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Los gobiernos de Argentina y Uruguay se intercambian desde hace días declaraciones cruzadas sobre sus políticas de derechos humanos. El incidente se inició porque el presidente Néstor Kirchner hizo suyo un pedido del poeta Juan Gelman: recuperar los restos de su nuera ejecutada en Montevideo en el marco de la Operación Cóndor. Un reclamo que, como dijo Gelman desde México, obedece al “derecho tal vez más elemental de cada ser humano, que viene del fondo de los siglos”, el derecho a una tumba. El poeta explicó a Página/12 cómo el presidente uruguayo Jorge Batlle utilizó políticamente la búsqueda de su nieta y lo acusó de “omisión” por no denunciar al asesino de su nuera María Claudia García Irureta Goyena. También le respondió al ministro de Defensa oriental, quien señaló que no había indicios suficientes para asegurar que la mujer estuviera sepultada en el Batallón de Infantería 13. “La prueba está enterrada en el batallón”, afirmó.
–¿Qué opinión le merece el comunicado del gobierno uruguayo? (ver página 2)
–No voy a incurrir en calificaciones, aunque a algunos amigos uruguayos en México y en el exterior les parece una tomadura de pelo y hasta una guarangada. En lo que respecta a las presuntas gestiones realizadas por el Uruguay para encontrar los restos de los uruguayos desaparecidos en Argentina hay un lenguaje indirecto conducente donde no se registran varios hechos. Por ejemplo, uno que puntualizó la Cámara Federal de Buenos Aires: que desde el año 1995 se ha encarado sistemática y pacientemente junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense la llamada Búsqueda de la Verdad, que consiste en la indagación sobre el destino final de las personas desaparecidas. Aún antes, en 1984 se publicó el Nunca Más con testimonios de sobrevivientes que denunciaron la presencia de represores uruguayos en los centros clandestinos Orletti, Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes. De manera que cuando el presidente uruguayo dice que no tiene información alguna sobre ninguna de las personas que desaparecieron en Argentina ni cómo, ni cuándo ni de qué manera, está diciendo algo que no se condice con los hechos. Parece que el doctor Batlle o quien hizo este comunicado tampoco tiene en cuenta lo que dice el informe final de la (uruguaya) Comisión para la Paz. Batlle por decreto decidió que ese informe se convierta en la posición oficial del gobierno uruguayo respecto de los desaparecidos. Ese informe dice que “una vez recopilada la información de carácter nacional, la comisión se dedicó a recabar información homóloga de la República Argentina en cuya jurisdicción territorial se registra el mayor número de desapariciones forzadas de ciudadanos uruguayos. A tales efectos se ha contado con cooperación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación argentina en cuyo ámbito obran los archivos de la Conadep, con el invalorable auxilio del Equipo Argentino de Antropología Forense, que le permitió concretar diversos hallazgos en el vecino país, y el respaldo de la Cámara de Apelaciones que dictó las rectificaciones de partidas y autorizó la exhumación y repatriación de restos en aquellos casos en que eso resultó posible”.
–Pareciera que Batlle no leyó ese informe.
–Parece que no. Pero eso sigue, “la Comisión ha contado también con la valiosa contribución de Abuelas de Plaza de Mayo y de la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones”. El señor (Carlos) Ramela, que se ha ocupado tanto de insultar al presidente argentino, olvida que en el año 2001 él estaba agradecidísimo por las contribuciones argentinas.
–El comunicado señala que Batlle hizo una “investigación propia” que permitió ubicar a su nieta. ¿Cuál fue el verdadero rol del presidente uruguayo en esa búsqueda?
–Esa investigación la iniciamos mi mujer, Mara La Madrid, que no es la madre de mis hijos, y yo en el año 1998, cuando tuvimos la llamada pistauruguaya. Sin saber dónde estaba mi nieta, ni si era nieta o nieto, inicié una polémica pública con (el entonces presidente uruguayo Julio María) Sanguinetti. Hubo una campaña internacional que permitió lo que esperábamos. No que Sanguinetti investigara y nos dijera, sino que alguien de la sociedad civil uruguaya, leyendo eso, conectara algo que a lo mejor vio y no tuvo explicación con esta búsqueda nuestra. Esto ocurrió. A fines de noviembre (de 1999) nos llamó una vecina de la gente que se quedó con mi nieta y la anotó como propia para darnos elementos que confirmaban nuestra investigación. A fines de noviembre teníamos la certeza en 99 por ciento de quién era la hija de María Claudia. En el ínterin, el director del diario La República puso a nuestra disposición un equipo para hacer una investigación paralela que llegó a la misma conclusión a principios de enero del año 2000. Cuando nosotros tuvimos esa casi certeza, porque faltaba el ADN, pedimos a un intermediario que se comunicara con la señora –porque el señor había muerto– que había criado a mi nieta para decirle cómo eran las cosas. Esta señora tuvo un gesto: quince días después le dijo a mi nieta que no era hija de ellos y que muy probablemente fuera mi nieta. Ella tuvo una actitud muy valiente, se comunicó con el intermediario, a través de él nos comunicamos y quedamos en conocernos a fines de marzo en Montevideo, a donde fuimos con Mara con el pretexto de un homenaje literario que se me hacía.
–Pero en Uruguay lo estaba esperando Batlle.
–Cuando llegamos al aeropuerto estaban mi abogado de entonces, Gonzalo Fernández, y Eduardo Galeano para decirme que Batlle quería que fuéramos inmediatamente a la residencia presidencial. Yo me negué porque antes quería hablar con mi nieta, a quien ni siquiera conocía. Nos reunimos en la casa de Galeano y Ramela llamaba cada media hora de parte de Batlle diciendo, por ejemplo: “Bueno Gelman, ¿lo va a ver al Presidente o no?”. A la mañana siguiente nos reunimos por primera vez con mi nieta, nos conocimos, le dije que Batlle quería hacer público ese hecho y le pregunté si estaba de acuerdo. Me dijo que sí y entonces le contesté al presidente que ese mismo día nos reuníamos. Fue una reunión interesante, porque cuando me dijo que estaba dispuesto a ayudarme en todo lo que yo quisiera, le dije que lo único que quería era encontrar los restos de mi nuera.
–¿Qué dijo él en ese momento?
–Pegó un respingo. Dijo ¿cómo hacerlo? Y Mara le dijo, “pregunte a los militares uruguayos”. El le dijo “¿pero usted qué quiere, que los cuelgue de los pulgares para sacarles información?”.
–¿Hubo una utilización política de Batlle de la búsqueda de su nieta?
–El nos dijo que a principios de marzo –esto era el 30, 31– un amigo le contó que nosotros habíamos encontrado a mi nieta y que entonces ordenó una investigación al jefe de la Casa Militar que corroboró lo que nosotros habíamos descubierto. El temía que yo lo hiciera público, cosa que no era nuestro propósito. Fuimos a Montevideo lo más clandestinamente posible porque imaginábamos el trauma que a una muchacha de 23 años le puede producir esta historia, este cambio de identidad, de filiación, de familia. Creo que Batlle tenía miedo del papelón que pasó Sanguinetti diciendo que en Uruguay nunca había nacido un niño en cautiverio y nunca había desaparecido un niño. El inauguraba su período. Sí, creo que él hizo una utilización política de todo esto. De todos modos de esa utilización yo rescato dos cosas positivas: la primera es el reconocimiento oficial de que había traslados de Argentina a Uruguay y viceversa; y la otra, la implícita, de que el Plan Cóndor funcionó y que había militares y policías uruguayos que participaron en la represión en Argentina, cosa que el gobierno uruguayo siempre había negado. Pero quiero señalar que el Gobierno recabó la información tres meses después de que nosotros supiéramos y porque hubo un uso político.
–¿También hubo una investigación paralela sobre el lugar donde estaría enterrada María Claudia?
–El primer dato lo dio el diario La República. El segundo lo dio el propio Batlle. El senador Rafael Michelini declaró que en una reunión que mantuvo con Batlle en junio del año 2000, hace más de tres años y medio, Batlle le dio el nombre del asesino de mi nuera: el capitán de la policía militarizada de Uruguay Ricardo Medina. Esto trascendió a la prensa y ni Batlle ni Medina lo desmintieron. Otro dato lo recibí de mi abogado, quien era una especie de intermediario con Batlle. En una comunicación de Fernández conmigo del 5 de junio del año 2000 él me reitera que Batlle dice que Ricardo Medina se encargó de ejecutar a María Claudia, que “tiene una ubicación muy precisa de los restos” (el Batallón 13 de Infantería de Montevideo) y que Batlle va a pedir que se rescaten los restos y se los entreguen en un ataúd para los estudios del caso.
–¿Por qué retrocedió?
–Seguramente no por una situación de golpe de Estado en Uruguay. Eso ha quedado realmente muy atrás. ¿Se trataría de compromisos políticos o de otro tipo contraídos anteriormente que le impiden hablar? Porque aquí hay algo grave: si un magistrado está enterado del asesinato de alguien y sabe quién lo asesinó, tiene que denunciarlo de oficio ante la Justicia. Mucho más alguien que como Batlle es el primer magistrado de la Nación. No lo hizo. Incurrió en un delito de omisión. ¿El cambio se habría producido por presiones de su propio partido, por ejemplo de Sanguinetti, que es el más perjudicado en esta historia?
–¿Es una pregunta o una afirmación?
–Es una pregunta que me hago. Pero yo afirmo: Sanguinetti es el más perjudicado con esta historia. Porque el señor que se quedó con mi nieta era de su entorno, fue nombrado jefe policial por él cuando asumió la presidencia, era un amigo. Además, la posición oficial del gobierno uruguayo es que no hubo ejecuciones. La Comisión para la Paz dice que los desaparecidos “fallecieron” en la mesa de torturas. El caso de mi nuera prueba fehacientemente que sí hubo ejecuciones. Porque sabemos que se le robó la beba a principios de enero (de 1977), se la dejó a quienes después fungieron como padres y a ella se la ejecutó en Uruguay.
–El gobierno uruguayo dice en su comunicado que es su “voluntad proseguir las investigaciones de los casos pendientes”. Eso es contradictorio con la actitud de Batlle. También dice que no se pueden confirmar plenamente las circunstancias de la muerte de María Claudia cuando es el presidente quien lo tiene confirmado.
–Yo puedo mencionar una lista de las cosas que no hizo Batlle. ¿Ordenó al teniente coronel Nino Gavazzo, jefe de las tropas uruguayas en Orletti, que contara lo que sabía sobre el traslado de María Claudia a Montevideo? No. ¿Ordenó al capitán (José Ricardo) Arab y al coronel (Manuel) Cordero, a quienes les entregaron a mi nuera para su traslado a Montevideo, que contaran lo que sabían? No. Batlle es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene medios coercitivos para conseguir esa confesión o relato, medios que no contó la Comisión para la Paz, a la que mintieron en gran escala los represores entrevistados.
–Además la Justicia argentina pidió la citación de esos militares...
–A eso voy. ¿Batlle ordenó al coronel (Juan Antonio) Rodríguez Buratti y nuevamente al capitán Arab que en el mes de diciembre de 1976 sacaron del centro clandestino de detención en Montevideo a mi nuera con su beba en una canastita que contaran lo que sabían? No. ¿Ordenó al coronel (Jorge) Silveira y al capitán de policía Medina, que dejaron la canasta con la beba en el umbral del alto funcionario de policía, que contaran lo que sabían? No. ¿Batlle ordenó al capitán de policía Medina, el asesino de mi nuera según él mismo le dijo a Michelini, que contara lo que sabía? No lo hizo. ¿Denunció de oficio a Medina ante la Justicia? No. ¿Ordenó que se excavara la zona del batallón de Infantería 13? No. ¿Permitió la extradición de los militares uruguayos que dos veces pidió la Justicia argentina? No. ¿Permitió que en la denuncia penal que hice en Montevideo declararan los militares uruguayos mencionados? No. Cerró el caso aduciendo que este aberrante delito común estaba protegido por la Ley de Caducidad. Se trata de María Claudia, argentina, que nada tuvo que ver con la política uruguaya. Eso lo dijo sin leer el expediente pocos días después de prometerle a Kirchner que llevaría las cosas hasta el final. Finalmente no investigó en el seno de sus propias Fuerzas Armadas no sólo el caso de María Claudia sino el de los 80 uruguayos desaparecidos que mencionó –aunque son 152–, dado que esos militares y policías uruguayos tuvieron una activa participación en el secuestro, tortura y desaparición de esos exiliados en nuestro país. Yamandú Fau, un ex izquierdista hoy ministro de Defensa de Batlle empeñado en garantizar la impunidad, dijo que no hay pruebas que determinen la validez, la seriedad o la procedencia del planteo de que María Claudia pueda estar enterrada en la dependencia del Batallón 13. Quiero decir que hay suficiente información calificada que indica que ahí fue sepultada, si después la movieron, seguramente habrá huellas. Pero la prueba está enterrada en el Batallón 13 de Montevideo, ahí es donde la tiene que buscar Fau.
–¿Qué significa el caso de María Claudia para Uruguay? ¿Batlle tiene miedo de que luego se reabran otras investigaciones?
–Creo que en ese sentido respondió el senador Michelini cuando dijo que en el Batallón 13 no sólo fue sepultada mi nuera sino también otros uruguayos ejecutados y desaparecidos. Según los organismos de derechos humanos uruguayos hay varios cementerios clandestinos en distintos cuarteles. De manera que ése puede ser un temor. Porque además, como me dijo un amigo uruguayo, “tirando de un hilo se deshace la trama”.
–¿Podría anularse la Ley de Caducidad?
–Aparentemente no hay voluntad política en ningún sector. Pero aunque esta ley descarta la posibilidad de castigo, no cierra la posibilidad de información. Según Batlle, no hay posibilidad de castigo, pero el derecho a la información sigue en pie y yo voy a apelar esa decisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
–Si llegara a recuperar el cuerpo de María Claudia, ¿cómo se imagina el día después?, ¿que les va a pasar a ustedes?
–Puedo decir lo que me va a pasar a mí. Yo tuve la experiencia con los restos de mi hijo. La desaparición –esa palabra corta que encubre cuatro conceptos: secuestro, tortura, asesinato y desaparición del cadáver– es una segunda muerte. El hecho de haber encontrado los restos de mi hijo y de haberlos podido enterrar cerca de donde descansan mis padres me trajo un cierto alivio. El dolor no desapareció pero se mitigó, puedo vivir mejor con él porque sé que hay un lugar donde está su memoria. Es, además, la reinstalación de alguien no sólo en su propia historia sino en la historia de la civilización, en la historia de nuestra cultura. Es imposible que alguien desaparezca. El derecho a una tumba es el derecho tal vez más elemental de cada ser humano que viene del fondo de los siglos. La crueldad de mantener a los familiares a oscuras –y que eso alimente a veces ciertas esperanzas– me parece una continuación terrible de la represión misma.