra militar y que había sido autorizado por sus superiores. Tal como ahora hizo el general Roberto Bendini, el subteniente Codermatz explicó entonces que la finalidad era la de templar y forjar el carácter de los soldados. Agregó que suboficiales y otros soldados mantenían inmóvil al que cumplía el rol de prisionero y que también era un conscripto quien daba vuelta a la manivela. La electricidad se aplicaba “con un magneto en la nuca, sienes, frente”. De su propia descripción surge con la mayor claridad que el propósito era doble y respondía a la convicción profunda de que todo prisionero debe ser torturado. Codermatz añadió en su defensa que esto formaba parte de sus obligaciones como oficial instructor y que incluso participaba un suboficial enfermero, el cabo Acosta, quien debía verificar que los soldados no padecieran otra consecuencia que el dolor.
En su libro Comandos en Acción, el profesr Isidoro Ruiz Moreno narra que durante una sesión de torturas un oficial aspirante a comando sufrió un paro cardíaco. Al día siguiente, una vez repuesto, el instructor Aldo Rico dispuso que ese hombre continuara la bárbara instrucción. El tribunal militar de Bariloche llamó a declarar también a los suboficiales Alberto Rodríguez y Abel Escobar y a los soldados conscriptos. Codermatz, quien dictaba la materia “Instrucción Nocturna”, ordenó la construcción de una pista con diversos obstáculos. En el último de ellos los soldados eran tomados prisioneros y “presionados a fin de conseguir que revelaran los datos” que interesaba conocer. El propio Codermatz declaró “que proveyó al personal que debía secundarlo de un teléfono de campaña” y que quienes aplicaban las descargas a los soldados eran los cabos primeros Rodríguez y Escobar. A su juicio el procedimiento era “inofensivo”. También dijo que no había advertido a los soldados “lo que ocurriría en el último obstáculo”, con el propósito de “crear una real situación de incertidumbre propia de los combates nocturnos”. Recién al finalizar el ejercicio, dijo, les explicó que lo sucedido “no buscaba hacer ningún daño físico ni moral a los soldados sino únicamente forjar el carácter de los mismos y aproximarlos en una ínfima medida a lo que puede ser la realidad del combate”. La descarga se producía cuando los dos cables que salían del teléfono se aplicaban sobre el cuerpo del conscripto. El “juez” militar concluyó que no había existido el abuso de autoridad y, sin considerar siquiera el delito de tortura o de apremios ilegales, mandó continuar el proceso pero los dejó en libertad. Codermatz fue relevado como instructor y se le aplicó una sanción de quince días de arresto, no por lo que hizo sino debido a la trascendencia pública que el hecho tuvo, perjudicial para la autodenominada “imagen del Ejército”.
Torturas y vejámenes
Cuando la noticia se publicó en el Río Negro, el fiscal federal Manuel de Reyes Balboa se presentó ante el juez federal Rodolfo Rivarola, en los primeros días de mayo de 1986, y le solicitó que investigara la posible comisión de los delitos de torturas y vejámenes de los que habrían sido objeto varios de los soldados que cumplían el servicio militar obligatorio. Invocó los artículos 144 y 144 bis del Código Penal de entonces y la necesidad de “preservar” el “prestigio del Ejército”. Rivarola había frustrado en 1984 la primera ley de obediencia debida que envió al Congreso el presidente Alfonsín dentro de la reforma del Código de Justicia Militar, que se convirtió en la ley 23.049. A pedido del bloque del Movimiento Popular Neuquino Rivarola redactó la enmienda al proyecto de Alfonsín que excluyó los “hechos atroces y aberrantes” de la obediencia debida a una orden. También las que permitieron a la Cámara Federal avocarse a los juicios por violaciones a los derechos humanos ante la demora injustificada del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y a los familiares de las víctimas a actuar como querellantes.
El 9 de junio de 1986 Rivarola sostuvo que los cometidos por Codermatz eran delitos del Código Penal, que a partir de la reforma en la que participó no podían ser juzgados por tribunales militares, que sólo intervienen para defender “la disciplina, el orden o el prestigio de las Fuerzas Armadas”. En tiempos de paz la jurisdicción militar se reduce al mínimo y “si tenemos frente a nosotros el conocimiento de un delito común, inevitablemente se debe dar intervención a los tribunales judiciales, porque estamos en tiempos de paz, por más que la misma conducta pueda, paralelamente, quedar también atrapada por alguna disposición del derecho penal militar”. La jurisdicción militar se reduce desde 1984 a “los delitos y faltas esencialmente militares”. En consecuencia reclamó que el juez castrense se inhibiera de seguir actuando y que remitiera la instrucción a su juzgado. El instructor militar respondió en forma dilatoria que no había reunido elementos suficientes para considerar que se hubiera cometido un abuso de autoridad, pero que debía seguir investigando. En 1987, la Corte Suprema de Justicia decidió que el caso correspondía a la justicia federal. Mientras Rivarola instruía la causa, Codermatz fue trasladado en Comisión al Comando de la Brigada VI de Infantería de Montaña de Neuquén, cuyo jefe era el general Faustino Svencionis (En 1976, Svencionis comandó el Regimiento de Infantería Mecanizada 3, de La Tablada, del que dependía el campo de concentración “El Vesubio”.) Luego Codermatz pasó a disponibilidad, en el Batallón de Ingenieros 181, de Neuquén. En 1988 se fue de baja, con el grado de teniente. La baja fue publicada en el boletín de Ejército el 31 marzo de 1989. La Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén no sabe cómo concluyó la causa, si Codermatz y los suboficiales fueron absueltos o condenados. Esa es una de las razones para pedir su desarchivo.
La promesa de la supresión del Servicio Militar Obligatorio atrajo un número significativo de sufragios en su favor en las elecciones presidenciales de 1983. Pero una vez en el gobierno, Alfonsín tuvo otras prioridades. La conscripción fue reemplazada por el voluntariado recién en 1994, cuando Carlos Menem buscaba su reelección, a raíz del escándalo público por el asesinato en otra unidad neuquina del soldado Omar Carrasco. La UCR declaró que con la revelación de los ejercicios para comandos en Córdoba se pretende dar una imagen falsa de lo que fue el gobierno de Alfonsín. En 1987, luego de la rebelión de Semana Santa, encabezada por el instructor de comandos Aldo Rico, el entonces general de brigada Martín Antonio Balza asumió la jefatura de la Brigada de Neuquén en reemplazo de Svencionis. La unidad en la que estaba en disponibilidad Codermatz no dependía de la Brigada sino del comando del Cuerpo IV, a cargo de Bonifacino. Desde octubre del año pasado, Bonifacino preside el club “Centro de Oficiales de los Fuerzas Armadas”. En su discurso de asunción dijo que “debemos buscar los medios para que nuestra juventud y los desmemoriados comprendan lo que pasó. Lamentablemente esta guerra no terminó”. No debería molestarle entonces el recuerdo de este episodio ocurrido bajo su responsabilidad. El vicepresidente es el vicealmirante Miguel Angel Troitiño, quien el año pasado fue arrestado por objetar la derogación del decreto presidencial que impedía las extradiciones. Otro arresto le impusieron en 1996 cuando dijo que el proceso iniciado en 1983 era un castigo a las Fuerzas Armadas. Militó en la Fuerza Republicana del ex dictador Domingo Bussi y luego intentó crear su propio partido, Nueva Organización Republicana (NOR). Troitiño era miembro honorario del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército, junto con el defensor público de la tortura, Vicente Massot. El actual ministro de Defensa José Pampuro ordenó una revisión minuciosa de las nóminas de integrantes de todos los organismos dependientes de las tres Fuerzas Armadas.