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Ella presentó la renuncia para evitar lo inevitable: la destitución. La decisión no causó sorpresa en su bloque, ya lo había conversado con varios de sus máximos dirigentes. Pero desde que la diputada duhaldista Norma Godoy entregó su dimisión en el Congreso el debate en los bloques estalló. En la que es todavía su bancada hay posiciones divididas. Algunos quieren rechazar su renuncia y expulsarla y otros quieren que todo termine y que se vaya. El problema está en que el principal socio del PJ, el radicalismo, decidió ayer no dar por aceptada la renuncia. Esto le complica el panorama a la diputada que ayer se mostró con rostro apesadumbrado por los pasillos de la Cámara baja.
Quince minutos antes de las nueve de la noche del lunes, Godoy presentó su renuncia. Era una carta corta, con pocos fundamentos y esquivando cualquier defensa. Prefirió, en todo caso, ampararse en considerar que los cargos que se le imputan “son irrelevantes”. Nada dice de las amenazas a periodistas del programa “Punto.Doc” ni de los oscuros manejos de los ATN que le endilgan haberlos destinado para fundaciones que ella dirige. Mucho menos hace referencia la nota de renuncia a su vinculación con una causa judicial donde se investiga el presunto robo de bebés.
Todo indica que la diputada intentó no levantar polvareda frente a una supuesta acordada retirada. Pero no contaba con que un sector del PJ quiera utilizar su caso como muestra de la autopurificación que el cuerpo está realizando luego de las revueltas populares del 19 y 20 de diciembre pasado. Si bien el caso Godoy servirá para este propósito, es poco probable que sea suficiente como para alcanzar esa purificación del cuerpo.
Los que están decididos a no aceptarle la renuncia son los radicales. La posición sorprendió a los justicialistas, quienes destacaron que nunca vieron a los diputados de la UCR “tomar una decisión tan rápida”. Esta posición, más aquellos del PJ que coinciden, hacen prever que la sesión de hoy incluirá un largo debate sobre la cuestión Godoy.
Si la idea de expulsarla prevalece, la legisladora se convertirá en la tercera integrante de la Cámara baja que deberá abandonar su banca desde el retorno de la democracia. Y como Godoy, los que sufrieron el mismo castigo eran también justicialistas.
Los dos antecedentes anteriores fueron el catamarqueño Angel Luque y el cordobés Eduardo Varela Cid. El primero, fue expulsado en 1991 luego de declarar que él hubiera hecho desaparecer el cadáver de María Soledad Morales en el caso de que su hijo Guillermo –hoy convicto por ese crimen- hubiera asesinado a la adolescente catamarqueña.
En el caso de Varela Cid no hubo cadáveres, pero sí coima. En 1995 fue virtualmente expulsado luego de que el propietario de una empresa de correo privado lo acusara durante una reunión de comisión de haberle pedido el pago de una coima para frenar la ley que impulsaba el entonces zar del correo, Alfredo Yabrán. Si bien Varela fue suspendido, el tiempo que le impusieron fue superior a lo que le restaba para cumplir con su mandato.