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El juez federal chaqueño Carlos Skidelsky allanó un campo privado en donde podrían estar enterradas algunas víctimas de la masacre de Margarita Belén. El 13 de diciembre de 1976, 22 presos políticos fueron fusilados cerca de la Ruta 11, a 20 kilómetros al norte de Resistencia. Los cadáveres de siete de ellos fueron entregados a sus familiares pero los restantes siguen desaparecidos. A pedido de la madre de una de las personas asesinadas, la Justicia está intentando recuperar los cuerpos.
Skidelsky dispuso el lunes “custodiar” el lugar en el que los militares podrían haber enterrado algunos de los fusilados en Margarita Belén. La medida trascendió ayer pero el juzgado está tratando de manejar el tema con cautela. “Queremos avanzar despacio y con cuidado porque se genera mucha expectativa y después es muy costoso en lo humano, pero estamos intentando rastrear un posible enterramiento clandestino”, aseguró a Página/12 una persona cercana a la investigación. El campo allanado está ubicado al norte de Resistencia, por donde cruza el riacho Guaycurú y muy cerca del lugar en el que se produjo la masacre.
El 17 de junio del año pasado, el juez chaqueño ordenó el arresto de diez militares acusados de participar en la matanza. Entre ellos estaba el entonces agregado militar en Roma, Horacio Losito, y otros dos coroneles en actividad: Ricardo Reyes y Germán Riquelme. Pero ante un pedido de hábeas corpus de uno de los represores, todos fueron liberados un mes después por la Cámara Federal de Resistencia, medida que fue apelada por la fiscalía y los abogados de HIJOS y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La investigación sobre el destino de los cuerpos comenzó hace dos meses, cuando Amanda Mayor de Pierola, madre de uno de los presos políticos asesinados el 13 de diciembre de 1976, solicitó la exhumación de los restos de su hijo Fernando. Su abogado, Mario Bosch, reclamó que el Registro Civil “remita todas las partidas de defunción correspondientes a diciembre de 1976, cuya causa sea muerte violenta, herida de arma, hemorragia aguda por herida de arma de fuego, herida de bala o enfrentamiento con fuerzas de seguridad”. También pidió “hacer un relevamiento en los tribunales de Chaco para determinar la existencia de causas o documentaciones vinculadas con el hecho y relevar la documentación existente en el cementerio San Francisco Solano, pedir a la Municipalidad de Resistencia un plano del lugar y una lista de las personas que trabajaban allí en 1976”.
El campo que Skidelsky ordenó resguardar es uno de los lugares en donde puede haber restos de desaparecidos en el Chaco. Al sitio se llegó por testimonios de pobladores que estaban circunstancialmente en la zona y que hace unos meses se acercaron a familiares de las víctimas. Pero el juez también está investigando si hubo enterramientos clandestinos en el cementerio de San Francisco Solano, en Resistencia. Una ex vecina del lugar declaró en la causa que habría una fosa común “cerca de la cruz mayor del cementerio”. Allí podría haber personas fusiladas en Margarita Belén u otros desaparecidos de la provincia, pero la amplitud del predio señalado dificulta la búsqueda. De las 22 personas asesinadas el 13 de diciembre de 1976 en esa masacre, siete fueron entregadas a los familiares, aunque algunas fueron “precariamente” identificadas. Hay otras diez víctimas de las que se conocen los nombres pero continúan desaparecidas y otras cinco que no se sabe quiénes fueron.