Las asociaciones dijeron que las audiencias no respondían a los preceptos indicados por la Corte Suprema.
Imagen: Télam.

Las asociaciones de usuarios y consumidores fueron la primera barrera al tarifazo del gas con sus reclamos ante la justicia y ayer en la Usina del Arte se encargaron de criticar el cuadro tarifario propuesto por el Gobierno –que expuso el ministro Juan José Aranguren respaldado por petroleras y concesionarias-, reclamaron información que no fue suministrada por el Ejecutivo ni por el ente regulador Energas y dejaron abierta la puerta para la impugnación judicial de la audiencia pública porque “no responde a los preceptos que marcó la acordada de la Corte Suprema” que obligó al Ejecutivo a cumplir con la realización de la audiencia no vinculante. Además, criticaron que el Gobierno fijara el gas en boca de pozo por encima del precio internacional y atara la tarifa a la fluctuación del dólar “violando la leyes vigentes”, que se eliminen los subsidios y que la tarifa social no alcance a los más necesitados y que se cargue sobre los consumidores la enorme transferencia de recursos económicos a favor de las petroleras y concesionarios que “nunca cumplieron con las promesas de inversiones”.

El presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino, se encargó de arrancar aplausos en una platea raleada por las restricciones impuestas para acceder a la audiencia, con una Usina del Arte “vallada y militarizada”. “Nos oponemos al 203 por ciento promedio de aumento ya que creemos que implica una ganancia extraordinaria a las empresas y además no se corresponde con las posibilidades de pago por parte de la mayoría de la población”, sostuvo Polino.

“¿Cuál es el valor con el que el ministro de Energía se sienta con las empresas para discutir el precio?”, interrogó el ex diputado socialista y sostuvo que “el valor planteado en la propuesta del gobierno es inconsistente y se debe seguir analizando ya que consideramos que debería ser mas bajo”. “No es razonable que el precio del gas producido en el país incorpore en su estructura de costos valores correspondientes al flete y transporte, propios del gas importado”, insistió Polino y estimó que el precio del gas en boca de pozo debería estar en 3,5 dólares y “no a 6,80 dólares por millón de BTU” propuesto por el Gobierno.

Pedro Bussetti, de Deuco, recordó como se llegó a la audiencia, que “no fue una concesión graciosa del Ejecutivo”: “aumentos desmedidos de 1900 por ciento que generaron amparos judiciales en el sur del país, el amparo que Cepis y Consumidores Argentinos lograron en la Cámara Federal de La Plata que llegó a la Corte Suprema, la falta de audiencias federales, la decisión del Energas de excluir de la lista de oradores a organizaciones de usuarios y especialistas en el área energética, más la falta de información fundamental para definir las tarifas”. Con lo cual, Bussetti consideró que la audiencia “merece la impugnación judicial”.

“El mercado no puede dominar al Estado”, lanzó Osvaldo Bassano, de Adduc, y recordó al paso de Aranguren por la actividad privada como CEO de Shell antes de llegar al ministerio, además de reclamar que el fallo de la Corte establece que “el Estado debe garantizar el acceso al consumo”. Bassano criticó “la falta de razonabilidad de las tarifas” y calificó de “invento” –sin nombrar al presidente Mauricio Macri– que el consumidor “no pueda andar en patas y calzoncillos”. “Cercenar derechos es alterar la paz social”, sentenció. Bassano dijo que volvería a impugnar la audiencia porque “no es federal” y “se negó información muy especifica como el precio del gas en boca de pozo”.

El director del Isepci, Isaac Rudnik, sostuvo que en el aumento promedio del gas propuesto por el Ejecutivo del 203 por ciento es “una trampa”. “El Gobierno ahora los separa en sectores de consumo: a los de bajo consumo les propicia un 400 por ciento de aumento, a los de medio un 178 y a los sectores de alto consumo un 107, pero para 2017 a los de bajo consumo el aumento sería del 47 por ciento, pero con la estimación de una depreciación del peso del 20 por ciento respecto al dólar como se estableció en el presupuesto, por lo que hay que agregarle eso”, explicó el especialista. “Entonces, en 2019, para los sectores más bajos el incremento sería de 1200 por ciento, a lo que hay que sumarle la posible devaluación del dólar. Esto es producto de la dolarización de las tarifas a boca de pozo”, agregó Rudnik.

Asociaciones de usuarios y consumidores de Mar del Plata, Necochea, Miramar, Bahía Blanca y General Alvarado –sobre la costa oeste y sur de la provincia de Buenos Aires– reclamaron una readecuación tarifaria por diferencia climática. Ahora están encuadrados dentro de la tarifa de la Ciudad de Buenos Aires, cuando sus temperaturas invernales son comparables con muchas ciudades patagónicas.

Diego Morales, del Cels, se refirió al tema tarifario y acceso a los servicios públicos esenciales como derechos humanos. “La asequibilidad del derecho a la vivienda, la alimentación y la salud también debe incluir el medio ambiente” donde, de acuerdo a los tratados internacionales suscriptos por la Argentina, “el Estado debe garantizar acceso a los servicios básicos como agua, electricidad y gas”. Morales también se refirió a los “derechos económicos de las personas y no de las empresas”, para afirmar que los aumentos anunciados “no corresponde con los ingresos de las familias” ni “con el contexto económico social del país”. Las demandas de usuarios y consumidores fueron muchísimas. Tampoco dejaron dudas que la audiencia pública no será el fin de la pelea si no se consideran sus reclamos.