Catita es Catalina de Cittadini. Tiene 91 años. Lleva algo de maquillaje, aros de perlas y una chalina de abrigo. En el cuello tiene colgada una foto de Ricardo, el quinto de sus once hijos. Hace tres semanas viajó en colectivo desde Trelew convencida de que iba a poder hablarles a quienes se lo llevaron el 17 de agosto de 1976. Fue la primera en hablar durante el juicio que por primera vez hizo foco en el rol de las comisarías de la ciudad de Buenos Aires. “Les dije lo único que quería: pretendo saber ¿por qué lo detuvieron? ¿A dónde se lo llevaron? El resto de los días me los crucé varias veces. Algunas incluso les dije bajito: ¡Hablen! ¡Hablen! Pero los guardias me sacaban corriendo”. El miércoles llegó temprano para la sentencia. El Tribunal Oral Federal 5 condenó al comisario retirado Miguel Alcides Viollaz y al sargento Nicomedes Mercado de la comisaría 28 de Barracas a 5 años de prisión por voto de mayoría. Antes de las condenas, ellos podían decir las últimas palabras. Catita esperó. Por eso se toca la panza. “Habría que apretarles acá -dice–, para que larguen”.

Temprano, la sala de audiencias de Comodoro Py parecía territorio fantasma. Había llegado sólo uno de los tres jueces. Y entre el mar de sillas vacías, los acusados.

La Comisaría 28 se convirtió en la primera de la ciudad de Buenos Aires de las muchas del Primer Cuerpo del Ejército que en el contexto de este juicio fue nombrada como centro clandestino de detención.

“No vamos a hacerlos venir al frente, no hace falta”, dijo a los acusados el juez Daniel Obligado, presidente del tribunal. “Yo les voy a preguntar. Ustedes responden, sentados”. Primero, preguntó a Viollaz. ¿Quiere decir algo más? El comisario agarró el micrófono. Pero dijo que no iba a declarar. Obligado preguntó, entonces, a Mercado. El sargento acusado de ser parte de la patota que se llevó a Ricardo de la Plaza España a la comisaría también calló.

Ricardo Cittadini nació en gobernador Gregores, un pueblo de Santa Cruz. La familia se mudó a Trelew cuando tenía 6 años. Él viajó a La Plata en 1973, entró a Ciencias Económicas y un año después empezó a militar en el movimiento Azul y Blanco y luego en la JUP. Vivía con un grupo de compañeros en un departamento alquilado de La Plata. Cuando lo secuestraron tenía 21 años. Estaba con Ricardo Camino Gallo, que era refugiado de Naciones Unidas. A él lo registraron en el libro de entrada y lo liberaron al día siguiente. Fue quien dio la noticia de lo que había pasado. Una patota se llevó al grupo de compañeros de Ricardo de La Plata y hasta al dueño de los departamentos, a quien liberaron ocho días después. Del resto, nadie supo más nada. La causa fue la primera que tuvo a cargo Pablo Llonto, apenas recibido de abogado. Durante los 80, lograron encontrar el libro de entradas donde figuraba el ingreso de Caminos Reyes pero el de Ricardo no.

“Hace 40 años empezó la búsqueda, primero durante muchos años de Ricardo vivo. Después, a partir de 1984, de respuestas y de justicia. Ahora se termina esta etapa. La etapa de cuando (el cura Emilio) Grasselli le dijo a la vieja que haga de cuenta de que Ricardo cruzó la calle y lo pisó un auto, la de los cajoneos en despachos judiciales. Tendremos la primera respuesta del Estado de qué pasó con Ricardo y sobre los responsables”, escribió Eduardo Cittadini, el hermano menor, antes de la sentencia.

El juez Daniel Rafecas procesó a los dos integrantes de la comisaría por la privación ilegal de la libertad y declaró el lugar como CCD. Durante el juicio declararon los hermanos de los desaparecidos de La Plata, un testigo del allanamiento y Oscar Sánchez, responsable político de Ricardo, uno de los que podía certificar su presencia en Capital, un territorio tan cercano pero a la vez lejano de los caminos del circuito Camps, donde fueron a parar gran parte de los desaparecidos de La Plata. También declararon cuatro de los hermanos Cittadini y Alicia Carriquiriborde, detenida y sobreviviente del Vesubio, que estuvo tres semanas de la Comisaría 28, antes de su paso a la cárcel de Devoto. Su testimonio consolidó la idea de que el espacio de la comisaría funcionó como centro clandestino de detención.

El fiscal Miguel Osorio y Llonto pidieron penas de 25 años. Aunque durante el debate habían pedido sin éxito al TOF ampliar la imputación original para incluir la figura de tormentos, acusaron por desaparición forzada.

Cuando los jueces retomaron la audiencia, todo el mundo estaba en su lugar. Sólo se oía el silencio. Obligado anticipó que iban a ser condenados por las penas máximas prevista “al momento de los hechos”. Por eso nadie supo si festejar o no: la figura de la desaparición forzada fue incorporada al código penal en 2011. Obligado declaró a los delitos como de lesa humanidad. Leyó las condenas. Y aclaró que eran votos de la mayoría. Es decir, de los jueces Adriana Palliotti y Oscar Alberto Hergott. Obligado votó en disidencia: condenó por 20 años a Viollaz al entender por probado los tormentos.

Llonto dijo que lo importante fue la condena. Y un voto de disidencia que permitirá apelar con más solidez. Eduardo Cittadini tenía los ojos rojos. Dijo que sentía una mezcla, cosas muy positivas, dos condenados, la consideración de lesa humanidad y que es el primer comisario declarado a cargo de una comisaría considerada como centro clandestino de detención. “Creo que ahí hubo una contribución pequeña a todo este proceso, pero las penas son muy bajas”. Catita corrió a sacarse una foto frente al palacio de justicia. “Estoy satisfecha. Creo que se ha avanzado. Se ha declarado como un hecho de lesa humanidad. Tampoco mucho, pero tuvieron condena. Lo que yo aspiraba era a que hablaran y que dijeran algo de mi hijo. Pero siento que hay reparación. Que se ha tomado en cuenta el caso. Así que me alegro por mis hijos y por todos los que han luchado. Ellos querían más años, pero a mí no me importan los años, a mi me importaba que hablaran, que dijeran algo. Y en eso no me voy satisfecha, pero allá ellos con su conciencia”.