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Luego de la queja de la Asociación Empresaria Argentina por los daños que produjo la protesta piquetera en el edificio de Repsol-YPF, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se sumó a la condena del hecho y dijo que evalúa la posibilidad de reclamar al Estado un resarcimiento para los comerciantes del microcentro, que ven perjudicadas sus ventas por las marchas de los desocupados.
El secretario de CAME, Francisco Mantilla, criticó el accionar de los manifestantes: “Tiempo atrás habían adoptado una forma de piquete pacífica y que aceptaba prácticamente toda la sociedad”. De todas formas, su postura estuvo lejos de la dureza manifestada por la AEA, ya que Mantilla evaluó que el reclamo de los desocupados “es justo”. “Hay que comprender –dijo– que existe un sector del país que está totalmente marginado.”
CAME hizo pública su posición un día después de que la Asociación Empresaria Argentina pidiera al Gobierno que “aplique la ley” contra las protestas que “atentan contra la recuperación de la economía”.
El conflicto volvió a generar repercusiones en la Casa Rosada. El ministro de Interior, Aníbal Fernández, aseguró que el presidente Néstor Kirchner “dio instrucciones al Ministerio de Justicia y Seguridad para que se aboquen a la investigación y detecten quiénes fueron los responsables”. También tuvo un fuerte cruce con Roberto Martino, dirigente de la organización que quemó neumáticos y rompió las rejas de protección de Repsol. El ministro definió a Martino como “un cínico”. “Conozco qué clase de tipo es, no le importa nada. Es decir, su objetivo no es un objetivo de reparación de la situación social de sus teóricos representados, su objetivo político sabe Dios cuál es”, agregó. Consultado sobre el petitorio que los piqueteros entregaron en la Casa Rosada, dijo que había sido recepcionado por un funcionario de menor rango y que él “no lo hubiese atendido”. “Al petitorio no le presté ni cinco de atención.”
En réplica, Martino recordó que en febrero de 2002, cuando Fernández era ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, “nos recibió después de una acción similar que hicimos en el Polo Petroquímico Dock Sud, así que si alguien tiene doble discurso, es él”, y opinó que el Gobierno debe “pedir cuentas a quienes se robaron el país”.
Por su parte, los jueces de la Cámara de Casación Penal, que fueron escrachados durante la jornada de lucha, informaron que el próximo jueves irán en persona al Consejo de la Magistratura para exponer en detalle lo ocurrido. Los camaristas se quejaron de haber pasado por “una situación de extrema inseguridad” debido a que los desocupados colmaron el estacionamiento de los tribunales de Comodoro Py. Y quieren que aumenten la custodia en el edificio.