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La novedad del fallo a favor de una adolescente que fue obligada a prostituirse a los 14 va en contra de una tendencia: criminalizar a los adolescentes permitiendo que a los 14 sean imputables.
Claro que cualquiera podría ponerse en abogado del diablo y lanzar argumentos que relacionen el caso de Paula con las leyes Blumberg. ¿El proyecto oficial no busca, acaso, un régimen especial para que los menores puedan defenderse?
El vínculo entre las dos cosas es solo aparente.
El Código Civil siempre coloca a los padres como representantes de sus hijos. Cuando hay un interés contrapuesto entre padres e hijos y el conflicto amenaza con destruir a la parte más débil, el representante termina siendo otro –un tercero, el Estado– y no uno de los padres. El fallo del que se informa en estas páginas entraña la novedad de que la querellante es la misma adolescente y el Estado, en lugar de representarla, la patrocina.
Lo que hizo el Estado, en este caso, es reconocer a Paula como sujeto, en lugar de apelar a la costumbre habitual de victimizar aún más a quienes ya son víctimas.
La solución no es teórica. Es concreta. En las leyes Blumberg, en cambio, lo único concreto es la baja de imputabilidad: pasa de 16 a 14. Es decir, Código Penal puro. El resto es, por ahora, una entelequia de futuro previsible en un país que se propone un régimen para menores digno de Islandia con los indicadores sociales de Costa de Marfil.
El viejo patronato es una aberración que solo profesionalizó delincuentes fugaces o aficionados y debía ser abolido. Los nuevos institutos podrán ser una maravilla. Pero, ¿son? ¿Es razonable pensar que en los próximos años el sistema carcelario o los institutos de menores se acercarán a los países nórdicos con este nivel de desigualdad en la Argentina? ¿Por qué no haber empezado por la reforma del sistema asistencial antes que por el endurecimiento del Código Penal para los chicos? Es verdad que ahora podrán defenderse. Pero también es cierto que hay una franja importante de la población más cerca de la pena que antes. Y el Estado no dispone, además, de ningún número que avale la idea de que la mayoría de los asesinos, hoy, tiene 15 años.
Si lo que busca el Estado es solo dar más garantías, no se entiende por qué no dejó la imputabilidad a los 16 mientras la práctica demuestra que los hechos, y no los proyectos, mejoran las condiciones de vida y reinserción social de los adolescentes.
El fallo en el caso de Paula revela que los códigos vigentes alcanzan. Solo es cuestión de ver en favor de quién se interpretan.