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Los manifestantes marcharon desde la plaza de San Justo hasta la fiscalía penal de La Matanza, en Varela 2601, reclamando “justicia popular” para los policías a los que señalan como autores del homicidio de Diego Lucena, ocurrido hace diez días en Isidro Casanova. Aunque no hubo linchamientos, ni violencia extrema, las vallas de hierro que intentaron sellar la entrada al edificio fueron superadas por una multitud enardecida que al grito de “asesinos, asesinos” hizo recular a la infantería. Los policías se apiñaron, de rodillas, detrás de sus escudos antidisturbios, mientras llovían piedras e insultos. A un policía lo traicionó el pánico y se le escapó un disparo que hizo subir, todavía màs, la temperatura ambiente. La presión popular hizo posible el ingreso de una comisión familiar y de la prensa. Lo que siguió fue un virtual juicio oral contra el fiscal de la causa, Gustavo Banco, y el fiscal general de La Matanza, Alberto Cano, quienes descartaron la participación policial y aseguraron que el caso “está resuelto con la detención de tres jóvenes” señalados como los autores materiales (ver aparte). La familia rechaza la versión oficial e insiste en que “se está encubriendo a la policía”.
“Sos un caradura, ni siquiera fuiste al lugar del hecho, cómo podés decir que el caso está cerrado.” Roberto Lucena, el papá de Diego, tapó a los gritos el discurso del fiscal Banco, quien se había refugiado junto a la ventana del despacho de su superior Cano, a distancia prudencial del lugar que ocupaban los familiares. Banco optó por contar su versión a los periodistas, habida cuenta del rechazo de la familia. Ante ellos admitió que no había concurrido a la escena del crimen, a pocos metros de la bailanta Invasión Tropical, en Ruta 3 al 7700, en Isidro Casanova.
“Nosotros vamos a investigar todas las hipótesis hasta las últimas consecuencias y vamos a recibirlos cada vez que ustedes lo soliciten”, se comprometió el fiscal general, quien acordó para hoy, a las 11, una nueva reunión, esta vez a solas, para escuchar las dudas y los indicios que dicen tener los familiares de Lucena acerca de la posible participación policial. Lo único que confirmó Cano fue que hay dos policías, un suboficial mayor de apellido Lara y el cabo Daniel Rebollo, de la comisaría del barrio San Carlos, que fueron puestos en disponibilidad preventiva y bajo sumario “porque estaban borrachos, en el boliche bailable, al punto que uno de ellos hasta perdió su pistola reglamentaria”. Los agentes, que se movilizaban en un patrullero, estaban de guardia en la madrugada del domingo 20, cuando mataron a Diego.
Los familiares del chico asesinado centraron su acusación en lo dicho por uno de los testigos, Martín Adalberto Britez, alias “Topo”, quien sostuvo que vio cómo los patovicas de la bailanta sacaban a Diego por la fuerza. Después, ya en la calle, el chico de 22 años fue seguido “por dos patrulleros”, según Britez. El padre y los hermanos de Lucena aseguraron que existe al menos un testigo que dice haber visto cómo subían al chico a un móvil policial. El testimonio, de ser cierto, todavía no fue incorporado a la causa.
El fiscal Banco restó veracidad a lo dicho por Britez, al punto que ordenó su detención bajo el cargo de “falso testimonio” porque “entró en contradicción respecto de su versión sobre la persecución por parte de los patrulleros”. Lo único que está claro, hasta ahora, es que los policías borrachines ni movieron un pelo para intentar salvar a Diego de la paliza que le pegaron, según el fiscal, los tres jóvenes detenidos ayer. La medida fue tomada por Banco luego de escuchar, durante cinco horas, la declaración de un testigo de identidad reservada que acusó a los ahora imputados. “El testigo es amigo de los tres jóvenes detenidos y declaró porque dijo que no podía más con su conciencia y que tenía la necesidad de hablar”, explicó el fiscal a Página/12, en un despacho lleno de periodistas, familiares y legisladores, entre ellos el diputado Luis Zamora, del bloque de Autodeterminación y Libertad.
La virtual toma del edificio se produjo como hecho culminante de una marcha de la que participaron unas 500 personas, en su mayoría miembros del Movimiento de Trabajadores Combativos (MTC), ligado al Movimiento al Socialismo (MAS), al que pertenecía Diego Lucena y en el que militan también su padre y algunos de sus hermanos. Los ánimos se fueron caldeando a medida que avanzaba la columna, encabezada por Lidia y Roberto, padres de la víctima, el diputado Zamora y Luis Bordón, papá de Sebastián Bordón, el chico asesinado por la policía en Mendoza. Cuando los manifestantes llegaron al edificio de Varela 2601 se encontraron con un cerco de hierro que impedía el acceso a la fiscalía.
En menos de un minuto las vallas de hierro cayeron pesadamente y una treintena de policías de la Guardia de Infantería escapó hacia el interior del edificio. Los uniformados lograron cerrar una de las hojas del portón de hierro y el otro sector lo taparon con sus cuerpos. Se escuchó un disparo, al parecer una bala de goma que salió rumbo al techo. Detrás de los infantes de la policía se alinearon unos 12 agentes de la caballería, montados en lustrosos equinos que podrían haberse desbocado hasta provocar un desastre. Las cosas se fueron calmando y, una vez en la fiscalía, Cano, y sobre todo Banco, fueron objeto de las recriminaciones. “¡Callate! ¿Por qué no te vas?”, es lo mínimo que le dijeron al fiscal de la causa. Banco, después de bancarse todo, con transmisión en directo incluida, comentó con uno de sus colaboradores: “Voy a llamar a mi mamá, para que no se preocupe”.