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El dramático final del secuestro de Axel Blumberg ha transmutado el “ser o no ser” de Hamlet en el “actuar o no actuar” frente a la posibilidad de detener a los supuestos partícipes de un secuestro extorsivo mientras la víctima continúa en poder de sus captores. Cuatro fuentes consultadas por Página/12, entre ellas un alto jefe de la Policía Federal, coincidieron en afirmar que “no hay ningún manual que diga cómo actuar ante un secuestro extorsivo”, aunque admitieron que la premisa es “preservar la vida del secuestrado y evitar decisiones que la pongan en peligro”. Eso desde la teoría, porque como recordó el ex fiscal general Maximiliano Rusconi, “hay que pensar que se está investigando un hecho contemporáneo, en ejecución mientras la persona sigue en cautiverio, de manera que las decisiones son sobre la marcha y eso lo hace muy complejo”. En relación directa con el caso Blumberg, el ex viceministro de Seguridad bonaerense Marcelo Saín resaltó que todo indicaría que fue “una movida policial con una banda que tenía alguna connivencia con policías y ése es un punto clave”. Y también se señaló una falencia básica: la Justicia carece de la asistencia de un cuerpo multidisciplinario preparado para actuar ante un secuestro.
Al revés de lo que ocurre en el fútbol, las críticas contra los fiscales no parecen depender siempre del resultado. En el caso Blumberg, los cuestionamientos llueven sobre el fiscal federal Jorge Sica porque se entiende que haber ordenado que se interceptara al coche en el que supuestamente iban los captores precipitó la ejecución sumaria que sufrió el joven. Sin embargo, la fiscal federal de San Nicolás Amalia Sívori hoy enfrenta un “presumario” dado que se le reprocha todo lo contrario: que haya demorado la detención de dos sospechosos, que luego escaparon, aunque en este caso la persona que estaba secuestrada, Cristina Taborda de Cruellas, fue dejada en libertad sana y salva. Fuentes judiciales dijeron a este diario que “la fiscal fue prudente y evitó un procedimiento que se quería hacer dos horas después del pago del rescate y cuando todavía no se había materializado la liberación de la persona en cautiverio”.
Los expertos en secuestros extorsivos de la Federal fueron los que cuestionaron la decisión de la fiscal Sívori, el pedido en su contra fue apoyado por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, y hoy la funcionaria judicial afronta un “presumario” que, de prosperar, podría llevarla a un jury de enjuiciamiento, el mismo riesgo que corre Sica por opuestas razones. Y para coronar el contrasentido, cuando la señora Taborda de Cruellas estaba libre, la fiscal Sívori fue separada del caso porque se le escaparon los sospechosos y la causa la tomó el fiscal Sica, quien le pidió a su colega que se inhibiera de continuar al frente del sumario. “Si ése era el mensaje (apurar los procedimientos para detener a los delincuentes), ¿por qué se viene ahora contra nosotros?”, argumentaron fuentes de la fiscalía de Sica al ser consultadas hace unos días por Página/12.
En el caso Taborda de Cruellas, el análisis judicial difiere del que hizo la Federal y que dio lugar al presumario. “No había prueba suficiente como para detener a los supuestos sospechosos y la fiscal sólo pidió que se los mantuviera bajo control, a distancia, porque apenas habían pasado dos horas del pago del rescate y la mujer todavía no había sido liberada”. Las fuentes judiciales dijeron que “el deber de la fiscal era preservar la vida de la mujer, hacer cesar su privación de la libertad y luego seguir hasta las últimas consecuencias a los autores. Para eso se trabajó hasta 20 horas por día y se logró lo más importante, salvar una vida, por eso en el Poder Judicial de San Nicolás son muchos los que creen que el presumario es una medida injusta y desmedida”. La fiscal Sívori sigue en funciones, pero elude hablar del presumario que la involucra y que fue abierto el 17 de febrero pasado.
Una fuente de la Federal, la misma fuerza que cargó en su momento contra la fiscal Sívori, reconoció que “no existe un manual escrito sobre cómo actuar en un secuestro extorsivo, porque todo depende siempre de lascircunstancias”. El alto jefe recalcó, no obstante, que “lo más importante, siempre, es preservar la vida de la víctima y eso es lo que se tiene que tener en cuenta, sobre todas las cosas”. El ex fiscal general de Política Criminal de la Procuración General de la Nación Maximiliano Rusconi coincidió en que se trata de “un tema complejo porque es un delito permanente, que se está cometiendo, no es un robo o un crimen que ya ocurrió y el fiscal no tiene posibilidad de revertir su resultado; en un secuestro extorsivo debe pensar en preservar la vida de la víctima”.
Respecto del caso Blumberg, el ex fiscal Rusconi sostuvo que “la crítica que se hace en general parece desconocer que se trata de una actuación contemporánea con el hecho y que por lo tanto es imprescindible pensar en la coordinación de las actividades de prevención con las de represión”. Rusconi aseguró que a él le resulta “imposible determinar si fue razonable o no la actuación del fiscal Sica, porque para eso es necesario conocer bien a fondo lo ocurrido”. El ex viceministro de Seguridad bonaerense Marcelo Saín consideró que en el caso Blumberg fue “muy extraño el descenlace que tuvo y yo no descartaría que se trate de un hecho con una fuerte connotación policial”.
En ese sentido, explicó que “a pesar del tiroteo, no había ninguna razón para pensar que el secuestro no iba a continuar porque lo último que se espera siempre, en estos casos, es la muerte de la víctima. Hubo muchos secuestros en los cuales, por orden judicial, se intentó detener a los secuestradores durante el pago del rescate, en algunas de las postas, y no hubo asesinato porque lo que la banda quiere es cobrar el rescate. Para ellos es una cuestión de dinero y no de matar sin cobrar”. Recordó el caso particular del jugador de rugby y empresario Federico Virasoro, donde el juez interviniente, Roberto Marquevich, dispuso “cuatro intentos de detención, el secuestro siguió y la persona fue dejada en libertad”.
Saín insistió en la posibilidad de que se trate de “un hecho con una fuerte connotación policial, hay un manto de sospecha sobre eso y hasta es posible que se trate de un caso que tiene encerrado un mensaje político claro por parte de la posible conexión policial”. La otra hipótesis es que “el chico (Blumberg) haya escuchado algo que pudiera servir luego para identificar a alguno de sus captores”. Saín, como ya lo hizo tantas veces, insistió en que el problema central frente a los secuestros extorsivos es que “no hay un cuerpo policial capacitado para actuar y existe un desinterés, por parte de la política, de trabajar para lograr que pueda ser eficiente”. En este punto fue coincidente la opinión del ex fiscal Rusconi, quien propició la creación de “unidades de investigación altamente especializadas, dada la complejidad de estas investigaciones. Hacia el futuro, más allá de esta tragedia, hay que pensar en el desarrollo de unidades de investigación, dentro del ministerio público, con juristas, psicólogos, fiscales especiales”.
Saín elogió la entereza y la claridad con la que Juan Carlos Blumberg, el padre de Axel, está pidiendo que el caso se investigue a fondo. “Todo el diagnóstico que hace es correcto, aunque no acuerdo con él, más allá del gran respeto que me merece, el pedido de mayores penalidades, porque es lo que se hizo en el 2000 y los resultados fueron exiguos”. En la provincia de Buenos Aires “lo que se necesita es un grupo especializado que no hay, producir inteligencia con técnicas modernas”. Sostuvo que “no hay que seguir las normas tradicionales, que están contaminadas por su conexión con el delito. El problema de los secuestros extorsivos podría comenzar a solucionarse, porque no hay 50 bandas, son muy pocas y son fácilmente desarticulables si se rompe con la connivencia”.