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El camionero Hugo Moyano tiene razones para preocuparse: tres presuntos custodios suyos podrían ser juzgados por “tentativa de homicidio” por haber disparado un arma de fuego de uso prohibido cuando impidieron por la fuerza un escrache de los vecinos de Parque Lezama al sindicalista. Ese es el delito que les imputa la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro contra la opinión del juez Raúl Irigoyen, quien considera que los acusados sólo incurrieron en “abuso de armas, lesiones y daños”. La controversia debe resolverla ahora la Cámara del Crimen.
Cuñarro fundó su pedido en que los supuestos guardaespaldas del líder de la CGT que supo ser rebelde usaron en aquella oportunidad un elemento similar a un bolígrafo que disparaba balas calibre 22, un tipo de arma de “lanzamiento disimulado” prohibida a partir de un decreto de 1975. La tipificación del delito que solicita la fiscal tiene razón de ser: según su criterio, esa arma fue disparada con intención de matar. Otro elemento incorporado a la causa es el hallazgo de la munición correspondiente al arma en los bolsillos de uno de los imputados.
Los hombres identificados como vigiladores de Moyano que están acusados en la causa son Víctor Castrellón, Alfredo Oviedo y Maximiliano Castro, a quienes se les atribuye haberle disparado al jefe de la comisaría 26ª, el comisario Federico Almeder. El policía logró esquivar el proyectil, pero igualmente sufrió lesiones cuando intentó separar a los manifestantes de los seguidores del gremialista y –como otros colegas suyos– terminó internado en el Churruca.
El escrache a Moyano fue convocado por la asamblea barrial de Parque Lezama el 23 de enero pasado, pero cuando los vecinos se disponían a realizarlo “un grupo de tipos grandotes, morochos y de anteojos oscuros empezaron a aparecer”, según relató entonces a Página/12 Susana, una mujer que participó de la protesta. El grupo agredió a una señora mayor, amenazó a un fotógrafo –”Si sacás una foto te mato”– y rompió la cámara de un movilero de Crónica. La policía logró detener en ese momento a dos hombres y aseguró que “eran camioneros”.
La causa está en manos de Irigoyen, cuya percepción de los hechos resulta más beneficiosa para los imputados en el expediente. De hecho, recuperaron su libertad horas después de los incidentes, incluso Oviedo, a quien se señala como el autor material de los disparos.
Atento a que la calificación legal de Irigoyen discrepa con la que pretende la fiscal Cuñarro, le corresponde ahora a la Cámara del Crimen dirimir la cuestión.