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Con el reclamo de que los planes de empleo se universalicen, los piqueteros del sector duro iniciaron dos jornadas nacionales de cortes, que cerrarán esta tarde con una marcha a la Gobernación bonaerense. Ayer, como parte de la protesta, pidieron una audiencia a los integrantes de la Corte Suprema. Los desocupados quieren que los jueces intervengan para garantizarles el acceso a los derechos elementales de que han sido despojados: a la alimentación, el trabajo, la salud, la vivienda. Eugenio Zaffaroni les concedió una cita para el miércoles próximo.
La entrevista fue solicitada por el Movimiento Teresa Rodríguez, la organización que hace dos semanas protagonizó la marcha al edificio de Repsol-YPF. Como se recordará, los manifestantes quemaron gomas contra las puertas de la multinacional y rompieron un enrejado, lo que provocó la reacción de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que pidió que el Gobierno “aplique la ley” contra los piqueteros. La AEA consideró que las movilizaciones “atentan contra la recuperación de la economía”.
En los Tribunales, los desocupados hablaron de la tensión de vivir “en un país que produce alimentos para 300 millones de personas, pero donde paradójicamente el 50 por ciento de su población está por debajo de la línea de pobreza”. Así lo señalaron en un escrito dirigido a los jueces, quienes en estos días estudian qué respuesta darán a Marina Schifrin. El caso es la primera condena por corte de ruta confirmada por la Cámara de Apelaciones, cuya resolución final sentará la suerte de los 3 mil encausados por hechos de protesta.
El argumento principal del escrito piquetero es que la Justicia “debe explicar por qué ciertas violaciones de derechos, como la violación de los derechos sociales, no son vistas como constitucionalmente agraviantes”. Roberto Martino (MTR) señaló que el escrito ingresó a la Corte por mesa de entradas y que en los próximos días presentarán un recurso de amparo con el mismo contenido, para que se inicie un expediente.
El plan de lucha reunió a las principales organizaciones del movimiento. El Bloque Piquetero, el Movimiento de Raúl Castells, la Corriente Clasista y Combativa, los MTD Aníbal Verón y el Teresa Vive (entre otros) se están movilizando con un paquete de reclamos común. Además de la universalidad de los planes, piden el no pago de la deuda externa, que no se criminalice la protesta y que el precio de la garrafa social baje a 10 pesos.
Aunque divididas por todo tipo de internas, las organizaciones piqueteras de izquierda –algunas vinculadas con partidos y otras independientes– están buscando reagruparse con el objetivo de volver a ser un factor de presión sobre el Gobierno. Su planteo es que tienen que mantener su presencia en la calle para dar pelea por el uso del superávit fiscal. “Queremos que (esos 8 mil millones) no se utilicen para pagarles al FMI ni a los bancos, sino para mejorar la situación de los sectores empobrecidos”, dijo Néstor Pitrola (Polo Obrero).
En la Capital Federal hubo concentraciones en la puerta del gobierno porteño y frente al Ministerio de Trabajo, donde tramitaron una entrevista con su titular, Carlos Tomada, para la semana que viene. Volvió a haber barricadas en las sedes de Repsol-YPF, incluida la planta cordobesa de Monte Cristo, una de las almacenadoras de petróleo más grandes del país. En el interior se hicieron, según los organizadores, piquetes en 13 provincias.
El operativo policial fue discreto. La Federal ayudó a cortar el tránsito y puso custodia en los edificios públicos. No se informó de más incidentes que la detención de cuatro militantes del Polo Obrero en la ciudad de La Plata, quienes ya recuperaron la libertad.
Hoy la actividad estará concentrada en la ciudad de La Plata. El grueso de las agrupaciones marchará a la Gobernación, donde los trabajadores estatales están en conflicto. Por su parte, la CCC cortará el Puente Pueyrredón y en La Matanza se movilizará a las oficinas de Edenor. Hay anunciada una tercera etapa del plan de lucha para el miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de junio.