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“No quiero verme castrado por algún funcionario judicial que me diga: ‘ Venga a explicarme lo que habló’. Ningún argentino tiene que dar explicaciones sobre lo que dice.” De esa forma, el presidente Néstor Kirchner aprovechó anoche el ágape para saludar a la prensa por el Día del Periodista y lanzó una advertencia contra el fiscal Carlos Stornelli, quien presentó una denuncia judicial para investigar el supuesto complot contra el Gobierno. Por la mañana, el jefe de Gabinete Alberto Fernández había señalado que “se nota con mucha claridad que (el ex presidente Carlos) Menem está en una campaña de desprestigio del Gobierno”, aunque aclaró que se basa en “sus declaraciones” porque dijo no saber “si ha tomado otro tipo de acciones”.
La entrada del Presidente al salón Cristóbal Colón de la Casa Rosada frustró el entusiasmo del chalchalero Polo Román. Kirchner se mezcló entre los periodistas y fue imposible no hablar de la supuesta conspiración. Apenas se subió al estrado dijo entonces que “hay que terminar con la hipocresía”. “Ni yo ni ningún argentino –señaló– tiene que explicar lo que habló. Lo tenemos que hablar en el campo de la política como corresponde, esa es la plena práctica de la democracia. Hay que dejar de judicializar ciertas cosas para generar temores, para tratar de callar bocas, que hable todo el mundo, eso va a permitir que haya claridad, que haya rumbo. Por más que escriban los editoriales que quieran yo voy a seguir diciendo lo que pienso. Cada uno tiene que seguir diciendo y escribiendo lo que piensa.”
En los corrillos algunos funcionarios insistían en que “jamás habían hablado de complot o conspiración sino del intento de algunos sectores de inviabilizar a la Argentina, poniendo obstáculos a la propuesta con los bonistas, generando un clima de incertidumbre”. Llegaron inclusive a identificar al consultor Rosendo Fraga como el hombre que intentó que Merrill Lynch se bajara del comité de bancos que tiene que negociar con los acreedores privados de la deuda externa. El economista Daniel Artana, de Fiel, también volvió a ser señalado como uno de los que operó contra la oferta oficial en Nueva York.
Los nombres lanzados al ruedo fueron los mismos que la semana pasada, pero era evidente el esfuerzo de los funcionarios por buscar sinónimos que alejaran los términos de conspiración o complot. El problema es que desde el propio Gobierno se combinaron los ingredientes para que la deducción llevara a ese destino.
El jefe de Gabinete había acusado en declaraciones radiales a sectores que juegan a “sensibilizar de un modo adverso a la sociedad argentina y a la comunidad de negocios”, a quienes definió como “cercanos al menemismo” y recordó que “el que ha dicho que el Gobierno no termina su mandato es Carlos Menem. No hay que ser demasiado perspicaz. Se nota con mucha claridad que Menem está en una campaña de desprestigio del Gobierno. Lo digo por sus declaraciones, no sé si ha tomado otro tipo de acciones”. El senador Eduardo Menem salió al cruce y acusó al gobierno de Kirchner de “querer imponer la teoría del pensamiento único” porque “no admite discrepancias ni objeciones que se les hagan a sus políticas. Creen que criticar es desestabilizar”.
El rechazo a las opiniones del Gobierno también llegó desde los fiscales del fuero criminal federal. En una nota dirigida al procurador general interino, Luis González Warcalde, los fiscales criticaron la injerencia en la labor de Stornelli a partir de la denuncia que éste formuló por una supuesta conspiración para desestabilizar al gobierno nacional.
Como la causa quedó radicada ante el juez federal Juan José Galeano, a Stornelli le tocó intervenir como fiscal y entre las medidas de prueba que solicitó figura la citación a Kirchner para que declare como testigo.
Anoche el Presidente apuntó contra ese planteo fiscal y consideró que “por ese camino quieren que no hable más”. El mismo razonamiento utilizó Elisa Carrió cuando el ministro de Planificación Julio De Vido la denunciócivil y penalmente por calumnias e injurias. Y luego retiró la causa penal a pedido de Kirchner. Ese es el riesgo de judicializar la política.