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Por orden del juez federal Sergio Torres, la Justicia allanó ayer tres clínicas psiquiátricas que trabajan para el PAMI en el conurbano bonaerense. Se trata de Clínica Santa Mónica, Clínica Little Jowy y otro establecimiento privado que estaban registrados como sociedades anónimas: Trafel SA, Esfel SA y Terapia Norte SA. Los directores de esas clínicas están acusados de estafar al PAMI con la complicidad de ex funcionarios del organismo. La denuncia fue presentada por la interventora, Graciela Ocaña, en febrero, y recayó en el juzgado federal 12, donde se abrió una denuncia penal. El caso –que fue revelado en exclusiva por Página/12 hace quince días– involucra a un ex subgerente del PAMI cercano al influyente operador Enrique “Coti” Nosiglia.
Las tres clínicas allanadas están ubicadas en Pablo Podestá, Pacheco y Caseros y pertenecen a la octava delegación de la obra social, correspondiente a San Martín. Sus responsables son Ernesto Tapia –que a la vez es presidente de la Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas (Facap)– y su socio Aníbal de los Santos. El juez Torres ya citó a ambos para prestar declaración indagatoria. También citó al ex subgerente de Prestaciones Médicas del PAMI Mario Roberto Dalto, quien se incorporó al instituto el 15 de diciembre de 1999, cinco días después de que Fernando de la Rúa llegara a la Rosada.
En los allanamientos se secuestró documentación que será analizada por los investigadores. Las tres clínicas –que en el ambiente médico de San Martín vinculan a Nosiglia– fueron denunciadas por el gerente de la delegación 8º del PAMI, Julio César Urien, a mediados de febrero. En aquellos días, una inspección ordenada por Urien había detectado que dos de las clínicas no tenían la infraestructura para prestar el servicio de “internación aguda y crónica”. Pero ese servicio, precisamente, figuraba en el contrato firmado con la obra social. Según la denuncia del PAMI, las tres clínicas cobraban, en conjunto, 286 mil pesos por mes.
Cuando la auditoría interna hizo la denuncia –que implicaba un serio perjuicio para la obra social–, Urien aconsejó suspender el pago de los contratos de las tres sociedades. Esa decisión pasó entonces a la intervención del PAMI, a cargo de Graciela Ocaña, quien debía resolver la cuestión. Ocaña había designado a Urien en la delegación de San Martín pocos días después de ser designada por Néstor Kirchner. La idea de la ex dirigente del ARI era comenzar en una de las delegaciones más complejas de la obra social un plan piloto de descentralización y también investigar eventuales maniobras que perjudicaran a los jubilados.
Tras recibir la denuncia del PAMI San Martín, Ocaña decidió no pagar el contrato de Trafel, Esfel y Terapia Norte. La acusación contra Tapia era que dos clínicas habían cobrado por servicios que no podían prestar –no contaba con la infraestructura necesaria– , mientras que la restante absorbía a afiliados que debían ser atendidos en los otros dos psiquiátricos. Luego de que se decidiera no pagar, la delegación 8º del instituto empezó a recibir cientos de cartas documento de clínicas psiquiátricas de todo el país en apoyo a Tapia.
Pero hay otra figura que está siendo investigada por el juez Torres. Se trata de Dalto, quien supo cobrar un sueldo de 5000 pesos. En la causa se está investigando si fue él quien facilitó las irregularidades.