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Los estatales bonaerenses comenzaron ayer un paro por tres días y la situación en la provincia es cada vez más compleja: la reiteración de las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales alteró por completo el funcionamiento de la administración provincial y al retraso de tareas que provocaron las huelgas de los últimos días se suma ahora la paralización total de las actividades hasta mañana. El propio Felipe Solá recibirá hoy a los empleados públicos, en un intento por solucionar un conflicto que no considera ajeno a la disputa que mantiene con la Nación. “En la medida en que el gobierno nacional no cumpla con los compromisos que estaban previstos, las posibilidades de la provincia son muy limitadas en cuanto a poder imitar lo que hizo el gobierno nacional con los empleados públicos nacionales”, advirtió el ministro de Economía provincial, Gerardo Otero.
La primera de las tres jornadas de huelga que cumplen los empleados estatales bonaerenses tuvo alto acatamiento. La medida de fuerza fue convocada por los 21 gremios del sector público nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión de hacer el paro se tomó el viernes último. Aunque fue ese mismo día que Solá los convocó a dialogar, los sindicalistas ratificaron el paro.
La reunión entre Solá y los representantes de los estatales será hoy al mediodía. Solá recibirá a los gremialistas acompañado por Otero, por el ministro de Trabajo, Roberto Mouillerón, y por el secretario general de Gobierno, José González Fernández. Además de los sindicatos alineados con la CGT, participará del encuentro la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que llamó a un paro entre mañana y el próximo viernes.
Las chances de que Solá consiga al cabo de ese encuentro desactivar el conflicto no parecen ser demasiadas. Otero explicó que lo que expondrán a los sindicalistas es una propuesta acotada a las posibilidades de la provincia y supeditó la decisión de otorgar un aumento a los empleados públicos al pago de una deuda de 460 millones de pesos que la provincia asegura que la Nación le debe. Según trascendió, las autoridades bonaerenses propondrán una mejora en las asignaciones familiares.
“Será más de lo mismo”, vaticinó acerca del encuentro con Solá el secretario general de la seccional bonaerense de UPCN y advirtió a Página/12 que “si la reunión empieza por las asignaciones familiares, el diálogo tiene poca vida”. Aunque los estatales no establecieron en su reclamo una cifra concreta de recomposición salarial, el dirigente sindical hizo el siguiente cálculo: “Hay 380 mil estatales que están por debajo de la línea de pobreza porque cobran 340 pesos. Darles una mejora de 150 pesos como la que otorgó la Nación implicaría apenas el 10,8 por ciento de los 1736 millones de pesos que ingresaron de más a la provincia como resultado del aumento de la recaudación.” La otra condición que ponen los empleados públicos es que cualquier incremento que se les otorgue sea remunerativo, para que comprenda también a los jubilados.
Como consecuencia del paro, la administración bonaerense quedó nuevamente paralizada: los hospitales trabajaron con diagramas de emergencia, la actividad en las escuelas no fue normal por la ausencia de no docentes, y tampoco funcionaron dependencias públicas como la Dirección de Rentas ni el Registro de la Personas.