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Con el recuerdo aún fresco de la audiencia pública del jueves último, que el Gobierno decidió clausurar abruptamente después de perder su control, se inicia una semana en la que en materia energética podrían escribirse un par de capítulos trascendentes. Hoy mismo el Enargas instrumentaría el aumento de precios del gas para industrias y grandes usuarios que acordó con las petroleras pero que no pudo debatir el jueves pasado, pese a que sigue viva la controversia sobre la legalidad y legitimidad de aquella audiencia pública, con varios pedidos de nulidad flotando en el ambiente. Pero inmediatamente después, mañana, el Gobierno espera retomar la iniciativa y poner el debate sobre la situación energética en otro plano, cuando lance su Plan de Mediano Plazo con el que aspira, al menos, a abrir la perspectiva de una salida a la actual crisis en un término no mayor de dos años. Para cerrar la brecha existente entre oferta y demanda energética, el Gobierno enunciará una serie de obras de infraestructura y la creación de una empresa pública para monitorear el manejo de los recursos del sector y hasta hacerse cargo de su operación, si fuese necesario.
Recién el jueves pasado, en Washington, el Gobierno aceptó calificar públicamente como “crisis” a la actual situación energética. Fue por boca del Presidente de la Nación, el mismo día en el que en Buenos Aires fracasaba el intento de debatir el acuerdo de “normalización” del precio del gas en boca de pozo, después de casi dos años y medio de congelamiento para las ventas con destino a usuarios bajo régimen regulado. Los aumentos para el gas en el punto de ingreso a los gasoductos buscaron conformar a los petroleros y lograr una reconciliación del Gobierno con este sector, tratando de asociarlos a una salida al conflicto que las propias autoridades empiezan a reconocer que no será fácil.
La opción elegida ya dejó heridas. No sólo por el trauma que le representa al Gobierno haber pasado por su primera audiencia pública con el saldo de fuertes tumultos y ningún debate. Además, porque la readecuación de precios definida mereció duras críticas de las organizaciones de consumidores y usuarios y del defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Quien más claramente expresó los flancos débiles del “Esquema de Normalización de los precios del gas” homologado por el Ministerio de Planificación fue este último, quien en un escrito presentado al Enargas este fin de semana señala:
La falta de inversiones en exploración no se origina en la pesificación y congelamiento de tarifas de enero de 2002, como aducen las empresas. Entre el invierno de 1994 e invierno de 2002, los precios promedio por cuenca productiva tuvieron aumentos del 7,7 (Austral) al 26,5 por ciento (Neuquina) y, sin embargo, la perforación de pozos de exploración pasó de 164 en 1995, a una media de 60 entre 1998 y 2000, y a 33 en el 2001, antes de la devaluación.
La mayor incidencia de las exportaciones de gas ya había hecho notar, desde hace por lo menos dos años, la necesidad de revisar la política en la materia y de suspender la “aprobación automática” de nuevas exportaciones, tal como lo solicitó la Defensoría del Pueblo en noviembre de 2003. “Si la crisis no se produjo un año antes, fue porque las condiciones climáticas permitieron una menor utilización del gas”, sostiene el documento de Mondino.
Una más adecuada administración de la producción actual de gas permitiría abastecer el consumo interno (residencial, comercial, industrial, GNC, destilería y petroquímica, etc.) en la actual temporada sin dificultades, asegura la Defensoría. Sin embargo, como el 46,5 por ciento de la producción es retenido por las propias petroleras para su exportación, reinyección en gasoductos, venteo o autoconsumo, al mercado interno sólo recibe el 54,5 por ciento de la producción. Las mismas obras de ampliación del sistema de transporte que ahora se plantean, junto con otras adicionales, ya habían sido propuestas en el año 1998 al momento de la primera revisión quinquenal de tarifas y obligaciones de la concesión. Pero fueron rechazadas. “La crisis de limitación de capacidad de transporte encuentra su origen en decisiones tomadas en oportunidad de aquella revisión tarifaria”, testimonia el informe de la Defensoría.
Además, se observa una serie de irregularidades en el esquema tarifario que el Enargas instrumentaría esta semana. Algunas de ellas son: 1) Se excluye del esquema a los usuarios de GLP (garrafas), unos 4,5 millones de usuarios que seguirían sometidos a un régimen de precios libres; 2) Se pasa a las estaciones de GNC al régimen de servicio interrumpible, lo cual significaría que se desconoce su condición de servicio público; 3) El sistema de premios y castigos implica que habrá usuarios que paguen “dos niveles de tarifa en una misma factura, situación que está afuera de cualquier marco legal”.
El informe de la Defensoría da por tierra con muchos de los argumentos esgrimidos hasta ahora para justificar la crisis, pero deja sobre la mesa los mismos conflictos a los que el Gobierno intentará hacerles frente con su Programa de Mediano Plazo que anunciará mañana. En materia de obras para incrementar la oferta energética a dos o tres años vista, se apuntarán la finalización de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, para llevarla a su capacidad de generación prevista originalmente; la ampliación del Gasoducto San Martín (Tierra del Fuego-Bahía Blanca) y la construcción de un nuevo tendido por la zona litoral (del Nordeste, propuesto por Techint). En su viaje a Estados Unidos, Néstor Kirchner obtuvo el compromiso del BID para participar en la financiación de alguna de estas obras. Además, existiría una media palabra de grupos constructores y energéticos privados para aportar capitales a la inversión. Estos serían los primeros recursos para conformar un Fondo Fiduciario que, a partir de aquí, actuaría como instrumento central para orientar las inversiones en el sector: el sentido de las obras sería decidido por el Gobierno, aunque luego su administración corresponda a concesionarios privados.
El esquema se completa con la creación de una empresa estatal con facultades para actuar en todo el campo energético. Su participación en el sector tendría carácter subsidiario a la actividad privada: tomando a su cargo toda tarea que el capital privado no tome bajo responsabilidad, pero a la vez haciendo un seguimiento del desempeño de las concesionarias. La intención es que la propia marcha de los acontecimientos vaya definiendo el rumbo de su actuación. Por de pronto, la capacidad de asociarse con megaempresas estatales de otros países –como la venezolana PDVSA– o de agrupar a empresas públicas provinciales aparecen como opciones en carpeta. El propósito oficial es inaugurar un nuevo rumbo en materia energética y borrar rápidamente la impresión que dejó la audiencia pública del jueves último y el acuerdo homologado con las petroleras, con amargo gusto a “más de lo mismo”.