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El gobierno de Uruguay difundió finalmente el comunicado con el que respondió a la querella presentada por el gobierno argentino para que militares y policías uruguayos sean citados a declarar por la Justicia en la causa por la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman. En el escrito, el gobierno de Jorge Batlle no aportó datos sobre el destino de los restos de María Claudia García Irureta Goyena y aclaró que cualquier investigación futura será en el marco “del respeto al orden jurídico interno”, lo que se interpretó como la ratificación de la vigencia de la Ley de Caducidad para este caso. El comunicado generó el inmediato rechazo de Gelman (ver aparte) y de los organismos de derechos humanos. En tanto, el gobierno argentino se llamó a silencio y prometió una respuesta una vez que haya estudiado el escrito.
El sábado, la Cancillería uruguaya había prometido una respuesta “clara y oportuna” a la ofensiva argentina por el caso Irureta Goyena. Pero el comunicado que difundió ayer el canciller Didier Opertti no fue ni lo uno ni lo otro. En el extenso escrito se hace un largo racconto de lo realizado por el gobierno uruguayo en el campo de los derechos humanos, destacando en primer término las leyes de Amnistía y de Caducidad, dictadas en 1985 y 1986, que cerraron las investigaciones por los crímenes cometidos por la dictadura.
Sobre el caso de la nuera de Gelman se ocupa a partir del cuarto punto. “Durante el mes de marzo de 2000, se realiza a nivel de Presidencia una investigación propia que permite ubicar a la nieta del poeta Juan Gelman. Sobre los últimos días de marzo se cotejan los resultados de esta investigación con otra independiente que llevaba adelante el señor Gelman y que había llegado a las mismas conclusiones”, sostiene el escrito. Sobre los reales alcances de la investigación oficial y de la propia se refiere Gelman en la entrevista que se publica aparte.
El gobierno de Batlle da cuenta del trabajo de la Comisión para la Paz que funcionó entre agosto del 2000 y abril del 2003 para recopilar información sobre las desapariciones de la dictadura. Allí se detalla:
“Con relación a denuncias sobre ciudadanos argentinos desaparecidos en el Uruguay pudo dar como confirmadas 5 denuncias referidas a personas detenidas en nuestro país y como confirmada parcialmente una denuncia referida a una ciudadana argentina que fue detenida en la Argentina y trasladada a nuestro país donde estuvo detenida en un centro clandestino de detención y dio a luz a una niña que le fue quitada y entregada a una familia uruguaya. Con relación a esta última denuncia, que refiere a María Claudia García Irureta de Gelman, la comisión señaló que no se pudo confirmar plenamente las circunstancias de su muerte”.
El comunicado se contradice con las expresiones del senador Rafael Michelini, quien asegura haber escuchado de boca del propio Batlle toda la información del caso.
Hay también un párrafo dedicado a las desapariciones de uruguayos en la Argentina cuyo número había provocado un entredicho entre Batlle y el gobierno argentino. Batlle había declarado que era un error ocuparse por un solo caso y no hacerlo por los 80 desaparecidos uruguayos en la Argentina. La Cancillería argentina aclaró que de acuerdo con los registros oficiales el número era de 128, mientras que los organismos de derechos humanos hablaban de 152 desaparecidos uruguayos. El presidente Kirchner consideró lo de Batlle un “exabrupto” y dijo que esos casos se investigaron como todos los demás.
“Se pudo dar como confirmadas y/o aclaradas 58 denuncias; como descartadas 51 denuncias y como confirmadas parcialmente otras 75 denuncias más. A éstas se le sumaron después de la presentación otras 3 denuncias, constituyendo ese total de 78 denuncias el núcleo de la actividad de la Secretaría de Seguimiento”, intenta aclarar el comunicado. El canciller Opertti subrayó que las relaciones con Argentina constituyen “una cuestión de Estado” por lo que la intención del informe fue la de “no profundizar la brecha”. Por eso no hay respuestas a las acusaciones lanzadas por funcionarios argentinos.
Desde la Casa Rosada los deseos parecían dirigidos en la misma dirección. Se consideraba que el gobierno argentino había conseguido instalar su posición con fuerza y que insistir podría generar una reacción del pueblo uruguayo que terminara beneficiando a Batlle.