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China está en el limbo de las “economías en transición”, junto con buena parte de las ex soviéticas. Esto significa que, no siendo más comunista, tampoco es aún una economía de mercado. Muy pocos países le han reconocido ya este último carácter, y la Unión Europea acaba de negárselo. Pero, ante un pedido similar, el canciller Rafael Bielsa prometió a sus anfitriones chinos hacer todo lo posible por asignarles ese blasón, cuya concesión implicaría desamparar a la industria nacional ante la arrolladora competencia de la que es ya, si se hacen bien las cuentas, la segunda economía del mundo. La cuestión es peor aún: este gobierno, a través de su ministro del Interior, Aníbal Fernández, ya le otorgó implícitamente a los orientales la categoría de economía de mercado, sentando un peligroso precedente, que será difícil ahora borrar con el codo.
El asunto guarda relación con el dumping y la posibilidad de defenderse de él. Una empresa o rama que se sienta afectada por importaciones a valores artificialmente bajos puede iniciar una acción antidumping, para lo cual debe probar, como primer punto, que el exportador extranjero aplica precios más altos en el mercado interno de su país. Además, que el sector sufre un daño por esas importaciones, y que ese daño es causado por el dumping. Pero si el país del exportador no tiene una economía de mercado, se admite que la denuncia tome como precio de referencia el vigente en un mercado relativamente comparable, como sería en el caso chino el de India.
De allí precisamente extrajeron Monsanto y Atanor el “valor normal” en que fundaban su pretensión de que se sancionaran por dumping las importaciones de glifosato –un insumo fundamental para el cultivo de soja transgénica— desde China. Roberto Lavagna se excusó porque Ecolatina asistía a Monsanto. Fue por tanto Aníbal F. quien firmó la Resolución 28/MI/04. En sus considerandos se explica que la comparación de precios debe practicarse en el caso chino siguiendo “una metodología estricta o no estricta” (?), sin utilizar un tercer país. Tácitamente se admitió así que la china es una economía de mercado, lo cual parece indemostrable. Por poderoso que sea el lobby de la multinacional de semillas y herbicidas, en este affaire el “poder de convicción” de los ruralistas fue superior.
Cuando China ingresó a la Organización Mundial de Comercio firmó protocolos bilaterales con cada uno de sus miembros. Todos ellos le exigieron que la carga de la prueba de que sus precios son de mercado recayese en sus exportadores, cuando es usual lo contrario: que la prueba deba aportarla el denunciante. Y en caso de que el exportador chino no satisficiera esa exigencia, se tomarían los precios de un tercer mercado para cotejarlos con los de las ventas externas chinas. La única manera que tienen los chinos de deshacer ese compromiso es lograr que sus partenaires comerciales les concedan el marbete de economía de mercado.
Lamentablemente, muchos datos conspiran contra esa posibilidad. Uno, por ejemplo, es que los cuatro mayores bancos del Imperio, todos ellos estatales, reúnen una cartera en situación irregular, non performing, de medio billón de dólares, cuya contrapartida son industrias que no atienden sus deudas bancarias y no corren, por tanto, con los correspondientes costos financieros. Sin embargo, a medida que China fue adquiriendo un peso decisivo como importador creció en paralelo la credibilidad de sus amenazas de represalia.
Una vez más, diversos sectores de la endeble industria argentina temen servir de prenda de negociación para que China mantenga e incluso incremente sus compras de soja y otros productos del agro. Brasil recibió dos meses atrás el mismo “pedido” de Beijing, pero hasta ahora viene resistiéndose a ceder a la presión, pagando costos por ello.