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La Comisión Provincial por la Memoria entregará hoy al gobernador Felipe Solá un documento sobre torturas en las cárceles bonaerenses y serias recomendaciones para encarar políticas públicas sobre la cuestión. El documento surge del trabajo de tres comisiones que ayer debatieron en una jornada sobre el papel de la Justicia, la seguridad y los derechos humanos, y los menores. En su documento, la Comisión recomienda la creación de fiscalías dedicadas a investigar exclusivamente casos de tortura en cárceles y comisarías, auxiliados por una policía judicial específica; y la conformación de un registro único de presos que dependa de la Suprema Corte, ya que hasta el momento el Servicio Penitenciario Bonaerense es autoridad omnímoda en la materia. A la jornada fueron invitados Solá, la Suprema Corte y legisladores. Dos miembros de la Corte (Hilda Kogan y Eduardo Pettigiani) estuvieron presentes, avalaron la creación urgente del registro de presos y anunciaron una acordada para ordenar a jueces y fiscales que informen a la Comisión sobre todos los casos de torturas con causa abierta. Solá estuvo ausente sin aviso.
La reunión se denominó Primeras Jornadas de Políticas Públicas Contra la Tortura y Otros Tratos Degradantes. Se dividieron en tres mesas que analizaron el papel de la Justicia, la seguridad y los derechos humanos, y los menores y ausentes, coordinadas por Alejandro Mosquera y Carlos Sánchez Viamonte. Las mesas estuvieron conformadas por reconocidas personalidades en la materia, entre otros: Hugo Cañón, fiscal general de la Cámara Federal de Bahía Blanca; Mario Coriolano, defensor de Casación; Marcelo Saín, de la Unidad de Investigación de Lavado de Dinero; Gustavo Palmieri, del CELS; Leopoldo Schiffrin, camarista federal platense; Emilio García Méndez, de Unicef; la diputada nacional Margarita Jarque; los fiscales de cámara de San Martín, Luis Chichizola y Fernando Domínguez; el camarista de San Isidro Fernando Maroto; Silvia González, jueza del tribunal 2 de Lomas de Zamora; y María Mestrín, María Gómez y Omar Ozafrain, defensores oficiales de Lomas de Zamora, San Isidro y La Plata, respectivamente.
Cada mesa elaboró un documento con propuestas. Las conclusiones fueron duras y realistas: “Hablamos de la necesidad de que el Poder Judicial se hiciera cargo de su rol, y que ahora está mirando para el costado”, señaló Hugo Cañón a Página/12. “Se insistió mucho –dijo Alejandro Mosquera– en que respecto de los menores en la provincia sigue en vigencia la ley de la dictadura; y en que tengan las garantías de un proceso penal juvenil, que hoy no las tienen.” Parte del documento sostiene que “las modificaciones espasmódicas de la ley justamente la destruyen como modelo de orientación de conductas y en algunos supuestos, graves por cierto, la ponen en entredicho con el modelo constitucional del debido proceso”. Se sostuvo además que “las torturas en cárceles y comisarías, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y las torturas y apremios a niños y adolescentes no están separados de las mafias instaladas dentro del aparato estatal”, léase Servicio Penitenciario y la Bonaerense.
Documentos y propuestas fueron sintetizados en un documento único para ser entregado a las principales cabezas de los tres poderes que debieran estar interesados en resolver el problema. Para ello fueron invitados al finalizar el debate los miembros de la Suprema Corte, los legisladores provinciales y el jefe de gobierno Felipe Solá y ministros. En representación de la Corte estuvieron Hilda Kogan y Eduardo Pettigiani. Del gobierno, sólo hubo funcionarios de la segunda línea.
Antes de la entrega de las recomendaciones, se exhibió un tape de 15 minutos con cinco testimonios de presos, familiares y víctimas de la violencia institucional. Entre los testimonios, los jueces de la Corte presentes fueron espectadores de uno que dio la pauta del nivel de organización interna de la corporación penitenciaria: un preso denunció que las autoridades del penal entregaban a determinados internos una credencial que los habilita a portar facas (punzones) dentro del penal. “Un método para mantener el control mafioso del negocio dentro de la unidad y para las salidas para robar afuera”, explicó el fiscal Hugo Cañón.
Entre las recomendaciones figura la creación de un registro único de personas detenidas actualizado permanentemente, para que los jueces tengan un acceso directo e inmediato. “Ahora, el control de dónde va y dónde está cada interno lo tiene sólo el Servicio Penitenciario. Los jueces ni se enteran, y muchos ni quieren enterarse –sostuvo Cañón–. Esto va a permitir que tengan acceso inmediato a esa información actualizada.” El registro forma parte de un proyecto de ley impulsado por la Comisión por la Memoria y que fue avalado en forma directa por Pettigiani, que adelantó que ya había sido firmada una acordada para que jueces y fiscales informen las causas sobre torturas al Comité Contra la Tortura, conformado en la Comisión.