El juez federal Ariel Lijo le pidió ayer a la Inspección General de Justicia (IGJ) el legajo de la fundación Suma, de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y solicitó a la AFIP y a la Oficina Anticorrupción las dos últimas declaraciones juradas de la funcionaria, imputada desde el viernes –por decisión del fiscal Guillermo Marijuán– por el origen de los fondos que fueron robados de su casa el 22 de noviembre pasado, el mismo día que Cambiemos se imponía en segunda vuelta. Ambas medidas de prueba habían sido solicitadas por el abogado que inició la denuncia sobre el supuesto origen ilícito de esos fondos y más tarde por los diputados del FpV Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, quienes ampliaron la denuncia original basados en las explicaciones que esbozó la propia vicepresidenta, que no hicieron más que complicar su situación.

Con la solicitud del legajo de Suma en la IGJ, Lijo apunta en dos sentidos. Por un lado, pidió los “antecedentes registrales” de Suma, para saber si la fundación que preside la vicepresidenta cumple con las normas mínimas que se le exige a las ONG en materia de prevención de lavado. Además, exigió que se le informe si la misma fue “beneficiaria de donaciones efectuadas por terceros contribuyentes en el 2015”, es decir, si existe documentación que respalde la veracidad de lo explicado –en los medios– por Michetti, quien dijo que, del total del monto que le fue sustraído, 200 mil pesos formaban parte de donaciones para la fiesta de fin de año de Suma, que se celebró un mes después del robo.

En el caso de las declaraciones juradas, se intenta establecer si el origen del resto de la plata robada –45 mil pesos y 50 mil dólares– coincide con lo expuesto hasta ahora por Michetti.

La vicepresidenta dijo que los 45 mil pesos estaban destinados a obras de refacción de su casa y que los 50 mil dólares se los donó su novio, Juan Tonelli, para pagar un posgrado de su hijo. En este punto, podría existir el delito de falsedad ideológica.

El oficio enviado por el juez incluye el pedido de información sobre las fundaciones Creer y Crecer, de Néstor Grindetti (intendente de Lanús, involucrado en los Panamá Papers); Fundar Seguridad y Justicia, de Eugenio Burzaco; y Formar, de Guillermo Dietrich. En el primer escrito que presentaron ante Lijo hace poco menos de un mes, Cabandié y Tailhade advirtieron que la ONG de la vicepresidenta y las de otros dirigentes del Pro podrían funcionar como una pantalla recaudatoria de fondos para la actividad política.

También está pendiente comprobar por qué la plata no estaba bancarizada, lo que es el método legal por el que las fundaciones reciben dinero. La propia Michetti, alertada por la inconsistencia de su primera explicación, se corrigió a sí misma y sostuvo que los 200 mil pesos “eran una colecta entre varios, como treinta y pico de personas”.