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En su provincia alcanza con nombrarlo para saber de quién se trata. Es “El Alberto”. Cabalga sobre varios frentes de conflicto. Sin duda, el más fuerte lo tiene con la Iglesia. Sus detractores dicen de él y de su hermano “El Adolfo” las peores cosas. Privilegia los argumentos racionales a las explicaciones mágicas. Dice que prefiere someter a votación cualquier diferencia que alcanzar un consenso forzado. En diálogo con Página/12, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no elude ningún tema. “Monseñor Jorge Lona considera que el Estado debe ser controlado por la Iglesia”, dice para explicar el abismo que lo separa del actual obispo de San Luis.
–¿Cómo explica los conflictos que enfrenta su gobierno?
–Lo primero que conviene aclarar es que Adolfo tuvo un liderazgo muy fuerte durante 20 años. Cuando Adolfo fue candidato a presidente analicé que podían pasar dos cosas. Una que fuera electo. La otra posibilidad era que si perdía, tarde o temprano se desataría una furia contra San Luis. El sistema se enfurece contra un subsistema que quiso despojarlo del poder.
–Pero los cuestionamientos lo realizan ciudadanos de San Luis.
–Otra cosa que explica lo que está pasando hoy en San Luis es la enorme caída de la oposición. Contenida principalmente por la UCR, la oposición en San Luis rondó el 40 por ciento. Esto le daba una buena representación. De casi ganar la elección a gobernador en el ’99, en la última llegó a tener menos de un punto. Una enorme dirigencia que era el centro de la oposición quedó desocupada, para decirlo de una manera simple.
–¿Y esto explica el actual clima de protesta permanente?
–La caída de la vieja dirigencia ha generado un clima especial. Dentro de este marco y poniendo estos condimentos, también está la cuestión municipal. Cuestión que heredo a partir de las dos elecciones. El tema está en manos de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Pero me reclaman a mí la autonomía municipal.
–¿Qué conflictos reconoce?
–Conflictos dignos de mencionar hay tres o cuatro. Uno que ha sido superado y tiene que ver con Vialidad provincial, otro el conflicto docente y la reacción de la Iglesia frente a la Ley de Libertad de Cultos y de Libertad de Pensamiento.
–¿Qué estuvo en discusión en el tema docente?
–Este es un tema con base real pero manipulado por la prensa nacional. Todavía hay provincias, entre ellas la de Santa Cruz y no es que me quiera meter con la provincia del Presidente, que no comenzaron las clases. Ahí sí que hay conflicto. En San Luis siempre hubo clases. Hemos salido de la crisis fortalecidos por la creación del Foro Docente. Un foro del que participa la gente que le interesa y está preocupada por la educación.
–¿Estuvo cuestionado el estatuto docente? ¿En eso se equivocó?
–El estatuto docente no será modificado en absoluto. Por cierto, hemos cometido errores. Yo tenía un problema que lo resolví mal. Me hago cargo que lo resolví mal. Ahora pido comprensión ya que no sé quién lo hubiera resuelto bien. Cuando realizo mi gira de campaña, en cada plaza escuchaba el clamor de la gente. El principal reclamo era por la desocupación, luego la seguridad y el tercero el tema de las escuelas. Me decían: “Estamos en abril y hay muchas escuelas a las que les falta docente”. Empecé el gobierno en mayo y todavía firmaba nombramientos. El año pasado tuvimos record de días de clase. Este año me acordé de esto y en enero convoco al gabinete de Educación y les digo: “Muchachos comiencen a trabajar ya con el tema de los nombramientos”. Me dicen: “Tenemos un problema, quienes tienen que darnos la información son los directivos de las escuelas y muchas designaciones caducaron”. Les pido que nombren rápidamente a los directores. Entre los nombramientos –estoy hablando de unos 60 o 70 entre 400 escuelas– se dan algunos que para decirlo en contra mío los calificaría de incorrectos, y para decirlo a favor mío los calificaría de apresurados, imprudentes. Estoy hablando de 8 o 10 casos que tomaron una gran trascendencia. Superada la parte agresiva del conflicto, se encauzó el diálogo en los foros, se derogaron estas designaciones y las nuevas se realizan con las directivas del foro. Hubo otro condimento que nadie lo destaca pero también influye. Fue un segundo decreto que regulaba la incompatibilidad de la tarea docente con otras funciones. Ponía un límite horario. Al hacer el decreto reglamentario hemos tocado inoportunamente el bolsillo de la clase media. Lo que planteamos es correcto, tal vez no en la actual situación económico-social. Hemos derogado ese decreto pero creo que superada la crisis económica habrá que rediscutirlo porque no es racional que un docente tenga dos o tres cargos. Esto lo vamos a hablar después. El conflicto está superado. Ha quedado la piel sensible nada más.
–¿Y con la Iglesia?
–El último tema, o el primero, es el tema con la Iglesia. Tiene tres puntos. Uno es la ley de Libertad de Culto. Es la primera que hay en la Argentina sobre este tema. Para esta ley tomamos la experiencia de España, que luego del franquismo se vio en la necesidad de salir de un gobierno casi teocrático como el de Franco. Esta ley además establece la posibilidad de inscribir los dogmas de fe de cada culto y facilita lo que hoy es un resorte constitucional y un canto a los derechos humanos que son los objetores de conciencia. La inscripción de los dogmas de fe me parece un gran avance en materia constitucional. Esto primero fue aceptado por monseñor Jorge Lona y el Obispado de San Luis. Luego criticaron la ley y la tomaron como un ataque a la Iglesia.
–¿Y el retiro de las órdenes religiosas de la provincia?
–Desde el primer día le dije a los Amigonianos, terminemos con los menores institucionalizados y ayúdennos con el tema de los menores institucionalizados por decisión judicial o los menores con condena penal. Ellos tienen una gran experiencia y no la negamos. Pero esto no se lo transmiten a la gente. Les conviene fomentar el conflicto. Otro punto es la Ley de Familias Sustitutas. Queremos terminar con los menores, enfermos mentales y ancianos institucionalizados. Luego de aprobada la ley se generó una tensión con los sacerdotes que estaban a cargo de institutos del Estado. Para aplicarla el Estado decidió rescindir los convenios con las ordenes religiosas. Tal el caso de los Amigonianos que estaban al frente de la Colonia Hogar. El sacerdote a cargo de esa colonia, aunque decía que estaba de acuerdo con la ley, se resistía a entregar el instituto a los interventores. Luego, cuando el interventor se hace cargo el conflicto se dispara por las denuncias sobre abusos deshonestos, violación de menores, y otros abusos sexuales contra los menores, amén de fraude en perjuicio de la administración pública en reiterados casos. Hay que reconocer que las denuncias son contra un solo sacerdote, Marcelo Carvallo.
–¿Considera posible que este conflicto se supere?
–No veo posibilidades porque el trasfondo es otro. La concepción del Obispado y de monseñor Jorge Lona es que el Estado debe ser controlado por la Iglesia. Que la Iglesia debe participar en la vida política. No se olvide de que en la última elección a gobernador la Iglesia tuvo un partido político. La Iglesia participó del proceso electoral oficialmente así como participa de las marchas aunque lo nieguen. Me parece muy bueno el juego democrático y que se presenten a elecciones. Me parece mal que luego hagan una pelea política alrededor de este tema como están haciendo.
–¿Cómo está su relación con el gobierno nacional?
–Fui invitado por el ministro Alberto Fernández para discutir la coparticipación. Pero acordamos cuatro puntos en los que estuvo presente el buen trato y la inteligencia. El primero fue la aceptación por parte del gobierno nacional de la posibilidad de investigar al Servicio de Inteligencia del Estado. Hemos denunciado que se planeaba un magnicidio en San Luis y precisamente con la detención de los implicados en el caso Blumberg, queda en claro. Como vemos en esto la mano de la Policía Federal y de la SIDE, es bueno que se investigue. El segundo tema fue la deuda que la Nación tiene con la provincia. El otro tema fue la coparticipación federal. Aquí estamos en un 90 por ciento de acuerdo.
–¿Está a la defensiva con el gobierno nacional?
–Todos deseamos que al Gobierno vaya bien. Me parece que ha organizado un gran match de boxeo y está boxeando con todos los sectores. Falta todavía profundizar un sistema de acuerdos políticos sustentados en una política. La política contra el Fondo parecen espejitos de colores. Se hizo el mismo acuerdo que Lavagna firmaría con cualquier gobierno. El plan Jefas y Jefes que se había iniciado con Eduardo Duhalde continúa igual a pesar de todas las críticas que cosechó por la utilización politiquera. Después de la reunión de anteayer estoy muy tranquilo. Imagínese que todos los actores de los conflictos de San Luis invocan amistad con el Gobierno. Sea cierto o no, si ellos lo invocan y el Gobierno calla. Es desagradable.
–¿Es prescindente de la interna del PJ?
–No somos prescindentes de la interna peronista. Yo he sido presidente del bloque de senadores justicialistas durante muchos años. Fui vicepresidente tercero del partido, congresal nacional, secretario general del partido en San Luis, presidente del Congreso, soy gobernador y no me reconocen como justicialista. Si discriminan o no invitan a participar a San Luis, se presentará a la interna partidaria. Si se crea un foro para superar esta situación lamentable participaremos.