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“Resulta confuso el escrito presentado por Fernando de la Rúa en relación al grado de información que tenía sobre los acontecimientos, puesto que si bien hace referencia a noticias televisivas sobre muertos y heridos por otro lado señala que no había confirmación oficial sobre ello.” Los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers fundamentaron de esta manera su pedido a la jueza María Servini de Cubría para que vuelva a indagar al ex presidente por la masacre de Plaza de Mayo. Tal como anticipó Página/12 el sábado, quieren interrogarlo sobre los cinco asesinatos, el presunto complot del que dice haber sido víctima y “todos los hechos investigados” que, según ellos, “exceden largamente la escueta y difusa imputación” que le hizo la magistrada. Al tiempo que se quejaron por la “sorpresiva e improvisada” declaración convocada por Servini, reiteraron su solicitud para que sea indagado el ex ministro del Interior Ramón Mestre, a partir de los propios dichos de De la Rúa.
Comparatore y Evers insistieron en que lo referente a los temas de seguridad es competencia del Ministerio del Interior y de esa cartera depende la Policía Federal, cuyo ex jefe Rubén Santos está procesado y en prisión por esta causa. Por lo tanto, entienden que se impone la necesidad de llamar a Mestre a indagatoria. Los fiscales consideran que el ex funcionario es “sospechoso de haber tenido algún tipo de responsabilidad penal” en los sucesos del 20 de diciembre, cuando la moribunda administración aliancista ordenó reprimir la manifestación popular y produjo la muerte de cinco personas, además de centenares de heridos y detenidos. Al momento de reiterar la solicitud de indagatoria, citaron elementos aportados por el ex presidente en el escrito que presentó la semana pasada al ser interrogado por la jueza. De la Rúa señaló que Mestre no sólo intervino en la “actuación gubernamental” que derivó en el estado de sitio, sino que además la implementación de la medida estuvo a su cargo. El ex presidente agregó que el 20 de diciembre su ministro político llegó a las diez de la mañana a la Casa Rosada para informarle los “sucesos de la víspera”, pero aclaró que no lo puso al tanto de “hechos graves ni pronósticos preocupantes”. E indicó que estuvo con Mestre a la mañana, cerca del mediodía y que por la tarde habló varias veces con él por teléfono. Algo debe saber sobre lo ocurrido durante aquellas horas.
“La sorpresiva e improvisada declaración indagatoria que V.S. le recibiera al imputado Fernando de la Rúa ha impedido a este Ministerio Público Fiscal aclarar los numerosos puntos oscuros que reviste la actuación del nombrado”, reza el escrito de los fiscales. Servini lo acusó como sospechoso de 29 de las 200 detenciones presuntamente ilegales que realizó la policía amparándose en el decreto de estado de sitio. Pero los fiscales indicaron que el propio ex mandatario mencionó un número mayor de detenidos. La acusación, recordaron, se basa en la denuncia penal efectuada por el juez de turno ese día, Roberto Grispo, que tuvo impulso del fiscal Luis Bunge Campos. Por eso consideran que la imputación contra De la Rúa debe ser ampliada a “más de cien personas que solamente en Capital estuvieron detenidas sin que el Poder Ejecutivo Nacional haya dado razones valederas para ello”. Evers y Comparatore también quieren más precisiones sobre los “grupos organizados” que querían tomar las sedes gubernamentales porque entiende que ese fue el argumento para ordenar la represión.