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Con la llegada de Elena Highton de Nolasco, la Corte Suprema empezó a calentar motores para analizar por primera vez la validez de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictada el año pasado por el Congreso, que permitió la reapertura de megacausas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Los supremos decidieron pedirle un dictamen sobre ese tema puntual al nuevo procurador general de la Nación, Esteban Righi, en la causa en la que se investiga la desaparición de militantes montoneros en 1980. Durante la reunión plenaria de ayer, la jueza, que asumió el lunes, habló lo mínimo indispensable, aunque pidió ser la próxima en la fila para analizar ese expediente.
Durante el primer acuerdo de la Corte en el que le tocó participar, Highton se movió con la cautela y la cordialidad que la caracterizan. “Los estoy mirando trabajar”, comentó mientras Sus Señorías firmaban resoluciones e intercambiaban opiniones. La nueva jueza escuchó largos consejos de Carlos Fayt, el más veterano de los ministros, que le recomendó tener algunas palabras preparadas para cuando se le abalance la prensa.
En la reunión volvió sobre el tapete el debate sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Esta vez apareció en relación con la causa sobre la desaparición de los montoneros que habían vuelto al país en 1980 dentro de la llamada “contraofensiva”. El tribunal tiene que resolver el recurso de queja de un grupo de represores procesados con prisión preventiva por los crímenes cometidos en su accionar en el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Al ratificar sus detenciones, el juez Claudio Bonadío se basó no sólo en la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, sino en la nulidad de esas normas dictada por el Congreso en agosto de 2003. El caso ya pasó por la Cámara de Casación Penal, que eludió fallar sobre el fondo alegando que el expediente tramita por el viejo Código de Procedimientos.
Los supremos revisaron ayer, varios de ellos con disgusto, un dictamen que dejó listo el procurador interino, Luis González Warcalde, uno días antes de que asumiera Righi. Le habían pedido opinión sobre la validez de la ley de nulidad, pero el texto –si bien rechazaba la queja– se refería a cuestiones ajenas a eso. Ayer el tribunal consensuó pedir opinión al nuevo procurador sobre el punto que quedó sin respuesta.
El año pasado la Corte dilató un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, al mandarle la causa madre sobre ese tema a Casación Penal. Después vino la nulidad parlamentaria y cuando Eugenio Zaffaroni se incorporó al tribunal planteó que en la constitucionalidad de esa ley debería centrarse la discusión prioritaria. A su postura se plegaron Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda. Todavía no se descarta, de todos modos, que fallen sobre ambos asuntos. Lo que sea, llevará tiempo.
De estas decisiones depende la posibilidad de que continúe el juzgamiento de todos y cada uno de los represores. Mientras tanto, Casación amenaza con comenzar a poner obstáculos en ese camino: la Sala IV dejó trascender que podría convalidar las leyes de impunidad y cuestionar la nulidad declarada por el Congreso en la investigación de los crímenes cometidos en la ESMA.
En la Corte, varios ministros ya venían analizando el tema, pero aún no circulan votos. El que pidió ayer el expediente sobre la contraofensiva, porque dijo que no lo conocía, fue Adolfo Vázquez, el único menemista que sobrevive entre los cortesanos. Elena Highton pidió ser la próxima en recibirlo. El tribunal, de todos modos, esperará para firmar una resolución a que se incorpore la otra futura ministra, Carmen Argibay, que espera recibir acuerdo del Senado la semana próxima.
Highton, por lo pronto, en su primer día de trabajo se dedicó a mantener reuniones con secretarios letrados que heredó del destituido EduardoMoliné O’Connor, y a ordenar pilas de expedientes que desbordan su nuevo despacho en el cuarto piso del Palacio de Justicia.