Frente a las amenazas recibidas por la jueza Martina Forns, la agrupación Justicia Legítima repudió “enérgicamente” la “estrategia del Poder Ejecutivo de direccionar en forma exclusiva hacia esta magistrada la responsabilidad por los fallos en los amparos tramitados como consecuencia de los aumentos de las tarifas de gas, omitiendo a otros tribunales que oportunamente resolvieron en igual sentido la cuestión planteada”. Señalaron que esa “selectividad”, como lo manifestaron “algunos medios afines al gobierno, sin duda obedece a su pertenencia” a Justicia Legítima. Y aclaramos que se trata de un espacio “amplio y pluralista aunque desde su nacimiento soporta en forma individual y colectivamente una persecución ideológica reñida con los principios más elementales de un estado democrático”.