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Por Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur

Siete horas de un deslucido debate necesitó el oficialismo para darle media sanción a la nueva ley laboral que reemplazará a la que sancionó la Alianza en el 2000 mediante el pago de sobornos. Con mínimas correcciones que no modifican la norma remitida por el Gobierno, el PJ consiguió que la casi totalidad del cuerpo votara favorablemente. Así, y a través del novel mecanismo electrónico de votación, el proyecto fue respaldado por 65 senadores, en tanto que el socialista Rubén Giustiniani lo hizo negativamente por estar a favor de la nulidad de la ley Banelco. Ahora resta ver cuán ágil es la muñeca del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, para que la iniciativa del Gobierno sea sancionada antes del 29 de febrero, cuando finaliza el período extraordinario de sesiones.
Una vez que el tablero electrónico dio cuenta de la finalización de la votación en particular de los artículos de la ley, el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, le pidió al vicepresidente Daniel Scioli que remitiera a Diputados de manera inmediata la media sanción. El titular del Senado asintió en un intento por olvidar el fallido que había cometido unos minutos antes. Mirando el tablero, el ex motonauta había dicho que la norma había sido aprobada por unanimidad, sin percatarse de que el socialista Giustiniani votó en contra.
No se escucharon grandes discursos. La mayoría de ellos –incluso radicales– giraron alrededor de la importancia de derogar la ley de los sobornos. Por caso, la senadora Cristina Fernández de Kir- chner dejó sentada la posición del Gobierno al afirmar que la derogación de la cuestionada ley era “una deuda pendiente que las instituciones tenían con la sociedad”.
En el mismo sentido, el debutante senador Carlos Rossi, del cordobés Partido Nuevo que responde al intendente Luis Juez, y que también habló en representación de la porteña Vilma Ibarra, dijo que “si uno debiera remarcar algo de esta norma sería el artículo primero que deroga la ley anterior y sus reglamentaciones. Es cierto que siempre existieron argumentos y excusas para debilitar los derechos de los trabajadores, a través de la famosa flexibilización laboral, la cual supuestamente generaría más empleo. Los resultados todos los conocemos: no hubo más empleo sino más precarización”.
Desde la oposición hubo voces a favor de realizar correcciones en el texto, pero no prosperaron. La orden desde el Ejecutivo era tajante; sólo se modifica lo que aceptó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien apenas concedió mínimas y poco sustanciosas modificaciones. Entre ellas, la coordinación entre el ministerio y las provincias para realizar las inspecciones laborales a las empresas. “El tema de policía de trabajo también rechaza el planteo de que acá no se ha modificado una coma. Sí, se modificó; ha habido una reivindicación del principio de supremacía de las provincias”, aclaró Pichetto.
También se modificó el artículo 6, donde se incluyó un agregado en el cual se obliga al Poder Ejecutivo a informar al Congreso sobre cuáles serían los fundamentos para prorrogar o no la vigencia de la rebaja de las cargas patronales para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten nuevos empleados y que, según el texto de la norma, caduca el 31 de diciembre de este año. En este punto, el radicalismo no logró imponer su disidencia ante la negativa del tucumano Julio Miranda, vicepresidente de la Comisión de Trabajo. La UCR pretendía reducir la cantidad de ochenta empleados que caracterizan a una pyme en la ley sancionada ayer.
Como esta iniciativa, también quedó en el tintero la propuesta del radical jujeño Gerardo Morales, quien en lo referente a las rebajas patronales solicitó que se mantuviera el artículo de la ley 25.250, segúnel cual este beneficio será para aquellos que contraten trabajadores mayores de 45 y menores de 24.
La única voz contraria a la iniciativa fue la del santafesino Giustiniani. Para el socialista el proyecto sancionado “encara sólo una reforma parcial y acotada que, si bien modifica favorablemente algunas instituciones del derecho individual y colectivo, no supone una reforma lo suficientemente profunda como para desmontar la totalidad de los institutos característicos de la flexibilización laboral”.
La votación final fue un trámite. También la discusión en particular, ya que el oficialismo no se apartó del dictamen consensuado. Pese al apuro, todo indica que la sanción definitiva no ocurrirá esta semana.
Ayer, el jefe de los diputados radicales, Horacio Pernasetti, anunció que si bien están dispuestos a dar el debate, consideró que “sería poco serio que se trate mañana (por hoy) simplemente porque se quiere dar una señal”, en clara referencia al alineamiento de los legisladores oficialistas con el gobierno nacional. En el mismo sentido, el presidente del bloque del ARI, Eduardo Macaluse, pidió tiempo para estudiar el proyecto.