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El duhaldismo comenzó una batalla: imponer el nombre del nuevo procurador bonaerense, el jefe de los fiscales de la provincia que en Buenos Aires tienen capacidad de impulsar los procesos penales y, por eso, pueden ser más importantes que los propios jueces. El cargo quedó acéfalo tras la muerte de Eduardo de la Cruz, el 2 de mayo. El puesto tiene aún más importancia en este momento, cuando el ministro de Seguridad, León Arslanian, intenta consolidar su proyecto de policía municipal y de una nueva fuerza para el conurbano.
El gobernador Felipe Solá, sin embargo, no quiso emprender aún la pelea. “Todavía no tenemos candidato”, dijo un colaborador suyo a este diario.
El procurador se elige con acuerdo del Senado, presidido por la vicegobernadora Graciela Giannettasio, representante del duhaldismo.
Pero nadie, en la política y en la Justicia, da la guerra por terminada. El nombre del nuevo procurador debe atravesar el examen público y además ser compatible con la reforma en seguridad emprendida por Arslanian, quien ayer mismo volvió a advertir que denunciará a cualquier intendente que frene el proceso de control popular de la policía. Si el duhaldismo pudiera mandar sobre el nuevo procurador o ponerle límites, la gestión de Arslanian quedaría trunca.
El sucesor de De la Cruz, fallecido hace un mes, podrá supervisar las investigaciones que inicien los representantes del ministerio público. No es un dato menor, porque en la provincia hay investigaciones por administración fraudulenta o malversación de fondos que afectan a intendentes y concejales. Por una acusación de ese tipo fue detenido el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Otro caso resonante es el de Ituzaingó, donde varios concejales nombraron a familiares como empleados del Concejo Deliberante.
Los duhaldistas están impulsando a un grupo de seis abogados penalistas, la mayoría de excelente relación con Eduardo Duhalde. Ellos son la diputada María del Carmen Falbo, el ministro de la Suprema Corte Eduardo De Lázzari, Héctor Granillo Fernández y el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Joaquín Da Rocha. En ese grupo también incluyen al juez de la Cámara Federal de La Plata Alberto Durán, y a un socio del estudio jurídico de Arslanian, Carlos Beraldi.
- Falbo fue subsecretaria de Justicia de la gobernación de Duhalde. Desde ese puesto le tocó lidiar con el motín del penal de Sierra Chica, en abril de 1996. Aquel episodio quedó en la historia porque los amotinados quemaron a otro recluso en el horno de la cárcel. En 1999 ingresó al Congreso. Como diputada, se opuso a los pedidos de incrementos de penas, sumatoria de condenas y otras demandas que planteaba Juan Carlos Blumberg. Aunque sus colegas le reconocen autoridad como penalista, esta vez no le hicieron caso y aprobaron casi todas las medidas de mano dura. Sobre sus relaciones políticas, cerca suyo dicen que la jurista tiene una “una excelente relación” con Duhalde. Esa relación podría ser, eventualmente, un límite.
- De Lázzari era secretario de seguridad cuando José Luis Cabezas fue asesinado en Pinamar. Había asumido para reestructurar la Bonaerense tras la remoción de Pedro “el Polaco” Klodczyk y el alejamiento del ex juez Alberto Piotti. Su gestión intentó iniciar una lenta depuración de la policía –dejó cesantes a trescientos oficiales y suboficiales–, pero terminó en forma abrupta a los seis meses de asumir. Un mes después del asesinato de Cabezas, Duhalde le pidió la renuncia. Como recompensa, le ofreció un puesto en la Suprema Corte bonaerense. Para tratar de atenuar el impacto de la remoción, en la provincia dijeron que De Lázzari se iba por problemas de salud aunque sólo tenía flebitis en la pierna izquierda.
- Granillo Fernández es un penalista muy conocido en La Plata que trabaja para Antonio Arcuri, vicepresidente del Senado bonaerense. Es decir, para la mano derecha de Duhalde. También es profesor en la facultadde Ciencias Jurídicas de la UNLP. En noviembre de 2003, presentó una denuncia por “discriminación ideológica” ante la justicia y el Inadi. En su escrito, acusaba a la Franja Morada de excluirlo del cargo de profesor titular de la cátedra Derecho Procesal I por pertenecer al PJ. Ese vínculo sigue intacto: en La Plata aseguran que Granillo Fernández fue el autor del proyecto que pretendía dar fueros a los intendentes para evitar que fueran detenidos por un fiscal en el caso de que fueran acusados por algún hecho de corrupción. Con malicia, en medios platenses recordaban que Granillo Fernández es primo de Raúl Granillo Ocampo, ex ministro de Justicia de Carlos Menem.
- Da Rocha ingresó al Consejo de la Magistratura en representación del Ejecutivo. Fue en febrero de 2003 y por decisión de Duhalde. Antes de llegar al Consejo de la Magistratura, fue subsecretario de Justicia bonaerense (hasta 1991), profesor de posgrado de la UBA y director del Instituto de Derecho Penal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Su actividad privada la concentra en el estudio jurídico Da Rocha, Gené y Munraba. Ese bufete fue elegido por el comisario Jorge “El Fino” Palacios para querellar a un periodista que había difundido en público unas escuchas telefónicas de origen judicial en las que Palacios hablaba con un vendedor de autos robados y un ex represor de la dictadura. A mediados de abril pasado, Kirchner ordenó que Palacios fuera desplazado de la Policía Federal.
- Durán es camarista federal de La Plata tras una larga trayectoria en la Justicia en la que cobró notoriedad por espectaculares operativos antidrogas. Fue juez de Lomas de Zamora, en mayo de 1990 fue nombrado juez federal de La Plata y finalmente llegó a camarista. Durante su actuación como juez federal, ordenó allanamientos sobre comisarías, halló cocaína en barcos mercantes y dijo que estaba a favor de la pena de muerte para los narcotraficantes. Su actuación generó denuncias: fue acusado de antisemita y le iniciaron cuatro juicios políticos que no prosperaron. Durán debe ser el único juez del país que recibió elogios de un embajador estadounidense. “Estados Unidos tiene en alta estima la enérgica posición que el juez Durán ha tomado en la lucha contra el narcotráfico”, decía Terence Todman en el ‘92 en un comunicado de la embajada.
- Hace un mes y medio, Beraldi sonó como eventual reemplazante de Arslanian si éste rechazaba el ministerio de Seguridad. Al final su socio aceptó el cargo por segunda vez. Ya lo había ocupado en 1998. Como dato saliente de su trayectoria, Beraldi se enorgullece por haber participado del juicio de extradición de José López Rega. En 1988 renunció como fiscal y se dedicó al ejercicio privado de la abogacía. Un año después fue nombrado profesor del Departamento de Derecho Penal y Criminalística de la UBA, que presidía Eugenio Zaffaroni y dirigía Da Rocha. En abril de 1998, tras asumir por primera vez como ministro, Arslanian le ofreció el puesto de secretario de seguridad. Pero esa vez la gestión de ambos concluyó por pedido de Carlos Ruckauf. En el máximo círculo de poder de la provincia aseguran que no es un candidato firme a la Procuración.
Sea quien fuere el nuevo procurador, su designación deberá pasar por equilibrios delicados. La palabra final será de Solá pero Duhalde hará saber su opinión. La clave política es que también estará atento el Gobierno, que tuvo problemas con De la Cruz cuando éste sugirió que desde oficinas militares y gubernamentales se habían hecho llamadas a familiares de secuestrados, una hipótesis que nunca se confirmó. Hay tres preguntas en juego. Una, si el Gobierno nacional, que apostó fuerte a Arslanian como clave de la estabilidad política, le retaceará una pata importante. Otra, si Duhalde dará rienda suelta a los duhaldistas. La tercera, si Solá elegirá la Procuración como un ámbito de pelea con Néstor Kirchner o llegará a un acuerdo que, como en el caso de Arslanian, Duhalde deba bendecir.