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El flamante jefe interino de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, el comisario mayor René Jesús Derecho, fue denunciado y la Justicia dispuso su detención preventiva por torturas en 1988, está imputado en la causa que investiga los homicidios del 19 y 20 de diciembre de 2001 y fue jefe de la circunscripción donde se llevó adelante la tristemente célebre masacre de Floresta, también en 2001.
Derecho asumió provisoriamente el nuevo cargo en reemplazo del comisario mayor Jorge Palacios. El Presidente en persona dispuso el relevo el martes último, después de analizar su expediente y la transcripción de una conversación suya con Jorge Sagorsky, el reducidor de autos que está detenido por el secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Página/12 publicó el lunes la transcripción completa y la información de que la suerte de Palacios estaba siendo resuelta en los niveles máximos del Gobierno.
Por lo que pudo establecer este diario, Néstor Kirchner decidió el relevo de Palacios mientras aún estaba en Río Gallegos, y ordenó a Beliz que lo concretara. No tuvo origen presidencial, en cambio, la decisión de poner como interino a Derecho.
Un funcionario del Gobierno describió al comisario como afín al desplazado Palacios.
La intervención personal de Kirchner antecedió a su decisión de ayer de revisar los legajos de la plana mayor de la Policía Federal.
En el archivo del Centro de Estudios Legales y Sociales consta una denuncia por torturas en un caso que hasta mereció una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino.
La presentación la hizo Juan Francisco Bueno Alves, quien sostuvo haber sido torturado en dependencias policiales el 6 de abril de 1988, lo que quedó constatado en una pericia médica. De acuerdo con el informe de la CIDH, el hombre señaló que esas torturas le causaron “perforación timpánica por trauma ótico directo en el oído derecho (...), tormentos que me ocasionaron secuelas permanentes, con el debilitamiento de un órgano, y de dos sentidos, el del oído y el del equilibrio”.
Además, Bueno Alves sostuvo que fue víctima de golpes de puño en el estómago que “no se acreditaron” y de la privación de ingerir la medicación que portaba al ser detenido para prevenir los dolores de úlcera.
Por esa denuncia la Justicia ordenó la detención preventiva, que no llegó a cumplirse, de los tres policías denunciados por apremios ilegales, entre ellos Derecho, quien finalmente fue sobreseído en 1995 sin que la Justicia hubiera investigado a fondo la demanda.
En el informe 101/99, la CIDH advierte irregularidades en el proceso. El punto 63 es elocuente al respecto. “La Comisión toma nota que no resulta evidente que en dicho proceso se hayan conocido todas las alegaciones del peticionario sobre supuestas torturas, pues la sentencia de tal causa hace referencia exclusivamente a las presuntas agresiones perpetradas sobre las orejas y el sistema auditivo del peticionario. Es decir, tal fallo no se refiere a los supuestos golpes sobre el estómago y la privación deliberada de medicación para remediar los dolores de la úlcera padecida por aquél.”
En ese sentido la CIDH destaca que el Estado argentino no respondió estas alegaciones y que “prima facie” se divisan violaciones de derechos.

El transmisor

Derecho también fue investigado en la causa sobre los homicidios de diciembre de 2001 durante la feroz represión policial que despidió el gobierno de Fernando de la Rúa. Igual que en el caso anterior, lo salvó la actitud de la Justicia.
Según el fallo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, el policía concurrió a la Plaza de Mayo por orden del comisario mayor Bertolini, oficiando de simple “transmisor” y “receptor” de las órdenesemanadas por el jefe de la policía. ¿Cuál era la orden que recibió? Liberar la plaza de manifestantes.
La Cámara Federal ratificó la falta de mérito dispuesta por Servini de Cubría, aunque hizo una alusión directa y crítica al fallo de la jueza. “Ofende a la inteligencia al decir que son meros transmisores. Si fuese así la plana mayor estaría conformada por un gran equipo de incapaces que sólo se limitan a transmitir directivas”, señaló.
Un dato para no pasar por alto. Según informó la Correpi –entidad querellante en la causa– el gobierno de la Alianza convocó a Derecho por su “experiencia como represor” y “despejar la plaza”. Es que entre el 15 de noviembre de 1998 y el 8 de noviembre de 2001, fue jefe de la Comisaría 2ª, seccional que tiene jurisdicción sobre la Plaza de Mayo. O sea que actuó sobre cuanta manifestación, concentración o acto público hubo en inmediaciones de la Casa Rosada.

La jurisdicción

Derecho, como jefe de la Circunscripción VII, también fue el máximo responsable de los policías que cometieron lo que quedó como “masacre de Floresta”, acontecida poco después da la represión de Plaza de Mayo.
Aquella madrugada del sábado 29 de diciembre, Maximiliano Tasca, Adrián Matassa y Cristian Gómez tomaban unas cervezas en el minimercado de la estación de servicio de Gaona y Bahía Blanca cuando en la televisión empezaron a pasar imágenes de los golpes que un policía recibía después de un cacerolazo al presidente interino Adolfo Rodríguez Saá.
Uno de los tres jóvenes hizo un comentario adverso a la policía que alteró los ánimos del suboficial retirado Juan de Dios Velaztiqui, custodio del lugar. La respuesta fue el asesinato. En el juicio oral y público, una de las encargadas del minishop dijo que Velaztiqui “arrastró a dos de ellos hasta sacarlos del bar en el que se hallaban, haciendo rebotar sus cabezas contra el piso mientras decía ‘yo a la basura la tiro’”. Hubo un sobreviviente de la masacre, Enrique Sebastián Díaz, quien apenas empezó la balacera salió corriendo del local.
A Velaztiqui, de 61 años, le dictaron la prisión preventiva en apenas 36 horas. Sobre la estación de servicio donde se produjo el triple crimen tiene injerencia la Comisaría 43ª, que junto a las 35ª, 39ª, 41ª, 45ª, 47ª y 49ª dependen de la Circunscripción VII. O sea, dependían de Derecho.