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Con el recambio de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, dispuesto ayer por el interventor federal Pablo Lanusse, quedó desarticulada una de las piezas clave del aparato juarista. Lanusse tomó juramento a los nuevos integrantes del cuerpo, luego de remover a los magistrados que se desempeñaron durante los últimos meses de gobierno de Carlos Juárez y Nina Aragonés. “Hemos constituido un tribunal de prestigio, de renombre, de compromiso cívico y democrático, que le va a devolver al pueblo santiagueño el funcionamiento normal de la Justicia, uno de los motivos centrales de la intervención federal”, explicó el ex fiscal.
Desde el momento en que el gobierno nacional decidió poner fin al medio siglo de mandato juarista con la intervención federal, uno de los objetivos centrales fue finalizar con “el sistema perverso” existente en la provincia, en el que el Poder Judicial jugaba un rol central. Ayer, Lanusse removió a los integrantes de la Corte santiagueña y tomó juramento a los nuevos integrantes en el cuarto piso de los Tribunales provinciales. “Buscamos garantizar la forma republicana porque el sistema judicial santiagueño dependía del poder político”, aseguró el funcionario durante el acto.
Los miembros salientes habían asumido entre octubre y septiembre de 2003, cuando en un manotón de ahogado, la entonces gobernadora Nina Aragonés de Juárez intentó depurar la Justicia provincial para alejar los rumores cada vez más fuertes de la intervención.
Entre los nuevos magistrados hay algunos nombres conocidos para el matrimonio Juárez. Uno de ellos es el de Cecilia Garzón, la fiscal federal que acusó a la ex mandataria de cobrar de forma irregular haberes jubilatorios por 505 mil pesos, una de las causas de su arresto domiciliario. Junto con Garzón ocupará una de las bancas del tribunal el ex camarista provincial Raúl Santucho, primo hermano del líder del ERP Roberto Santucho, y tío de Luis Santucho, abogado de los familiares de Patricia Villalba, una de las víctimas del crimen de La Dársena. Los otros miembros son Ana María Careaga, quien actuó como jueza en el 2001 durante la intervención federal dispuesta por el Gobierno de la Alianza en Corrientes; Mabel Maciheu de Llinás, que fue jueza civil durante la intervención federal de Juan Schiaretti durante el menemismo, y la quinta integrante del Tribunal es la camarista tucumana María Alicia Noli.
Además de este recambio en el Máximo Tribunal provincial, ayer se confirmó finalmente que los 44 funcionarios, jueces y ex diputados acusados del cobro irregular de jubilaciones por 25 millones de pesos en perjuicio del Estado nacional serán citados a prestar declaración indagatoria a partir del viernes 23 de abril por el juez federal Angel Toledo, quien ayer dispuso la detención de estos imputados.