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Los más de 140 mil docentes y no docentes que trabajan en las universidades nacionales se quedarían afuera del aumento salarial anunciado por el Gobierno la semana pasada. Si bien aún no está cerrado, el decreto que instrumenta el incremento de sueldos para los empleados de la administración pública nacional no incluye al personal del sistema educativo superior, según confirmaron fuentes del Ministerio de Educación. La exclusión desató las protestas de los gremios, mientras la cartera educativa analiza cómo introducir una mejora en los ingresos de los universitarios.
“Queremos saber por qué no fuimos incluidos. Cuando se recortó el 13 por ciento en 2001, expresamente nos reconocieron como miembros de la administración pública. La pregunta obvia es ¿por qué hoy no?”, dijo la secretaria general de la Conadu, Anahí Fernández. “Es una decisión discriminatoria e injustificada. Para sacarnos plata somos empleados públicos y para darnos, no”, reclamó Néstor Correa, secretario gremial del otro sindicato docente: la Conadu Histórica, que confirmó un paro docente de 48 horas para el martes y miércoles próximos, en reclamo de un aumento de urgencia de 250 pesos y una recomposición del 40 por ciento del nomenclador salarial, además de una marcha para el viernes 21, junto con las organizaciones estudiantiles.
El incremento difundido la semana pasada por el Gobierno abarcará a 105 mil empleados públicos, agentes de fuerzas de seguridad y militares. Aquellos que cobran menos de 850 pesos mensuales recibirán desde junio una suma fija no remunerativa de 150 pesos. Y los que perciben más de 850 pesos, pero menos de mil, recibirán el incremento necesario para llevar sus ingresos hasta mil. De acuerdo con lo afirmado por fuentes de la cartera de Educación, por fuera de la medida, cuyo decreto de aplicación aún no está terminado, quedarían los 104 mil docentes rentados (sin mencionar a los 20 mil que trabajan ad honorem), así como los 36 mil no docentes de las universidades. “Estamos trabajando para incluirlos en una mejora salarial, teniendo en cuenta lo que ya recibieron por acuerdos en paritarias”, confió un funcionario en diálogo con Página/12.
Pese a que en el ministerio que encabeza Daniel Filmus aseguran que hay voluntad política de otorgar un aumento, no es sencillo resolver la cuestión. No sólo porque exigiría una cifra importante (se trata de unos 140 mil trabajadores y el aumento abarca a 105 mil empleados públicos), sino por lo complicada que es la escala salarial de los universitarios. Una enorme cantidad de docentes cobra menos de mil pesos, aunque no todos ellos trabajan 40 horas a la semana: muchos detentan dedicaciones parciales. De acuerdo con las cifras que maneja la Conadu, de los 104 mil docentes rentados, un 92 por ciento cobra menos de mil pesos al mes. “Si todos trabajáramos 40 horas semanales, el porcentaje de quienes cobran menos de mil sólo baja al 88 por ciento”, señaló Pedro Sanllorenti, secretario adjunto del sindicato. Otro problema para extender a la universidad el incremento reside en la resistencia gremial a recibir aumentos mediante sumas fijas, porque van contra su intención de “recuperar una estructura salarial razonable”.
Las protestas sumaron, asimismo, a los dirigentes no docentes. Jorge Anró, titular de la Asociación del Personal de la UBA, exigió la inclusión de los trabajadores no docentes entre los beneficiarios del aumento: “Somos los trabajadores peor pagos de toda la administración pública”, dijo, en la última sesión del Consejo Superior de la universidad. En el mismo ámbito, el decano de la Facultad de Agronomía, Fernando Vilella, denunció una “discriminación económica hacia el sector universitario”. Y la decana de Farmacia y Bioquímica, Regina de Wikinski, advirtió: “El personal docente está atravesando una situación económica sumamente difícil. Muchos se van al exterior... Se está produciendo una sangría de las personas que se han formado académicamente en la universidad, personas que nos van a faltar en las aulas y los laboratorios”.