Durante una hora, diez organismos defensores de los Derechos Humanos le plantearon cara a cara al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, su “preocupación” por la dilación en el tratamiento de las causas por delitos de lesa humanidad y diversos inconvenientes que se agudizaron en los últimos meses. “Nos vamos con una sensación ambigua”, describió Carlos Pisoni, integrante de Hijos, “nos dio rápido la audiencia” pero al mismo tiempo se excusó ante los reclamos (ver página 15). Le pidieron que ratifique públicamente que “los juicios son una política de Estado” y manifestaron su inquietud por el “ataque” que está sufriendo el juez federal Daniel Rafecas. Lorenzetti dijo que no se podía pronunciar sobre el magistrado porque es un tema que puede llegar al alto tribunal.

Los organismos le entregaron una carta a Lorenzetti en la que detallan los motivos del malestar:

• Es alarmante el estancamiento que advertimos. En la actualidad existen sólo 16 causas en juicio oral en todo el país. En algunas jurisdicciones se acumulan gran cantidad de expedientes que esperan la fijación de juicio oral. Un caso paradigmático ocurre en San Martín en donde se encuentran elevadas 16 causas de las que aún no existe fecha cierta para dar inicio al debate. En La Plata, 11 causas están en una situación similar.

• Actualmente son cerca de 700 los condenados por delitos de lesa humanidad, de los cuales sólo 136 tienen sentencia firme. Es decir que más del 66 por ciento de los condenados tienen su sentencia recurrida. “Esperamos que sean confirmadas con la celeridad que demandan los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en estas causas”.

• Se registran 360 causas entre las cuales se encuentran aquellas en las que se investiga la responsabilidad empresarial. Son preocupantes las demoras que se registran en los casos Ledesma, Las Marías, la Nueva Provincia y Papel Prensa, “que llevan mucho tiempo en etapa de investigación, con abundante producción de prueba y, pese a ello, se encuentran en etapas procesales prematuras con infinidad de recursos que atentan contra su avance”.

• Hay 489 imputados con prisión domiciliaria y son muchos los que han cometido “groseras violaciones a este régimen debido al nulo control”. El número de los detenidos que se encuentran en el servicio penitenciario asciende al total de 535, esto arroja que la diferencia entre unos y otros, sea exigua y demande la generación de mecanismos eficaces de control para que no se convierta en una cobertura para obtener impunidad.

• Hay 163 causas elevadas a juicio y 248 en instruccuón, lo que genera un cuadro de situación que “amerita de su parte adoptar los recuados pertinentes a fin de que cada una culmine y no en la frustrante impunidad por razones biológicas”.

Ante el panormaa descripto, los organismos de DD.HH reclamaron la creación de una secretaría para causas de lesa humanidad en el marco de la Corte Suprema que “ayude a impulsar el tratamiento de las causas”.

Lorenzetti le aseguró a la delegación que él sigue siendo el mismo que declaró públicamente que los juicios por delitos de lesa humanidad son una cuestión de Estado. El supremo apeló a deslindar responsabilidades. Dijo que el nombramiento de jueces es una atribución del Consejo de la Magistratura, que el control de las prisiones domiciliarias depende de la Cámara de Casación y discrepó con el dato de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad acerca de que el 66 por ciento de los condenados no tienen sentencia firme.

Las Abuelas, Madres-Línea Fundadora, Hijos (Capital), Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, el Cels, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares y compañeros de las 12 de la Santa Cruz, la Apdh, Comisión por la Memoria la Verdad y la Justicia Zona Norte, Asociación Buena Memoria, Apdh La Matanza y la Fundación Memoria Histótica y Social Argentina, se retiraron con prevenciones.