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La policía de San Luis aprovechó el caos que se registra en esa provincia para hacer su propio negocio: se autoacuarteló por unas horas y consiguió que el gobierno de Alberto Rodríguez Saá diera marcha atrás con un reordenamiento de esa fuerza implementado años atrás y que los policías cuestionaban porque había alterado el cuadro de jerarquías y la escala salarial. Se trató de un episodio más dentro de un conflicto que hoy alcanzará una de sus máximas expresiones con la realización del paro general y la marcha convocada por la Multisectorial.
El autoacuartelamiento de buena parte de la policía se sumó a la huelga que mantienen los docentes, quienes rechazan el diálogo con el gobierno de Rodríguez Saá y siguen acampando frente a la sede del Ejecutivo provincial. Aunque las autoridades de la provincia nunca reconocieron oficialmente la rebelión, todo aquel que ayer estuvo en San Luis percibió que la policía no cumplió sus funciones del mismo modo que cualquier otro día.
Los primeros indicios del autoacuartelamiento surgieron a la mañana: en la céntrica Plaza Independencia, donde los docentes tienen montada la Carpa de la Dignidad, no se veía ningún efectivo policial. Quienes se ocupaban de custodiar la sede del gobierno puntano eran unos cincuenta beneficiarios del Plan de Inclusión Social identificados con sus pecheras color bordó.
A esa hora, los policías –en su mayoría efectivos de estratos medios y bajos de la jerarquía acompañados por algunos oficiales superiores– comenzaron a concentrarse en el tercer piso de la jefatura de la fuerza. El rechazo a la reforma interna de la policía que años atrás implementó el entonces gobernador Adolfo Rodríguez Saá fue el motivo central de la rebelión.
Los rebeldes aprovecharon las comodidades del microcine de la policía para sus cabildeos, al cabo de los cuales también quedó de manifiesto la molestia con los ascensos dispuestos en las últimas semanas por el actual mandatario que beneficiaron a miembros de la cúpula y personas cercanas al mandatario. Allí volvieron a criticar que en los nuevos patrulleros se haya colocado la insignia del plan para desocupados en lugar del escudo de la fuerza y la bandera argentina. Y, además, enviaron un claro mensaje al gobierno de Rodríguez Saá: que no tolerarán que se les apliquen sanciones por la violenta represión de la semana pasada durante dos manifestaciones opositoras.
El gobierno puntano tomó nota de las demandas de los policías –quienes además presionaron con la advertencia de suspender después del mediodía los servicios de adicionales para custodia de bancos– y prefirió cerrar rápidamente ese frente de conflicto: envió a la Legislatura un proyecto de ley para dar respuesta a sus reclamos que fue sancionado en cuestión de horas por las cámaras de Senadores y Diputados.
Aun cuando haya sorteado el obstáculo que representaba la protesta policial, Rodríguez Saá tiene por delante un panorama más que conflictivo: los docentes siguen con su huelga por tiempo indeterminado y lo denunciaron ante el gobierno nacional de instigar incidentes con beneficiarios de planes sociales. A la sospecha de que fue con ese objetivo que frente a la ausencia de policías se dispuso que los desocupados custodiaran la sede del gobierno provincial se suman las versiones que dan cuenta de que las autoridades puntanas pregonan entre los beneficiarios que los docentes quieren voltear a Rodríguez Saá y que en ese caso los planes serán suspendidos.
Hoy, además, se concretará el paro general convocado por la Multisectorial. Además de los maestros, ya anunciaron su adhesión a la medida de fuerza los municipales, los trabajadores viales y los judiciales, así como la cámara de comercio provincial. Los transportes anticiparon que trabajarán con frecuencias reducidas, con lo cual se supone que la huelga tendrá alto impacto. Como parte de la protesta, la Multisectorial llamó también a una marcha que promete ser multitudinaria.