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Lucía tiene apenas 4 años: la echaron del jardín de infantes del Instituto Eccleston, del barrio porteño de Flores, porque su hermano de 12 tenía conducta y rendimiento escolar regular. Mariela tiene 5 años: la expulsaron del San Francisco de Sales, de Almagro, después de que su mamá cuestionó la cantidad de chicos por aula en el colegio. Son dos de los casos denunciados en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad por el ejercicio “abusivo y arbitrario” del derecho de admisión de colegios privados. Ante la repetición de casos similares tanto en instituciones laicas como confesionales, el defensor adjunto Gustavo Lesbegueris presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para obligar a los colegios a fundamentar su negativa de inscribir o reinscribir a un alumno. La secretaria de Educación de la Ciudad, Roxana Perazza, es partidaria lisa y llanamente de prohibir su aplicación. Sin embargo, la Dirección General de Educación de Gestión Privada (Dgegp), que depende de ella, viene convalidando el derecho de admisión sin exigir ningún fundamento. El tema genera polémica.
“El antecedente normativo invocado tanto por los colegios como por la Dirección General de Educación de Gestión Privada es la resolución 641 del Ministerio de Educación de la Nación dictada en 1981, durante la dictadura militar”, señaló Lesbegueris. El artículo 137 de esa normativa expresa que “los institutos se reservan el derecho de admisión. Este derecho sólo podrá ejercerse al comienzo de cada período lectivo y en referencia con la posible matriculación de alumnos”. Pero la misma resolución establecía su “aplicación” por el término de tres años y exclusivamente para la enseñanza primaria. Actualmente tiene absoluta vigencia.
Por esa razón, al ser consultada sobre el tema, Perazza adelantó a Página/12 que comenzará a trabajar para que –a través de alguna disposición– se impida su aplicación. “Todos los habitantes de la ciudad tienen derecho a educarse, sea en instituciones privadas como oficiales. El Estado tiene que garantizar el ejercicio de ese derecho”, señaló Perazza.
Para el abogado Norberto Baloira, miembro de la mesa de Cordiep, la entidad que agrupa a las asociaciones de colegios laicos y religiosos de todo el país, en aquella antigua resolución “no está todo el sustento del derecho de admisión. Surge del artículo 1190 del Código Civil, que establece el derecho a la libre contratación”. De acuerdo con esta interpretación, el contrato de matriculación se circunscribe a cada ciclo lectivo; su interrupción no se consideraría como una violación de la libertad de educarse sino el ejercicio de la libertad para renovar un contrato. De todas formas, Baloira se mostró partidario de que sea reglamentado y se exija a las instituciones una fundamentación precisa.
–¿La inconducta es una causa justificada?
–Cada inconducta puede ser sancionada. La no matriculación es una medida extrema. Pero mi experiencia me indica que son pocos los casos que se dan cada año –respondió.
A partir de noviembre de 2003, Lesbegueris empezó a recibir una seguidilla de denuncias de padres. “Estoy convencido de que no son casos aislados, que hay muchos más que no se denuncian”, evaluó ante este diario. De acuerdo con su análisis, hay colegios que están haciendo un “ejercicio discrecional” del derecho de admisión.
A Grisel Carbo le comunicaron que no rematricularían a su hija justo después de que en una reunión de padres planteó la necesidad de que se incorporara un ayudante pedagógico a los cursos de primer grado ante la decisión escolar de que tuvieran “un número excesivo de alumnos”, entre 35 y 37 por aula. Mariela (su nombre es ficticio) iba desde hacía dos años al jardín de infantes del San Francisco de Sales, de Almagro. Su expulsión nunca fue justificada. “Mandé dos cartas documento pidiendo que me explicaran las causas”, comentó a este diario. Hizo la denuncia del casoen la Dgegp, en la Vicaría y en la Defensoría. “Esta situación pasó con otras diez familias. Una más hizo la presentación en la Defensoría”, comentó Carbo.
Al hijo mayor de Fabián Timpanaro, empleado de una empresa de telecomunicaciones, lo echaron del Medalla Milagrosa, de Parque Chacabuco, un instituto religioso subvencionado por el Estado. Alegaron su conducta “regular” para impedirle ingresar a primer año en el mismo colegio.
Silvana Decontardi tiene dos hijos, uno de 12 y una de 5. Los echaron del Instituto Eccleston, de Flores. El mayor era alumno del colegio bilingüe desde tercer grado, la menor, desde sala de dos años. El 27 de noviembre de 2003 Decontardi recibió una carta documento donde le comunicaron que “haciendo ejercicio del derecho de admisión” les negaban la matriculación para el año siguiente, sin mencionar las razones. Pidió una entrevista para que se las dieran, pero no la recibieron. Insistió y la derivaron al asesor legal de la institución. Ante un requerimiento de la Defensoría, el colegio alegó que el rendimiento escolar del chico no estaba “al alcance del nivel de exigencia” del Eccleston. Nunca explicaron los motivos con respecto a la nena.
Ante la repetición de casos, Lesbegueris impulsa en la Legislatura la reglamentación del derecho de admisión, con la exigencia de que los colegios exhiban “una causa fundada” para ejercerlo: “No se trata de negar el ámbito de decisión puramente privado que es propio de toda institución, sino de armonizar su ejercicio con los derechos del alumno y su representado”, argumentó.