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“Soy la número diez de una familia de doce hermanos. La más chica de las mujeres. Tengo mi padre desaparecido y a uno de mis hermanos lo mataron en una cárcel de Córdoba en el ‘76.” Así arranca Patricia Vaca Narvaja, a pedido de Página/12, para contar su historia. Una historia indisoluble de la actualidad de esta mujer que se convirtió en uno de los personajes políticos del momento. Lo hizo desde la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor, una dependencia que debería resultar inquietante para las empresas y que por años resultó insípida. El último lunes, allí se emitió una resolución que obliga a las prepagas a cancelar sus aumentos de tarifas, medida que se adoptó tras un ríspido cruce entre el Gobierno y el sector. Pero hay muchos otros temas que involucran al poder económico. ¿Qué pasará con el precio de la garrafa de gas, que los pobres pagan tres veces más caro que el gas de las clases media y alta? ¿Cómo se comportan los supermercados? ¿Por qué las telefónicas son las más denunciadas por los usuarios? ¿Hay mercados cartelizados?
Vaca Narvaja responde primero con una definición del contexto. “Hemos heredado del proceso económico que comenzó en el ‘76 una concentración muy fuerte. Muy pocas empresas manejan muchas cosas importantes. Nosotros queremos un capitalismo serio.”
–¿De cero a diez, qué puntaje le pone a la transparencia de los mercados argentinos?
–En promedio, entre transparencia y competencia, a los mercados centrales les pongo un dos.
–¿Cuáles son los mercados centrales?
–El financiero, el de producción de materias primas, el de exportación, el de producción de insumos básicos difundidos como el acero y el petróleo, el de los medicamentos. Todo eso está en muy pocas manos. En algunos casos es entendible. La industria del acero generalmente no tiene mucha competencia. Pero tiene que haber regulación. Si hay un solo proveedor de chapa, si hay un monopolio, el Estado tiene que regular. No puede ser que cada uno haga lo que quiera.
–¿Cada uno hace lo que quiere?
–Muchas empresas aprovecharon las situaciones y ocuparon los espacios que los distintos gobiernos les permitieron ocupar. La responsabilidad es tanto de las empresas como de los gobiernos. Lo mismo ocurre con los servicios públicos. Las privatizadas tienen en sus países de origen otra calidad de prestación porque los gobiernos se plantaron de otra manera.
–¿Y qué hará este Gobierno?
–Vamos a regular. Los que quieren que las cosas sigan como están dicen que regulación es igual a intervención, a estatismo, a control de precios, cuando la regulación en los países desarrollados es una cosa común. Estados Unidos es uno de los países que mayor regulación tiene para garantizar la competencia, la transparencia y el libre mercado. La Argentina vivió un proceso de muchísima concentración, de acumulación de riquezas y de poder. Mucha de esa riqueza está en manos extranjeras. Las empresas tienen que entender que viven en la Argentina y que su suerte está atada a la del país.
–¿Cómo se regulará, por ejemplo, a las dos o tres compañías que manejan el negocio de la exportación de granos?
–Vamos a regular a través de la Ley de Defensa de la Competencia. Y si con eso no alcanza, formularemos normas específicas. Si en algunos mercados es difícil la competencia, porque es difícil que ingrese un nuevo operador, el Estado tiene la responsabilidad de dictar resoluciones que simulen competencia a los pocos actores de ese sector. El Presidente es muy claro en ese sentido. Cuando habla del desarrollo de la producción nacional incorpora ese concepto. Tampoco se hace de un día para el otro.Hay que dictar nuevas normativas, hay que cambiar la mentalidad de los empresarios. Eso requerirá tiempo y una transición.
–¿La orden a las prepagas de suspender la suba de tarifas forma parte de ese proceso?
–El Gobierno adoptó como política la aplicación de medidas cautelares generalizadas cuando hay temas que involucran a mucha gente. Bancos emisores de tarjetas de crédito y empresas de telefonía celular fueron obligados a suspender cargos indebidos que no estaban en los contratos. Lo de las prepagas trascendió más porque muchas empresas aumentaron al mismo tiempo, lo cual es sugestivo.
–¿De cero a diez, qué puntaje les pone a los consumidores en la defensa de sus derechos?
–Hace doce años que estoy en el tema y diría que del nivel de casi cero que había entonces hemos llegado a cinco o seis puntos. Los sectores de mayor poder adquisitivo y con mayor información tienen más incorporada la defensa de sus derechos. Por eso se dice que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Trabajaremos muy fuerte en la promoción de la defensa de los consumidores en el interior del país.
–¿Qué pueden hacer los consumidores frente a los aumentos de precios?
–Hubo un cambio de conducta en los patrones de consumo. En épocas de alta inflación, la gente iba y compraba todo lo que podía. Ahora, después de la devaluación, muchísima gente no convalidó con su compra las subas injustificadas. Esa nueva conducta generó cambios en los supermercados. En el momento de la devaluación, los supermercados no estuvieron a la altura de las circunstancias con los aumentos de precios. La gente volvió al negocio de barrio y eso les impactó. Y aunque ahora muchos regresan a los supermercados, lo hacen con precaución.
–¿Se están dando aumentos indebidos a raíz del crecimiento del consumo?
–En algunos casos, sí. El crecimiento del turismo interno hizo reaparecer esa mentalidad tan propia de los argentinos de querer salvarse en una temporada. Así sucedió en Pinamar, en Cariló y en otros lugares. Tenemos que trabajar fuerte para cambiar esa mentalidad, que está muy instalada.
–¿Qué sectores encabezan el ranking de reclamos de los consumidores?
–Primero están las empresas de telefonía fija. Telefónica peor que Telecom. Después siguen los bancos, las prepagas, las agencias de autos y la telefonía celular.
–Son sectores cuestionados desde hace varios años. ¿Si persisten en su conducta es porque fallan los controles estatales?
–En el caso de los teléfonos puede haber un atenuante, porque es un sector con un universo de usuarios muy alto, alrededor de siete millones. Pero también es cierto que las empresas de telefonía fija no mejoraron en su nivel de calidad respecto de la resolución de los problemas y en la atención al cliente. Pero la tarea de control del Estado también falla. Venimos de un Estado muy ausente durante muchos años. Revertir esa situación nos llevará tiempo. Lo importante es dar señales claras de que cambiaremos esa realidad.
–¿Aplicarán la Ley de Defensa del Consumidor?
–Sí. Esa ley es muy buena, lo que faltó siempre fue decisión política para aplicarla. Igualmente, en cuanto lo terminemos, enviaremos un proyecto al Congreso para mejorarla. Esperamos llegar para el 15 de marzo, que es cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Es un trabajo conjunto entre los organismos nacionales y provinciales del área y las asociaciones de defensa del consumidor.
–¿Y en qué aspectos mejorarán la ley?
–Queremos que la Ley de Defensa del Consumidor se tome en cuenta para los marcos regulatorios de los servicios públicos, cosa que hoy no ocurre salvo para la luz y el gas. También buscamos que una sentencia favorable aun consumidor tenga efectos para el resto de las personas que puedan pasar por la misma situación. Otro aspecto es que lo que se recauda por multas por violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor vaya a un fondo para educación y para las asociaciones de consumidores.
–¿El Gobierno regulará la venta de gas en garrafa?
–Es una tarea pendiente. Es como con las prepagas, nunca tuvieron regulación. Cuando se privatizó Gas del Estado, en 1992, la ley estableció que el Congreso tenía seis meses para sancionar un marco regulatorio. Pasaron doce años y todavía no hay nada. Hay una situación de discriminación objetiva. No es lo mismo los que disponemos de gas en red, que tenemos una tarifa regulada y un ente de control, que los que usan gas en garrafa. En esta época del año, una familia tipo gasta unos 55 pesos mensuales en la compra de garrafas, contra unos 18 pesos que cuesta el gas en red. Es una relación de tres a uno. Y en invierno es peor.