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La universidad argentina necesita una profunda transformación. Hasta ahí, cada vez más sectores manifiestan su acuerdo. Este diario dio cuenta, en las últimas semanas, de la apertura de diversos espacios para debatir reformas, foros abiertos desde adentro del sistema universitario por rectores, docentes, alumnos, no docentes. Ahora se suma, desde afuera de la universidad, la manifestación de funcionarios y ex funcionarios, actores más o menos vinculados con el Estado y con el Gobierno. Claro que sus propuestas prometen generar controversia entre los universitarios, porque entre otras cosas apuntan a: achicar la autonomía de las universidades, establecer un plan a largo plazo que aquéllas deberían acatar, buscar fuentes alternativas al financiamiento estatal y crear un ente gubernamental “imparcial” para distribuir el presupuesto. El propio secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese, insistió en la necesidad de modificar el marco normativo de la educación superior. Cauto ante la divergencia de propuestas, advirtió que cualquier cambio deberá construirse “en función de los consensos entre los actores de la universidad”.
Los planteos se produjeron el miércoles a la noche, cuando la privada Universidad de Palermo presentó La agenda universitaria. Propuestas de políticas públicas para la Argentina, un libro compilado por Carlos Marquís y cuyo contenido surgió de una serie de debates realizados el año pasado. En el auditorio de la UP, los coautores fueron esbozando sus ideas. Con un perfil distinto a los demás, la investigadora del Conicet Ana García de Fanelli se limitó a cuestionar el enfoque habitual de la deserción estudiantil, porque “engloba fenómenos muy diversos”.
Enseguida, Pugliese abrió el juego a las propuestas. Primero describió un estado de situación de la universidad “donde se advierte una alta tasa de deserción, baja tasa de graduación, concentración de la matrícula en carreras profesionalistas y baja matrícula en ciencias básicas. La universidad está desvinculada de la producción y del resto del sistema educativo. Muestra una fuerte resistencia al cambio, con planes de estudios que no se han modificado pese a los enormes cambios sociales”. Propuso tres ejes de trabajo (articulación, calidad y pertinencia) y destacó que hace falta reformar la Ley de Educación Superior (LES), sancionada con polémica en 1995. “Es importante discutir la cuestión normativa. Hasta ahora sólo apuntamos a reformar los decretos reglamentarios de la ley –dijo–. Los acuerdos deberían plasmarse en una ley de compromiso para los cambios que debe hacer la universidad para aportarle al nuevo modelo de país.”
A cargo de Políticas Universitarias durante parte del menemismo, Eduardo Sánchez Martínez sostuvo que la universidad precisa más recursos, pero para obtenerlos debe legitimarse socialmente, cambiando sus condiciones estructurales, logrando “mayor equidad y eficiencia” así como “formas de gobierno más efectivas y transparentes”. Su propuesta: “Para lograr un financiamiento sostenido”, el aporte debe provenir del Estado y también de “otros sectores del Gobierno y la sociedad”. De la distribución de los fondos entre las universidades debería encargarse “una agencia descentralizada, imparcial, en condiciones de operar con independencia”.
El que siguió fue Adolfo Stubrin, vicepresidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) y ex diputado radical. “La única manera de resolver la falta de gobernabilidad de un sistema universitario autónomo es recurrir al Poder Legislativo. Falta un marco normativo que otorgue atribuciones para poder desarrollar una política con lineamientos de acción a futuro”, reclamó, sin advertir que la autonomía está garantizada por la Constitución. Para Stubrin, “la herramienta de acción de la ley debe ser un órgano de aplicación de fondos, en la órbita del Poder Ejecutivo, pero con independencia técnica”.
También Enrique Villanueva, justicialista y titular de la Coneau, abogó por un impulso externo, desde la sociedad y el Estado, al cambio en las instituciones. “En la universidad argentina hay problemas muy graves que rompen un montón de imaginarios. La idea de autonomía es desnaturalizada y reemplazada por intereses concretos; los planes de estudios están pensados desde la oferta, desde los docentes que tienen cargos; la cantidad de posgrados ofrecidos no se compadece con la cantidad de alumnos de posgrado; el nivel de deserción es escandaloso... La función que ha cumplido la universidad es la de dar trabajo a un conjunto de profesionales: la investigación, la formación, la relación con la sociedad están dejadas de lado, en un plano muy superficial... Si no se plantean condiciones políticas, de poder, para que las instituciones avancen, las mejoras van a ser muy lentas. Y esto no se condice con las necesidades del país.”