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En la madrugada del martes 18 de mayo de 1976 un grupo armado que se identificó como perteneciente a la Policía Federal irrumpió en el domicilio del diputado uruguayo Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires. Pocas horas más tarde, en el Hotel Liberty, ubicado en Corrientes y Florida, otra patota entraba a la habitación del senador uruguayo Zelmar Michelini. Tres días después ambos fueron asesinados. Sus cuerpos fueron hallados dentro de un Torino abandonado sin matrícula. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ayer una denuncia para que el juez Rodolfo Canicoba Corral retomara la investigación de este crimen, que constituye un hecho paradigmático dentro del Plan Cóndor.
En la presentación, realizada en nombre de los familiares de Michelini y Gutiérrez Ruiz, el CELS solicitó que se continuara el expediente judicial y se sancionara a los autores, instigadores, cómplices y encubridores de la desaparición forzada, torturas y homicidio agravado de los legisladores uruguayos. “Resulta claro que los autores de los homicidios, cometidos en forma atroz y cruel y de manera aberrante, encontrándose las víctimas en total indefensión, fueron funcionarios de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, de seguridad y de inteligencia, tanto argentinas como uruguayas”, señaló el organismo de derechos humanos. Los abogados Víctor Abramovich, Carolina Varsky y Florencia Plazas destacaron que “estos hechos constituyen inequívocamente delitos de lesa humanidad que adquieren especial relevancia por ser las víctimas representantes legítimos del pueblo uruguayo. Impone un mayor compromiso en la búsqueda de la verdad y la justicia; que el solo transcurrir del tiempo no mitigará”.
Entre los acusados figuran el ex ministro del Interior Eduardo Albano Harguindeguy, el ex director de Inteligencia Interior de la SIDE entre 1975 y 1977 Carlos Alberto Roque Tepedino y los agentes Eduardo Rodolfo Cabanillas y Raúl Antonio Guglielminetti. Algunos responsables del hecho de nacionalidad uruguaya son el ex presidente de ese país Juan María Bordaberry, el ex ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto José Cardozo y los represores José Nino Gavazzo Pereira y Manuel Juan Cordero Piacentini.
La denuncia sobre el crimen de los legisladores uruguayos se realizó dentro de la causa en la que Canicoba Corral investiga las desapariciones y secuestros llevados a cabo durante la última dictadura militar en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, es decir la Capital Federal, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires. En este expediente –que fue reabierto por la Cámara Federal después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida–, el juez declaró inconstitucionales los indultos que el presidente Carlos Menem había otorgado a seis jefes militares.
El CELS señaló que para investigar los asesinatos de los uruguayos hay que indagar sobre el funcionamiento del centro clandestino de detención Automotores Orletti, que fue el sitio de operaciones para las acciones coordinadas de las fuerzas armadas uruguayas y argentinas en el marco del Plan Cóndor. Margarita Michelini, hija de Zelmar, vio la máquina de escribir portátil de su padre en ese lugar. El organismo de derechos humanos aportó además la existencia de otro sitio, en la calle Bacacay, relacionado con los represores de Orletti.
El 27 de junio de 1973 el presidente uruguayo Juan María Bordaberry, junto a las Fuerzas Armadas, disolvió las cámaras legislativas e instauró una dictadura. Michelini, que estaba en Buenos Aires, solicitó asilo político. Gutiérrez Ruiz permaneció cinco días escondido en Montevideo y luego se exilió en Argentina. El 18 de mayo de 1976 ambos fueron secuestrados. Documentos secretos de la SIDE y la Dirección Nacional de Migraciones revelaron que el 26 de abril de 1976 la dictadura ordenó la expulsión de Michelini. La medida no le fue notificada al senador que, en cambio, fue asesinado poco tiempo después. El CELS solicitó que se pida a Migraciones los expedientes relacionados con los legisladores uruguayos. También reclamó que la SIDE y el Ministerio de Relaciones Exteriores aportaran la documentación o cables cifrados que se hubieran recibido sobre Michelini y Gutiérrez Ruiz.