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Carlos Menem “sabe que existen elementos para probar su culpabilidad y pretende seguir con la impunidad que gozó hasta aquí”, dijo ayer la titular del PAMI, Graciela Ocaña. Acababa de declarar como testigo ante el juez Norberto Oyarbide, en la causa en que investiga la omisión maliciosa de cuentas y bienes del riojano en su declaración jurada. La ex diputada señaló a los ex funcionarios Ramón Hernández, Héctor Fernández y Emir Yoma como “algunos de los testaferros” del ex mandatario, una pista que también rastrea el magistrado tras la hipótesis de lavado de dinero. Armando Gostanian, otro de los menemistas bajo la lupa, tuvo un revés: la Cámara Federal le rechazó un planteo en el que exigía que no se metan con su patrimonio y calificaba al expediente como una “operación de pesca”.
Mientras avanza la cuenta regresiva para el ex presidente, citado a indagatoria el jueves próximo, Ocaña fue a declarar ante Oyarbide a raíz de sus investigaciones en la Comisión de Lavado de Dinero de Diputados. Ratificó que la Justicia helvética le dio información sobre cuentas de Menem, una de ellas operada por su ex secretario Hernández, distinta de la que Menem reconoció con más de 600 mil dólares. El contacto, le contó al juez, se hizo a través de la embajada suiza. La funcionaria se explayó al momento de hablar de Emir Yoma, cuyos negocios analizó años atrás. Siempre estuvo convencida de que usó sociedades comerciales para dar apariencia de legalidad a movimientos de dinero sucio.
Después de tomar nota de las excusas de Menem para justificar su ausencia a la indagatoria del martes pasado, Oyarbide lo volvió a citar “bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su detención”. Desechó que la fractura en el brazo le impida viajar y otros reclamos de sus defensores. En una resolución le recrimina “su incomparecencia injustificada”, “el incumplimiento injustificado de su obligación a presentarse dentro de los primeros cinco días (de cada mes) ante el Juzgado Federal de La Rioja” y “su viaje al exterior (Chile) sin pedir autorización al juzgado”.
Según el diario La Tercera de Chile, Menem recibió asesoramiento del ex ministro del Interior de ese país, Carlos Figueroa, con quien lo contactó su suegro, Enzo Bolocco. Parece que el ex funcionario, sin demasiada creatividad, le sugirió dilatar al máximo la causa judicial en Argentina ante el declarado rechazo del gobierno chileno a darle asilo político si lo pidiera (esa fue una opción que el riojano habría analizado). Ahora, según la publicación, busca alguien que se haga cargo de los papeles judiciales ante el posible pedido de captura. Parece, entonces, que tampoco tiene pensado visitar los tribunales porteños la semana que viene.
Es evidente que desde un comienzo la principal estrategia de los defensores de Menem, Oscar Salvi y Alejandro Novak, fue dilatar los tiempos. Ayer agregaron una jugada: le exigieron a Oyarbide que resuelva una serie de pedidos de nulidad, de lo contrario –dicen ellos– su defendido no debería declarar. Uno de los planteos cuestiona la ampliación de la instrucción de la causa al antiguo entorno menemista por posible lavado de dinero y, otro, los exhortos ya enviados a Suiza pidiendo datos. Son 57 los viejos allegados a Menem que están siendo investigados como presuntos testaferros. Uno de ellos, Gostanian, había objetado que investigaran su patrimonio, pero la Sala II de la Cámara Federal sostuvo que las medidas de prueba son inapelables.