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La sesión de Diputados no fue precisamente un lecho de rosas para el gobierno de Eduardo Duhalde. Si bien se aprobaron dos leyes que tienen el visto bueno del Ejecutivo –bienes personales e impuestos a las Ganancias a los jueces–, al cierre de esta edición se producían dos hechos que complican la posición del Gobierno frente a las negociaciones con el FMI: peligraba la ratificación parlamentaria del Pacto Fiscal y los diputados se aprestaban a aprobar –al igual que hicieron los senadores tres semanas atrás– una recomendación para que la Argentina se abstenga de votar una condena a Cuba ante Naciones Unidas tal como lo impulsan los Estados Unidos.
Antes de llegar al recinto luego de un mes de abstinencia, los diputados –sobre todo los del PJ– debieron sufrir. Fueron algo más de tres largas horas de debate en la reunión de labor parlamentaria para alcanzar una orden del día consensuada. El problema no estuvo precisamente en la oposición sino en el propio bloque oficialista que “bailó” de acuerdo a las órdenes y contraórdenes que bajaban de Gobierno.
El primer punto que generó polémica fue el proyecto que recomienda al Ejecutivo que se abstenga de votar una condena a Cuba en Naciones Unidas. Dado que entre la mayoría de los bloques consideraban que hay número suficientes de diputados para aprobar el proyecto, plantearon que se lo haga sin necesidad de recurrir a los extensos discursos. Es más, hasta se propuso que fuera el primer tema de la sesión, pero no contaron con aquellos bloques que votan en contra. Fue así que Guillermo Alchouron del devaluado bloque de Acción por la República, puso el grito en el cielo y se opuso porque su partido no podría dejar sentada su oposición al proyecto. Y ahí terminó el consenso. Tras largas diatribas sobre la inconveniencia de “prohibir” que los diputados se expresen, transcurrieron varios minutos antes de pasar al próximo ítem.
Si este tema donde había consenso se demoró tanto, cuando el PJ propuso retirar de la discusión de la sesión un proyecto referido al control del Congreso sobre la negociación con las empresas privatizadas, salió a la luz las diferencias internas en el bloque justicialista ya que esta iniciativa proviene de un hombre de la bancada, el cordobés Oscar González. La polémica se desató cuando esta determinación alcanzó a un proyecto similar, pero más estricto, de Fernando Melillo del Frente Grande. Los legisladores se quejaron con firmeza e incluso hicieron buscar la versión taquigráfica de la sesión anterior para demostrar que había otros proyectos sobre el tema que tenían preferencia. El texto les dio la razón pero no les alcanzó el número para imponerlo.
Pero si esto fue complicado, peor fue la intención del oficialismo de ratificar el Pacto Fiscal sin que tuviera tratamiento en las comisiones, todo se complicó aun más. La principal queja provino desde la oposición (no radical ni frepasista). Alicia Castro, del Frente para el Cambio, criticó con dureza la actitud del oficialismo al destacar que este tema ni siquiera había llegado a los bloques. La respuesta a la crítica de Castro provino de la duhaldista Graciela Caamaño quien, a viva voz, acusó a la oposición de impedir las normas que necesita Duhalde.
–Mi gobierno (sic) necesita el Pacto Fiscal, necesita que se apruebe el impuesto a las Ganancias a los jueces. Necesita gobernar –dijo y su grito traspasó las puertas.
Castro la escuchó sin inmutarse, volvió a pedir la palabra y le retrucó: “Señora diputada, nosotros necesitamos legislar con seriedad”. Caamaño sólo le clavó la mirada. No insistió porque era consciente de que su bloque cuenta con el guiño del radicalismo. Cuando se aprobó su incorporación, el presidente de la Cámara, Eduardo Camaño levantó su lapicera y tildó el Pacto Fiscal en la orden del día que tenía en su mesa. Creía que había alcanzado un logro.
Pero lo que no contaba Camaño era que en ese mismo momento, a unas veinte cuadras del Congreso, los gobernadores del PJ acordaban reelaborar el complicado Pacto Fiscal, fruto de los incumplimientos del gobierno nacional con las provincias. Nadie sabe si Camaño estuvo al tanto de esas discusiones y no dudó en continuar con ese tema en su plan de labor parlamentaria.
Poco después de las diez de la noche, cuando en la retrasada sesión los diputados habían dado media sanción a la ley que aplica el impuesto a las Ganancias a los integrantes del Poder Judicial y modificaban la ley del impuesto sobre bienes gananciales, varios legisladores justicialistas comenzaron a recibir llamados telefónicos de sus gobernadores. Del otro lado de la línea la orden era una sola: “No traten Pacto Fiscal porque hay que rediscutirlo con el Gobierno. El que firmamos con Duhalde ya es historia antigua”. Casi al mismo tiempo, hombres del duhaldismo –por orden de Camaño– se lanzaron a evitar que prospere el acatamiento a los pedidos provinciales. Estos decían que el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, estaba negociando con los gobernadores.