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El siempre demorado proyecto de traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires parece cada vez más cerca de concretarse. “Hay sintonía y buena predisposición del gobierno nacional”, sostuvo ayer el jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández, y agregó que un grupo de diputados nacionales por la Capital, integrado por representantes de todos los partidos, comenzará esta semana una ofensiva para acelerar la iniciativa. Liderados por Silvana Giúdice, que ingresó por la lista de Aníbal Ibarra, y por el justicialista Cristian Ritondo, ya empezaron a contactarse con legisladores de otros distritos para elaborar un proyecto de modificación de la Ley Cafiero, que –luego de la autonomía consagrada en la reforma constitucional de 1994– impuso restricciones a la ciudad para que cuente con policía y Justicia propia.
El presidente del bloque justicialista, José María Díaz Bancalari, les adelantó la voluntad del peronismo de avanzar en el proyecto. Sin embargo, las cosas no parecen tan sencillas: el miércoles pasado, algunos diputados –entre los que se encontraban el radical Fernando Montoya y los bonaerenses Jorge Villaverde, Jorge Casanovas y Oscar Rodríguez– manifestaron su resistencia al proyecto en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior.
La resistencia se vincula a razones presupuestarias. El diputado peronista Angel Baltuzzi, que se opone al traspaso, manifestó que “si tanto Córdoba como Santa Fe, con un presupuesto de 3200 millones, pueden atender los servicios de justicia y seguridad, más aún lo puede hacer la ciudad, con un presupuesto de 4500 millones”.
Más allá de las discusiones en el Congreso, ayer Fernández se mostró optimista. “Por primera vez los diputados nacionales elegidos por el distrito presentan un proyecto único firmado por todos”, se entusiasmó el jefe de Gabinete porteño, el operador designado por Aníbal Ibarra para apurar la derogación del artículo 7 de la Ley Cafiero.
Como argumento, Fernández consideró “absurdo” que la policía de tránsito o el manejo de la fuerza pública que debe aplicar las sanciones del Código Contravencional se encuentren en manos del Ejecutivo nacional. “Es evidente que eso no tiene ningún sentido”, explicó el funcionario.
De todos modos, Fernández aseguró que lo “razonable” es que el traspaso se produzca y que el gobierno nacional conserve ciertos resortes en el manejo de la policía de manera de poder tomar decisiones sobre hechos que puedan involucrar a la Casa Rosada. “El gobierno nacional debe tener necesariamente una parte de la Policía Federal para tomar decisiones en salvaguarda de las instituciones nacionales que están en la ciudad”, explicó Fernández.
No es la primera vez que se habla del tema. Ibarra dialogó sobre el asunto con el presidente Néstor Kirchner en más de una oportunidad. Un mes atrás, el propio Fernández avanzó en conversaciones con el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Sin embargo, parece que ahora las cosas son distintas, y ayer Fernández se entusiasmó con la posibilidad de que el borrador de los convenios esté redactado “antes de fin de año”.